Miami.— La ofensiva antinarco de Donald Trump no ha cerrado el mercado de armas entre Estados Unidos y México; lo ha vuelto más rentable y ha derivado en al menos una ruta nueva, de acuerdo con analistas. El viraje empezó el 20 de enero de 2025, cuando Trump firmó la orden para encaminar la designación de cárteles como organizaciones terroristas y esas designaciones entraron en vigor el 20 de febrero de 2025.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) informó en febrero que desde el inicio de la segunda administración Trump había decomisado 4 mil 359 armas y 648 mil 975 cartuchos que iban hacia México. Esa cifra habla de una ruta aún abierta, con capacidad de reponer pérdidas y de seguir abasteciendo a grupos criminales, incluso bajo mayor presión.
Washington ha amagado con actuar más allá de la frontera y México ha aceptado una coordinación, pero no una intervención. En ese escenario, “el mercado ilegal de armas se vuelve todavía más estratégico para los cárteles que dominan México, dado un posible enfrentamiento ya sea con las Fuerzas Armadas mexicanas, como sucedió con El Mencho o, incluso, con apoyo estadounidense en territorio mexicano”, dice el especialista en seguridad Guillermo Alberto Hidalgo a EL UNIVERSAL.
El 7 de abril de 2025, el Departamento de Justicia y la ATF derogaron la política de Zero Tolerance, una línea de inspección que había endurecido las sanciones a vendedores con licencia federal. La ATF presentó el cambio como una corrección para, según ellos, “restaurar la equidad y la claridad” en la regulación de armas.
En la práctica, el mensaje fue otro: mientras la Casa Blanca hablaba de aplastar cárteles, una de las principales herramientas para apretar a comercios negligentes o cómplices de los cárteles quedaba debilitada o nulificada.
De acuerdo con Champe Barton, reportero de The Trace, “ninguna agencia federal se ha marchitado tanto bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump como la ATF”.
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En esa misma cobertura, Josh Scharff, de Brady, señaló que “cualquier recorte al número de inspectores va a significar menos vigilancia y, en última instancia, menos supervisión sobre cómo opera la industria armamentista”.
John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico, resumió esa contradicción al afirmar que “si Donald Trump de verdad quiere eliminar a los cárteles, debería concentrarse en el flujo de armas; y está haciendo lo contrario”.
Añadió que “está reduciendo la capacidad de Estados Unidos para detener el tráfico ilícito de armas que llega a los cárteles en México”. Su argumento se apoya en datos de rastreo, inspección y en el desplazamiento de recursos públicos desde el control del tráfico hacia otras prioridades políticas del gobierno de Estados Unidos.
La ATF advierte en sus reportes que las armas rastreadas no constituyen una muestra aleatoria del universo completo de armas criminales; es decir, “los rastreos no permiten convertir cada hallazgo en una fotografía total del mercado”, dice Hidalgo; pero, incluso así, “siguen siendo una de las ventanas más útiles para reconstruir las rutas, los estados de origen, los tipos de armas y los tiempos entre compra y recuperación”, asegura.
Junto con los decomisos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, (CBP) y los expedientes penales, esos rastreos permiten irse dibujando en el sistema.
En 2024, la ATF registró 25 mil 884 armas recuperadas en México y enviadas a rastreo. De ese total, 18 mil 249, equivalente a 70.5%, fueron clasificadas como armas de origen estadounidense; y en 11 mil 57 casos, equivalentes a 60.6%, la agencia pudo seguir la pista hasta un comprador minorista.
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“Esto muestra que la ruta principal del tráfico de armas hacia México no nace en un mercado exótico ni en una red marginal imposible de detectar. Nace en puntos de venta legales de EU y termina, después de desvíos y prestanombres, en escenas criminales mexicanas”, señala el experto.
El tipo de armamento está cambiando. En los datos de la ATF, los rifles pasaron de representar 27% de las armas recuperadas en México y enviadas a rastreo en 2019 a 37.5% en 2024.
Del lado mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional informó en febrero que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum había incautado 18 mil armas en lo que iba del sexenio y que alrededor de 78% provenía de Estados Unidos; entre ellas había 215 fusiles Barrett calibre .50; además de lanzagranadas, lanzacohetes y ametralladoras. La conclusión es que el mercado negro de armas en México no sólo se mantiene, se está fortaleciendo de manera paramilitar.
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Los decomisos fronterizos muestran una tendencia compatible con ese diagnóstico. Small Arms Survey, con base en datos de la CBP, concluyó que los decomisos de envíos de armas hacia México crecieron más del triple entre 2016-2019 y 2020-2023.
Matt Schroeder, investigador de ese centro, declaró que “no queda claro a partir de los datos si los aumentos se deben a una mejor detección e interdicción, a un mayor tráfico, a cambios en la recolección de datos o a una combinación de estas variables”.
Para dar una respuesta bilateral a esa presión, se creó el acuerdo binacional denominado Misión Cortafuegos. El 26 de septiembre de 2025, ambos gobiernos lanzaron Mission Firewall: United Against Arms Trafficking, con la promesa de ampliar la plataforma eTrace, extender la tecnología de imágenes balísticas a las entidades en México, compartir información en tiempo real e intensificar inspecciones e investigaciones conjuntas, “acuerdo que a la fecha no ha logrado nada verdaderamente importante; parecería que simplemente fue una salida política de la que hoy muy pocos mexicanos le ponen atención”, subraya Hidalgo. El anuncio era importante “porque por primera vez la agenda binacional colocaba el tráfico de armas hacia el sur en el centro del discurso público, y a la vez era una admisión tácita de que el flujo seguía siendo tan grande que obligaba a crear una estructura específica para contenerlo; cosa que no ha sucedido”, confirma el experto.
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Arizona, el nuevo camino
El nuevo mapa del tráfico tiene nueva ruta: Arizona. El informe Corridors of Violence, elaborado por Stop US Arms to Mexico con datos de la ATF, encontró que en 2024 Arizona concentró 62% de las armas de origen estadounidense recuperadas en México con un tiempo de un año o menos entre compra y decomiso. El mismo informe halló que 14 de los 15 códigos postales más importantes en 2023 y 2024 para ese flujo estaban en Arizona. Texas se mantiene como un gran surtidor.
Kris Mayes, fiscal general de Arizona, aceptó que “tenemos un enorme problema de tráfico de armas por parte de los cárteles mexicanos desde Arizona hacia México. No tengo ninguna duda”. Su oficina anunció en octubre de 2025 la acusación contra 20 personas por una red que obtuvo alrededor de 334 armas para exportarlas a México y la investigación sostuvo que muchas de esas armas ya habían sido recuperadas en territorio mexicano. Medios señalaron que, según la misma fiscalía, “el sobreprecio de las armas en México está subiendo y, con él, también las comisiones que cobran los prestanombres en Arizona. La presión política eleva el riesgo y el riesgo eleva el precio”.
Un reportaje del New York Times le puso rostro a una parte de esa cadena de suministro, describe a un adolescente de 17 años en Phoenix que gestionaba desde su celular hasta 200 pedidos semanales de armas con destino a México, el doble de lo que movía antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. La pieza muestra ventas privadas, grupos de WhatsApp, páginas de Facebook y una logística capaz de responder en tiempo real a las necesidades del Cártel de Sinaloa. “Esta descripción es la imagen concreta de un mercado flexible, joven y digital que se adapta a la presión sin dejar de operar”, dice Hidalgo.
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Sobreprecio
La nueva dinámica armamentista ya está pegando en el precio. No hay una tabla pública que mida mes a mes cuánto subió cada arma ilegal en México, pero sí hay señales directas de encarecimiento en la cadena.
The Guardian reportó en marzo de 2026 que, según la oficina de la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, “el sobreprecio de las armas traficadas y en especial de rifles como el AR-15 y el AK-47, se ha disparado en México”, y ese aumento ya se está trasladando a comisiones más altas para los compradores fantasma en Arizona.
En una investigación de El País sobre una red que surtía armas a México, los reclutadores pagaban entre 800 y 14 mil dólares a quienes prestaban su nombre para comprar armas, y un solo fusil Barrett M82 calibre .50 costaba entre 8 mil y 14 mil dólares en origen.
En otro caso judicial, un operador dispuesto a enviar armamento a México pactó la compra de un Barrett calibre .50 y un fusil alimentado por cinta calibre 5.56 por 26 mil dólares; y en una causa distinta, una sola compra de seis armas, incluidos tres rifles FN SCAR, un FN M249S alimentado por cinta y un Barrett M82A1, rozó los 50 mil dólares en efectivo. Todo eso indica que el mercado no sólo está más activo, está más caro y más orientado a piezas de alto poder.
Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings, planteó el sentido de esa escalada al advertir que “un escenario particularmente peligroso es que los cárteles tomen represalias aumentando intencionalmente la potencia” de lo que trafican hacia Estados Unidos. Su texto hablaba de drogas, pero la lógica es la misma para las armas: cuando una organización criminal se siente bajo amenaza de destrucción, eleva el poder de fuego que necesita para sobrevivir. En ese marco, no basta con decir que hay más violencia. Hay que decir que la presión política y militar está empujando una demanda más urgente de armamento más caro y más potente.
Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo en enero que “no ha habido mejor momento para la industria armamentística en Estados Unidos que el actual”; y dijo que “Trump 2.0 llegó para derribar completamente el aparato de control de armas”.
Su diagnóstico asegura que no basta con mirar al traficante, al prestanombres o al cártel; “también hay que mirar a la industria, al sistema político que la protege y al gobierno que endurece el discurso contra el narco mientras suaviza los frenos sobre la venta y tráfico de armas”.
El frente judicial también muestra esa doble cara. El 5 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos cerró la demanda de México contra fabricantes al concluir que la legislación federal estadounidense blindaba a las empresas frente a ese reclamo concreto.
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