El periodista Héctor de Mauleón publicó el pasado 13 de julio de 2026 una serie de grabaciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, donde se escucha lo que, en mi opinión como profesor de derecho de la seguridad nacional, es la comisión de al menos dos delitos tipificados en el apartado de ‘delitos contra la seguridad de la nación’ del Código Penal Federal: el delito de traición a la patria y el delito de espionaje en grado de tentativa.
La mañana del 14 de julio, Omar Hamid García Harfuch, jefe de toda la inteligencia y contrainteligencia civil mexicana, afirmó algo que jamás pensé escuchar de ningún funcionario del sistema de seguridad nacional o del sistema nacional de seguridad pública: que dichas grabaciones no ameritan siquiera la apertura de una carpeta de investigación, y que en todo caso, aunque se hubiese divulgado información de las mesas de seguridad, sería información carente de valor.
Después de haber colaborado en diferentes capacidades con el otrora CISEN, puedo decir que en muchos casos el Centro cometió el error de catalogar a muchas entidades y personas como amenazas a la seguridad nacional sin que actuarialmente cumplieran los criterios para considerarlos entes de riesgo, denotando que su monitoreo respondía exclusivamente a consideraciones políticas. Es el caso de Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, los colectivos de madres buscadoras, el Centro PRODH, etc. Podríamos decir, desde una lectura ‘generosa’ y ‘bienintencionada’ de la inteligencia mexicana, que pecaron por exceso al espiar a dichas personalidades.
Si en dichos ejemplos el CNI pecó por exceso, con Marina del Pilar peca por defecto. No creo haber visto desde los señalamientos contra López Portillo, Díaz Ordaz, López Mateos y Luis Echeverría de ser informantes de la CIA, un caso tan claro, urgente y notorio de riesgo de contrainteligencia (de fuga de información) como el de Marina del Pilar. Toda la inteligencia civil y militar del estado mexicano debería estar volcada al monitoreo y judicialización de su presunta colaboración con servicios de inteligencia extranjeros por default, porque ese es el mandato del derecho penal y del derecho de la seguridad nacional mexicano, se trate de quien se trate, sea la colaboración beneficiosa o perjudicial para México en el largo plazo. Si ocurre fuera de los canales oficiales del Estado, es un delito, no hay más.
Al prestarse a la minimización de la gravedad de este caso, Harfuch no sólo inutiliza a quienes podrían y deberían empezar a investigar el asunto bajo sus atribuciones de investigación no penales que les autoriza la ley de seguridad nacional (el CNI), sino que se convierte en cómplice y tapadera de una figura que, a los ojos de las autoridades estadounidenses, es una narcoterrorista.
No hablo en nombre de todos los mexicanos, tan solo bajo mi propia bandera. En mi opinión, como trabajador y profesionista de la seguridad nacional, el senador con licencia por la CDMX y Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha perdido toda la buena fe que le tenía tras el atentado que sufrió contra su vida el 26 de junio de 2020, y me hace reexaminar las razones por las cuales reprobó sus exámenes de control y confianza en 2012. Durante el atentado que casi le arranca la vida, perdieron la vida dos de sus escoltas, Édgar y Rafael. Se lo pregunto directamente, señor secretario, ¿dejaron su vida en la línea del deber para esto, para que usted pudiera ser el cómplice y encubridor de una camada de narcogobernadores? Sea valiente, lo juzgan 130 millones de mexicanos, la historia y el propio tribunal de su consciencia.
Director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES)