Miami.— Los ataques, o intentos fallidos, contra Donald Trump en Butler, Pennsylvania; West Palm Beach, en Florida, y en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca exhiben la fragilidad de su seguridad y ponen al Servicio Secreto y demás agencias encargadas de proteger al presidente de Estados Unidos en el centro del debate.
La protección de Trump, señala a EL UNIVERSAL la especialista en seguridad Bárbara Gutiérrez, es “una prueba directa de la capacidad del Estado estadounidense para anticipar amenazas contra su propio poder político”.
Sin embargo, añade, las intentonas contra el mandatario “han estado mostrando grietas internas en mando, coordinación, inteligencia, entrenamiento, personal y rendición de cuentas”.
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Subraya que “la protección presidencial ha fracasado” porque Trump ha dependido, en los tres casos, de que su servicio de seguridad actúe ya durante los ataques, lo que significa que previamente falló la inteligencia, el análisis del sitio, la comunicación, el mando, la coordinación local y hasta la asignación de recursos para prevenir que ocurran.
El informe del panel independiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el atentado de Butler, el 13 de julio de 2024, advierte que el Servicio Secreto necesita una “reforma fundamental” y que sus fallas no son sólo tácticas, sino estructurales. Associated Press (AP) resumió el diagnóstico: “La agencia federal tenía problemas de comunicación, protección deficiente de edificios y falta de comprensión de riesgos específicos”. La conclusión del informe es que el Servicio Secreto está preparado para reaccionar, pero no lo suficientemente preparado para prevenir.
El panel sostiene que la agencia se volvió “burocrática, complaciente y estática”. El Servicio Secreto reconoció fallas internas. Su propia revisión de aseguramiento de misión sobre Butler habló de “brechas de comunicación” y “falta de diligencia” del personal. La agencia aceptó que antes del ataque hubo errores humanos, administrativos y de coordinación.
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Información previa
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, que es el organismo auditor del Congreso de EU, informó que altos funcionarios del Servicio Secreto recibieron información clasificada sobre una amenaza contra la vida de Trump 10 días antes del mitin de Butler, pero esa información no llegó a los agentes federales y locales que debían asegurar el acto. Según ese reporte, “el Servicio Secreto no tenía un proceso para compartir información clasificada sobre amenazas” cuando no se consideraba una amenaza inmediata contra la vida. “Esto muestra que, a pesar de que una amenaza existía, el sistema no sabía distribuirla entre sus agentes de seguridad”, comenta Gutiérrez, exagente de la Policía Cibernética. “En protección presidencial, esa separación entre saber y actuar puede ser mortal. La inteligencia que no baja al terreno no protege a nadie” señala Gutiérrez.
La investigación solicitada por el senador Chuck Grassley añadió otro dato grave: por esa forma ais- lada de compartir información, las fuerzas federales y locales que planearon el evento no conocían la amenaza activa. El reporte también habló de errores de procedimiento, mala asignación de recursos, falta de entrenamiento y fallas generalizadas de comunicación.
La comisión de la Cámara de Representantes que investigó el atentado advirtió de “fallas significativas en la planeación, ejecución y liderazgo” del Servicio Secreto y sus socios policiales”, y dijo que personal con poca o ninguna experiencia en funciones de planeación avanzada recibió responsabilidades importantes en un sitio exterior de alto riesgo, con varios problemas de línea de visión y con inteligencia específica sobre una amenaza de largo alcance.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional informó que el equipo de francotiradores del Servicio Secreto estaba 73% por debajo del nivel numérico necesario para cumplir sus requisitos de misión. El informe advirtió que esa falta de personal “podría limitar la capacidad del Servicio Secreto para proteger adecuadamente a los líderes más altos de la nación”.
“La falta de francotiradores no es un problema administrativo menor, es una falla de capacidad en el punto exacto donde la amenaza contra Trump se volvió más visible: sitios abiertos, distancias largas, techos, cercas, campos de golf, hoteles y perímetros que dependen de vigilancia especializada”, subraya Gutiérrez.
Government Executive, un sitio de noticias sobre el Ejecutivo, informó que los eventos que requerían francotiradores aumentaron 150% entre 2020 y 2024, mientras el número de francotiradores creció sólo 5%. Matthew Noyes, funcionario del Servicio Secreto, dijo en un Foro de Seguridad de Aspen que la institución llevaba más de una década limitada en recursos y contratación. “Hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos”, declaró.
Riesgo innecesario
El intento fallido de ataque en la Cena de Corresponsales exhibe un problema mayor. De acuerdo con un análisis de la cadena CNN, al menos 13 figuras de la línea de sucesión presidencial estaban presentes: del vicepresidente JD Vance al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pasando por el secretario de Estado, Marco Rubio, en lo que representó un riesgo innecesario.
A pesar del nivel de invitados, el atacante logró irrumpir, armado, en el vestíbulo del Hilton donde se realizaba el evento. El sujeto estaba hospedado en el hotel desde un día antes. Nadie lo revisó. Tampoco hubo seguridad en los pasillos en los días previos. El atacante, Cole Tomas Allen, dijo que de haber llevado una bomba, la habría podido colocar sin problema. ¿Y si en vez de un lobo solitario hubiera sido un grupo fundamentalista, terrorista, el que intentara atacar?
Las cifras muestran una agencia que crece, pero no necesariamente al ritmo del riesgo. Según el Servicio de Investigación del Congreso, el personal real del Servicio Secreto pasó de 7 mil 689 empleados en 2023 a 8 mil 66 en 2024, y 8 mil 269 en 2025. Para 2027, se pidió financiar 9 mil 239 puestos.
El entrenamiento es otra herida antigua. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha dicho que, tras una intrusión en la Casa Blanca en 2014, un panel independiente habló de una “falla catastrófica de entrenamiento” y recomendó que ciertas divisiones entrenaran 25% de su tiempo. Años después, el Servicio Secreto fijó como objetivo que los agentes que protegen al presidente y al vicepresidente entrenaran al menos 12% de sus horas laborales para el año fiscal 2025.
La distancia entre 25% recomendado y 12% adoptado muestra una tensión clara entre necesidad operativa y límites de recursos.
Ánimo negativo
A eso se añade el ánimo que prevalece en la agencia. Government Executive informó que, en una medición de 2023 sobre compromiso y satisfacción de empleados federales, el Servicio Secreto ocupó el lugar 413 entre 459 subagencias. Una organización con baja moral, sobrecarga laboral, presión política y escrutinio público constante puede seguir funcionando, pero difícilmente puede tener la concentración extrema que requiere proteger a un presidente.
Después de Butler hubo renuncias, investigaciones, suspensiones y promesas de reforma, pero los informes legislativos describen un patrón más profundo que unas cuantas sanciones no corrigen. El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado habló de “rendición de cuentas limitada”. En otras palabras, si el castigo institucional no corresponde al tamaño de la falla, la reforma puede quedarse en documentos, cursos y comparecencias.
Trump añade presión al sistema porque es un protegido de riesgo extremo. Tiene actos masivos, rutinas públicas, alta exposición mediática, fuerte rechazo, seguidores intensos y una necesidad política de mostrarse accesible. Pero proteger a un presidente, incluso uno complicado, es obligación del Estado. “Una agencia profesional no puede depender de que el protegido sea disciplinado, distante o fácil de manejar. Debe diseñar seguridad para el riesgo real, no para el escenario ideal”, concluye Gutiérrez.
La seguridad alrededor de Trump es una prueba de estrés del Estado estadounidense porque obliga a ver si sus agencias pueden trabajar como un sistema y no como oficinas separadas. La Oficina Federal de Investigaciones puede detectar amenazas; el Departamento de Seguridad Nacional puede revisar fallas; el Congreso puede investigar; el Servicio Secreto puede ejecutar la protección; las policías locales pueden cerrar perímetros. Pero si cada pieza actúa tarde, incompleta o aislada, el resultado puede convertirse en un desastre.
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La seguridad presidencial estadounidense, señalan expertos, empieza antes del chaleco, del vehículo blindado, del agente que empuja al protegido fuera del escenario. Empieza en una agencia con mando claro, entrenamiento suficiente, información compartida, personal especializado, tecnología confiable y cultura de responsabilidad. En el caso Trump, todo eso falló. Y exhibe un peligroso talón de Aquiles.
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cdm
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