CNDH, casi 3 años sin supervisión ni control ciudadano; expertos ven mayor concentración de poder para Rosario Piedra

A casi tres años de la renuncia colectiva de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo opera sin el órgano de participación ciudadana y contrapeso interno que, de acuerdo con los artículos 5 y 17 de la Ley de la CNDH, debe formar parte de su estructura institucional, mientras el Senado de la República mantiene pendiente la emisión de la convocatoria para designar a los 10 consejeros que deben integrarlo.

Durante ese periodo, la comisión, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, ha emitido recomendaciones, aprobado disposiciones internas, ejercido presupuesto y realizado modificaciones a su estructura administrativa sin supervisión ciudadana por la falta de participación del órgano de consulta que la propia ley contempla como mecanismo de acompañamiento y supervisión institucional.

“La ausencia del Consejo Consultivo tendría evidentemente consecuencias adversas para la propia autonomía del organismo”, afirma Adalberto Méndez, exintegrante del órgano colegiado, quien considera que uno de los ejemplos más recientes de esta situación es la recomendación emitida por la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

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La presidencia de Rosario Piedra ha sido cuestionada por su cercanía al gobierno. Foto: Gabriel Pano

“Una de las facultades que le da la ley al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional es que estas recomendaciones pasaban por opinión del consejo. Entonces, cuando tienes un organismo sin este consejo, pasa este tipo de recomendaciones. Recomendaciones completamente sesgadas, orientadas a proteger a las autoridades públicas y no a la ciudadanía”.

Añade que una de las respuestas que podría ofrecer la CNDH es que el consejo únicamente emite opiniones y que éstas no son vinculantes para la presidencia del organismo. Sin embargo, sostiene que incluso con esa interpretación existe incumplimiento legal.

Los seis consejeros que permanecían en funciones presentaron su renuncia el 23 de octubre de 2023 mediante una carta dirigida al Senado. En ella señalan que sus opiniones dejan de ser tomadas en cuenta y no existen condiciones para desempeñar sus responsabilidades. Desde entonces, el Senado no concluye el procedimiento para renovar el órgano consultivo.

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Méndez sostiene que la responsabilidad no recae únicamente en la presidencia de la comisión.

“El Senado de la República es igualmente responsable. El nombramiento de las y los consejeros es una facultad exclusiva del Senado. Es el único que tiene la facultad de emitir la convocatoria y desarrollar el proceso de selección de consejeros y consejeras dentro de este organismo.

“El problema es que ahora ya es un descaro en incumplimiento de la norma. Se aprueba el presupuesto de la Comisión Nacional sin opinión del consejo. Se aprueban las recomendaciones generales sin opinión del consejo. Es una falta total de gobernanza por parte de la Comisión Nacional y esto impacta la toma de decisiones y la funcionalidad del órgano garante de los derechos humanos”, dice.

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De acuerdo con fuentes cercanas al organismo, durante la actual administración se registran modificaciones en áreas operativas y plazas de alto nivel sin la intervención del Consejo Consultivo.

Entre los movimientos referidos figura la desaparición de la Oficina Especial para el Caso Iguala, creada tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante la presidencia de Luis Raúl González Pérez y encabezada por José Larrieta Carrasco.

Dicha estructura desapareció y es sustituida por otras áreas relacionadas con la investigación de hechos del pasado y el seguimiento al caso Ayotzinapa. Entre ellas se encuentran una dirección especial adscrita a la Secretaría Ejecutiva, subdirecciones especializadas y una dirección de área.

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Las fuentes consultadas cuestionan que estas modificaciones impliquen movimientos de personal, funciones y recursos presupuestales sin la participación del órgano que la ley prevé para opinar sobre el funcionamiento institucional de la CNDH.

Para Luis de la Barreda Solórzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, la falta de integración del Consejo Consultivo forma parte de un proceso más amplio de debilitamiento institucional. Sostiene que la omisión del Senado permite que la presidencia de la CNDH concentre decisiones sin supervisión interna.

“Renuncia el consejo prácticamente en su totalidad, se queda una consejera y el Senado no nombra, como es su obligación, a los nuevos consejeros. Se trata de generar las condiciones propicias para pisotear la ley y para que órganos que debieran ser contrapesos queden absolutamente inhabilitados o peor, como en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sirvan como comparsa, como tapete del gobierno”.

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Respecto a los cambios administrativos dentro del organismo, considera que las designaciones responden más a criterios de cercanía política que a perfiles especializados.

A juicio de De la Barreda, mientras el Consejo Consultivo permanezca sin integración, la presidenta de la comisión mantiene un amplio margen de maniobra.

“Se le está entregando un poder absoluto a Rosario Piedra para que siga actuando como lo ha hecho, con absoluta sumisión al gobierno”, enfatiza.

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Isaura Ramos, académica de la UNAM especializada en derechos humanos, indica que la integración del Consejo Consultivo no constituye una formalidad administrativa, sino un mecanismo de participación ciudadana previsto en la ley para acompañar y supervisar decisiones relacionadas con el funcionamiento de la CNDH.

Advierte que la ausencia prolongada de este órgano genera cuestionamientos sobre los mecanismos de deliberación y rendición de cuentas cuando se realizan modificaciones a la estructura administrativa o a la normatividad interna del organismo.

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