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El 2 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos dio inicio a una nueva etapa de su guerra contra el narcotráfico, al atacar una embarcación en el mar Caribe que, afirma, llevaba drogas a Estados Unidos. Desde entonces, al menos 23 botes han sido destruidos, en el Caribe y en el Pacífico, con saldo de 87 muertos. Mientras el gobierno de Donald Trump defiende la estrategia, expertos la cuestionan y hay quien habla de “crímenes de guerra”.
La polémica creció al revelar el diario The Washington Post que, en el ataque del 2 de septiembre, tras un primer bombardeo, al percatarse de que dos personas habían sobrevivido, se lanzó otro ataque para matarlos. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, alegó que la operación se realizó “en el marco de la ley”, buscando que “la amenaza a EU fuera eliminada”.
Trump defiende que EU está en “conflicto armado” con los cárteles de la droga y que los sospechosos de narcotráfico son considerados “combatientes terroristas”.
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Sin embargo, el senador demócrata señaló que atacar a sobrevivientes de la embarcación “alcanza nivel de crimen de guerra”.
Incluso algunos republicanos señalaron que este ataque plantea serias cuestiones legales.
Legisladores estadounidenses han iniciado una investigación para aclarar lo sucedido. Según el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados, se han solicitado al gobierno las órdenes ejecutivas que autorizan las operaciones y los videos completos de los ataques. También se está indagando la información de inteligencia mediante la cual se determinó que los botes eran blancos legítimos de ataque, y cuál es el criterio que se está utilizando para determinar que quienes viajaban en las embarcaciones eran combatientes.
Una denuncia por posible ejecución extrajudicial de un pescador colombiano, durante uno de estos bombardeos, ya está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Daniel Kovalik, abogado estadounidense del presidente colombiano, Gustavo Petro, defiende que Alejandro Carranza, de 42 años, era un pescador, y no un narcotraficante, como asegura la administración Trump.
¿Qué dicen los expertos sobre la legalidad de estos ataques?
“Incluso si aceptamos su argumento de que las personas que se encuentran en estos botes son combatientes, seguiría siendo ilegal matarlas si están fuera de combate, lo que significa que están incapacitadas”, dijo a The Guardian Rebecca Ingber, profesora de la facultad de Derecho Cardozo y antigua asesora jurídica del Departamento de Estado.
“Es manifiestamente ilegal matar a alguien que ha naufragado. Este es un principio jurídico tan antiguo como los manuales de derecho de los conflictos armados”, añadió. Incluso si, como se dijo en un principio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, hubiera dado la orden de “matarlos a todos” —algo que ya fue desmentido por el almirante Frank Bradley, que estuvo al frente de la operación del 2 de septiembre—, la Ley de Guerra de EU habla del caso de las “órdenes ilegales”.
“La obligación de negarse a cumplir órdenes que supongan una violación del derecho de guerra se aplica a las órdenes de realizar actos claramente ilegales o a las órdenes que el subordinado sabe, de hecho, que son ilegales”, señala la ley, y cita como ejemplo las órdenes de “disparar contra los náufragos”.
Geoffrey Corn, director del Centro de Derecho Militar de la Universidad Tecnológica de Texas y exasesor principal del ejército estadounidense en materia de derecho bélico, cuestionó, en declaraciones a The Guardian el porqué no se rescató a los sobrevivientes, como sí se intentó en un ataque posterior. Rechazó también la comparación de la lucha contra el narco con un conflicto armado.
“Se está tratando una amenaza criminal como una amenaza en tiempo de guerra, y la norma no se ajusta a esa situación. Con un buque de guerra enemigo, hay formas de saber que [el combate] ha terminado: deja de disparar o arriada la bandera. Pero, ¿cómo se aplica eso a un barco que lleva drogas?”.
Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos, dijo a la agencia Associated Press que “no puedo imaginar que alguien, sin importar las circunstancias, crea que es apropiado matar a personas que se aferran a un bote en el agua. Eso es claramente ilegal”. Incluso, dice, bajo un conflicto armado como el que afirma el gobierno de Trump que enfrenta.
Y si Estados Unidos no está en conflicto armado, como muchos expertos afirman, la situación empeora, porque estos ataques constituyen una violación a la ley internacional de derechos humanos. “Sólo puedes usar fuerza letal en circunstancias donde hay una amenaza inminente. Y este no era el caso”, aseguró Schmitt.
Este jueves, el experto independiente de Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos, y el relator especial sobre protección de derechos humanos en la lucha antiterrorista, Ben Saul, se pronunciaron en contra de los ataques a embarcaciones.
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“Son graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar (...) Los responsables de ordenar y llevar a cabo estos asesinatos extrajudiciales deben ser investigados y procesados por homicidio”, afirmaron.
El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Tom Cotton, opina distinto.
“El primer ataque, el segundo ataque y el tercer y cuarto ataques del 2 de septiembre fueron totalmente legales y necesarios, y fueron exactamente lo que esperábamos que hicieran nuestros mandos militares”, afirmó tras escuchar el testimonio del almirante Bradley sobre la operación.
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