En marzo de 2025, el gobierno federal decidió entregar a 29 personas a Estados Unidos sin seguir el procedimiento de extradición previsto en la Constitución. No hubo control judicial en los términos ordinarios ni se respetaron las garantías legales de estas personas. Hubo una decisión política justificada con un rodeo semántico: no fue extradición, fue “entrega”.
Ahí se sentó un precedente peligroso. En un estado de derecho, las reglas en general, y en estos casos las de extradición no son una formalidad, son un límite. Están diseñadas para impedir que el Estado disponga de las personas, de su libertad, sin controles. Saltárselas no es eficiencia, es arbitrariedad.
Y, sobre todo, es precedente. A partir de ese momento, el gobierno dejó claro que puede construir una vía paralela para hacer lo que la Constitución le impide. Puede hacerlo si hay presión internacional, y si hay urgencia política. En pocas palabras, puede hacerlo si le conviene.
Por eso el caso Rocha no es un hecho aislado. Es la consecuencia y debemos leerla a la luz del precedente sentado. En nuestro país todas las personas somos iguales ante la ley y en este escenario entra el debate del fuero, pero no en los términos habituales. Durante años se ha dicho que el fuero es un privilegio que protege la impunidad. Pero el problema aquí es otro porque la solicitud de detención con fines de extradición si bien es emitido por autoridad extranjera, la ejecución del acto lo emite un juez mexicano. Por eso, si se quiere detener a los funcionarios acusados de narcotráfico por EU, sí tendrían que quitarles el fuero constitucional.
Ahora que Rubén Rocha Moya pidió licencia, el precedente que el propio gobierno sentó en marzo de 2025 adquiere un cariz mucho más peligroso. Porque ya no se trata solo de una decisión excepcional, sino de una práctica disponible. Si entonces fue posible “entregar” a 29 personas sin seguir el procedimiento de extradición, ¿qué impide que esto se siga en el caso del gobernador? Si el Estado empieza a decidir cuándo sí respeta y cuándo no respeta las reglas, deja de haber Estado de Derecho. La ley y la Constitución no están diseñadas para unos sí y otros no, deben aplicarse igual a un gobernador en funciones, a uno con licencia y a cualquier ciudadano sin cargo público.
Y sin embargo, el verdadero problema ya está instalado: el gobierno normalizó que las reglas se pueden rodear cuando estorban.
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