Dan prisión preventiva a Ernesto Ruffo y siete personas más por delitos de huachicol; permanecerá recluido en el Altiplano
La FGR señaló que los imputados enfrentan acusaciones por delincuencia organizada y contrabando
Un juez dictó prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo, Guillermo de la Peña Rosales.
También a Juan Hermilo Chavez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juarez y Adriana Magali Barcenas Guillen por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras diversos recesos durante la audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF) logró obtener, para los imputados Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el CEFERESO 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
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En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N”, quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
La FGR señaló que estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad como resultado del trabajo de una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.
Esto representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
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