Amnistía, Centro Prodh y ONG lamentan crisis de desaparecidos en México; rechazan informe federal
Las ONG argumentaron que sin transparencia o participación de colectivos, las acciones institucionales seguirán siendo insuficientes
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de la crisis en México —donde además hay más de 46 mil registros con “datos insuficientes” sin acciones de búsqueda y apenas 3,869 carpetas de investigación—, mientras que Amnistía Internacional exigió al Gobierno federal transparentar las metodologías del Registro Nacional e incluir de manera efectiva a familias y expertos en la estrategia de búsqueda.
En el contexto de la presentación del informe sobre la estrategia de búsqueda y localización, el Centro Prodh alertó que acotar las cifras oficiales distorsiona la magnitud real del problema y diluye la responsabilidad del Estado. Señaló que los más de 46 mil casos clasificados con información incompleta carecen de acciones de localización, lo que en la práctica traslada la carga a las familias.
Subrayó que el bajo número de investigaciones abiertas no implica ausencia de delito, sino que refleja los obstáculos estructurales para denunciar, particularmente en contextos donde el crimen organizado permea instituciones de justicia. En esa línea, recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha documentado niveles de impunidad superiores al 99.9% en estos casos.
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El Centro Prodh también cuestionó la afirmación oficial de que más del 90% de las personas han sido localizadas, al señalar que en muchos casos estos hallazgos no son resultado de acciones del Estado, sino del trabajo de las propias familias y sus redes.
Por su parte, Amnistía Internacional reconoció que existen avances en las labores de búsqueda, pero insistió en que estos son insuficientes frente a una crisis que rebasa las 132 mil personas desaparecidas en el país. En ese sentido, urgió a que la revisión del Registro Nacional se realice con metodologías científicas, análisis de datos y plena apertura.
La organización hizo un llamado a que dicho proceso sea público y garantice la participación de familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas, como condición indispensable para fortalecer la estrategia y recuperar la confianza en las cifras oficiales.
Ambas organizaciones coincidieron en que, sin transparencia, participación efectiva y una política integral de prevención y erradicación, las acciones institucionales seguirán siendo insuficientes frente a una crisis de gran escala.
ONG rechazan informe sobre desaparecidos
Al menos 10 organizaciones que acompañan a familias buscadoras rechazaron el informe sobre personas desaparecidas presentado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues “reduce la crisis a una gestión de archivos ministeriales y es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”.
Esta mañana, el gobierno federal reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México pero hizo hincapié en que solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda y de estos, solo existen 3 mil 869 carpetas de investigación.
“Un país donde la cifra negra (delitos no denunciados) alcanza el 93%, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad”, acusaron organización como Data Cívica, Fundar y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
En un comunicado, expusieron que el número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas, pues el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta más de 132 mil desapariciones, lo que describieron como una cifra que es resultado de la lucha histórica de las familias buscadoras.
Lamentaron que el Gobierno Federal pretenda validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías, lo que a su vez es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda.
Por otro lado, señalaron que el discurso oficial sostiene la idea de que en México ya no existen desapariciones forzadas, reduciendo así el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales.
“Esta visión elude la responsabilidad del Estado en sus múltiples formas: La participación directa y la aquiescencia: Casos de desaparición forzada y fosas cometidos directamente o vinculados a autoridades que siguen sin justicia. La omisión y la corrupción: El Estado es responsable cuando sus instituciones permiten que las redes criminales operen con libertad y cuando los procesos de investigación son opacos”, mencionaron.
Además, señalaron que el mensaje del Estado es de permisividad. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que a partir de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en julio de 2025, las fiscalías estatales están obligadas a abrir carpetas de investigación por desaparición.
“Es imperativo aclarar que esta obligación no es nueva: existe desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017. Afirmar que esto es una novedad ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar”, expresaron las ONGS.
Subrayan que condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional.
“Preocupa, además, afirmaciones como que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustenta dicha conclusión. Sin claridad metodológica, este tipo de mensajes puede contribuir a minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del Estado frente a las familias”, sostuvieron.
Por último, lamentaron que la presentación de estos instrumentos se realice sin una convocatoria amplia, transparente y abierta, pues era necesario la participación de más familias, sus colectivos, personas expertas y también organizaciones acompañantes.
“Escuchar menciones de colaboración con organizaciones en espacios oficiales, mientras en la práctica se nos excluye de la construcción de las metodologías y se posponen las mesas de trabajo, es una forma de simulación”, expresaron.
Reiteraron que la búsqueda es una obligación del Estado, por lo tanto debe ser una política que reconozca, nombre y busque a cada una de las personas cuyo paradero se desconoce.
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