La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 37 millones de pesos en el gasto del municipio de Culiacán, Sinaloa, en 2023. Los hallazgos tuvieron lugar durante la gestión de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La auditoría 2023-D-25006-19-1845-2024, que es la última disponible relacionada a los egresos del municipio provenientes de recursos federales, determinó una gestión ineficiente de los fondos, falta de documentación relacionada con la adquisición de bienes y servicios, así como una presunta simulación de competencias, por lo que la autoridad fiscalizadora emitió en su momento tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos y empresas involucradas.
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Simulación de competencia en camiones de basura
Tras la revisión del contrato CLN-LCP/02/2023, relacionado con la adquisición de camiones recolectores-compactadores de basura por 32 millones de pesos cada uno, la ASF detectó que la empresa ganadora y otra participante en la licitación compartían apoderado legal, comisario y socio accionista, por lo que el órgano auditor señaló una revisión deficiente de la documentación de las compañías.
EL UNIVERSAL revisó el contrato que indica la auditoría y las actas del procedimiento de licitación. Los documentos dan cuenta de la participación de tres empresas: Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V, Equipos Recolectores, S.A. de C.V., y Grupo Carrocero EICSA, S.A. de C.V., las cuales concursaron por un contrato para la venta de 40 unidades recolectoras de basura al municipio de Culiacán, por un monto, de acuerdo al contrato final, de 131 millones 984 mil 800 pesos.
Tras una revisión a las actas del proceso y al Registro Público de Comercio se encontró una coincidencia en los apellidos de dos representantes legales de las empresas: Adán Flores Zavala, de Remolques y Plataformas de Toluca, empresa que obtuvo el contrato, y Jorge Antonio Flores Zavala, representante de Grupo Carrocero EICSA.
La auditoría sugirió que la relación entre las compañías “implicó riesgos u omisiones por parte de personas físicas que actuaron a su nombre y/o en representación de la persona moral para obtener ventajas o beneficios indebidos”, por ello, la ASF promovió dos responsabilidades administrativas sancionatorias para realizar las investigaciones pertinentes, esclarecer los hechos y calificar la responsabilidad administrativa de quienes “realizaron una deficiente revisión de la documentación presentada” y de las personas morales participantes en la licitación, que al estar vinculadas presentaron propuestas en el mismo procedimiento de adjudicación, para obtener un beneficio o ventaja indebida.
Falta de documentación y pruebas de bienes adquiridos
De la revisión de los contratos se arrojaron otros resultados, la auditoría encontró que el municipio no entregó la documentación relacionada con los procesos de contratación y adjudicación, como oficios de suficiencia presupuestal, dictámenes de adjudicación, actas constitutivas de proveedores y garantías de los contratos con número CLN-LCP/04/2023, correspondiente a la adquisición de mezcla asfáltica por 111 millones de pesos, CLN-AD-MA-019- 2023, relacionado con la elaboración y producción de un mortero asfáltico por 1 millón 457 mil pesos y CLN-AD-MA-020-2023 vinculado a la elaboración y producción de carpeta asfáltica por 1 millón 399 mil pesos.
La ASF señaló que la documentación presentada por el municipio ante sus observaciones fue incompleta en los contratos y por ello promovió otra responsabilidad administrativa sancionadora contra los servidores públicos involucrados.
Por otro lado, el órgano auditor señaló que de los contratos con número CLN-LCP/02/20, CLN-AD-MA-006-2023 y CLN-AD-MA-014-2023, relacionados con la elaboración y producción de carpeta asfáltica no se presentaron las actas de entrega-recepción de los bienes y servicios adquiridos.
Por todo ello, se determinó que no se pudo comprobar la entrega de los bienes adquiridos por un monto total de 37 millones 254 mil 300 pesos. Aunque en el transcurso de la auditoría el municipio de Culiacán proporcionó las actas de entrega recepción y el reporte fotográfico, el ente auditor halló reportes y bitácoras sin firmas autógrafas por parte de los servidores públicos responsables; además, no se demostró que las características y especificaciones contratadas correspondieran a las pruebas proporcionadas.
La ASF concluyó un probable daño a la Hacienda Pública por 37 millones 254 mil 303 pesos debido a inconsistencias en documentación, reportes sin firmas y falta de evidencia suficiente sobre la entrega de bienes y servicios contratados.
EL UNIVERSAL contactó al gobierno municipal de Culiacán para preguntarle sobre el seguimiento a las responsabilidades administrativas que promovió la ASF, sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no se ha recibido respuesta.
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jc
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