La defensa legal de , hermana de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalada por el supuesto lavado de 3.4 millones de dólares en el caso Agronitrogenados, llamó a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a que instruya el cese de cualquier acto de intimidación.

Así como, discriminación o presión indebida en perjuicio de su representada, defensores y cualquier autoridad judicial que intervenga en el asunto.

Esto luego que el 3 de julio, durante la audiencia inicial en el Reclusorio Norte, una juez federal concedió la libertad provisional a Gilda Susana, al señalar que la FGR no acreditó el riesgo de fuga.

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En esa ocasión, la juzgadora solicitó a la FGR iniciar una carpeta de investigación por la filtración a medios de comunicación de fotografías y un video de la detención de la hermana de .

Debido a la inconformidad del abogado Alejandro Rojas Pruneda, quien expresó que en las imágenes se observa a su clienta esposada y resguardada por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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En un comunicado el abogado recordó que, durante el debate de la medida cautelar, la Fiscalía solicitó que su representada estuviera en prisión preventiva y se realizaron comentarios discriminatorios en agravio de ella.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Gilda Susana Lozoya Austin. Foto: Manuel Espino / EL UNIVERSAL
Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Gilda Susana Lozoya Austin. Foto: Manuel Espino / EL UNIVERSAL

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Al resaltar, entre otros argumentos, que el hecho de ser una mujer divorciada y no tener hijos, ameritaba que tuviera su procedimiento en prisión.

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El litigante indicó que estas manifestaciones constituyen expresiones estereotipadas incompatibles con el principio Constitucional de igualdad y con la obligación de juzgar con perspectiva de género.

En el comunicado abundó que, personas que dijeron ser de la FGR, se apersonaron a la privada en donde habita su defendida para tratar de ingresar sin orden escrita, ni mucho menos orden de cateo.

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A pesar de que es labor de la Unidad de Medidas Cautelares el supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas.

“Se ha visto a Agentes de la Agencia de Investigación Criminal merodeando el domicilio de mi representada, lo cual constituye un claro acto de intimidación y amedrentamiento.

“Los hechos descritos evidencian un patrón de actuaciones incompatibles con el Estado Constitucional de Derecho y con los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, perspectiva de género y respeto irrestricto a los derechos humanos que debería regir en la actuación de la Fiscalía General de la República conforme al artículo 21 Constitucional”, precisó el abogado.

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Destacó que el sábado, fueron interrumpidos los trabajos de preparación de la defensa, ya que fueron citados con dos horas de anticipación, para que, a solicitud del Ministerio Público, pudieran acudir a las oficinas de la Guardia Nacional que se encuentran en Ecatepec, Estado de México, a fin de que le hicieran una evaluación de riesgo que resultaba innecesaria en esta etapa procesal.

“Este acto es una violación a la defensa ya que se cuentan con 144 horas para preparar la misma y presentarla ante el Juez”, subrayó Rojas Pruneda.

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aov/bmc

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