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La defensa legal de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalada por el supuesto lavado de 3.4 millones de dólares en el caso Agronitrogenados, llamó a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos a que instruya el cese de cualquier acto de intimidación.
Así como, discriminación o presión indebida en perjuicio de su representada, defensores y cualquier autoridad judicial que intervenga en el asunto.
Esto luego que el 3 de julio, durante la audiencia inicial en el Reclusorio Norte, una juez federal concedió la libertad provisional a Gilda Susana, al señalar que la FGR no acreditó el riesgo de fuga.
En esa ocasión, la juzgadora solicitó a la FGR iniciar una carpeta de investigación por la filtración a medios de comunicación de fotografías y un video de la detención de la hermana de Emilio Lozoya Austin.
Debido a la inconformidad del abogado Alejandro Rojas Pruneda, quien expresó que en las imágenes se observa a su clienta esposada y resguardada por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
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En un comunicado el abogado recordó que, durante el debate de la medida cautelar, la Fiscalía solicitó que su representada estuviera en prisión preventiva y se realizaron comentarios discriminatorios en agravio de ella.

Al resaltar, entre otros argumentos, que el hecho de ser una mujer divorciada y no tener hijos, ameritaba que tuviera su procedimiento en prisión.
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El litigante indicó que estas manifestaciones constituyen expresiones estereotipadas incompatibles con el principio Constitucional de igualdad y con la obligación de juzgar con perspectiva de género.
En el comunicado abundó que, personas que dijeron ser de la FGR, se apersonaron a la privada en donde habita su defendida para tratar de ingresar sin orden escrita, ni mucho menos orden de cateo.
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A pesar de que es labor de la Unidad de Medidas Cautelares el supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas.
“Se ha visto a Agentes de la Agencia de Investigación Criminal merodeando el domicilio de mi representada, lo cual constituye un claro acto de intimidación y amedrentamiento.
“Los hechos descritos evidencian un patrón de actuaciones incompatibles con el Estado Constitucional de Derecho y con los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, perspectiva de género y respeto irrestricto a los derechos humanos que debería regir en la actuación de la Fiscalía General de la República conforme al artículo 21 Constitucional”, precisó el abogado.
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Destacó que el sábado, fueron interrumpidos los trabajos de preparación de la defensa, ya que fueron citados con dos horas de anticipación, para que, a solicitud del Ministerio Público, pudieran acudir a las oficinas de la Guardia Nacional que se encuentran en Ecatepec, Estado de México, a fin de que le hicieran una evaluación de riesgo que resultaba innecesaria en esta etapa procesal.
“Este acto es una violación a la defensa ya que se cuentan con 144 horas para preparar la misma y presentarla ante el Juez”, subrayó Rojas Pruneda.
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aov/bmc
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