El ataque ocurrido en Teotihuacán puso de nuevo en el centro del debate la salud mental y el papel que juegan las redes sociales, que ya son blanco de demandas en Estados Unidos y de controles en Europa por su papel en casos de adicción y en tiroteos. Meta, Instagram, YouTube, ChatGPT tienen que responder en tribunales, donde se les señala de ser responsables de la adicción de jóvenes a los medios sociales. Para algunos, se trata de medidas insuficientes, pero un buen primer paso con miras a atender el impacto profundo que tienen las plataformas en menores y adolescentes, pero advierten que es crucial que los gobiernos se enfoquen con urgencia en el tema de la salud mental.
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La ilusión de prohibir: redes, juventudes y el negocio del algoritmo
Scarlett Limón Crump. Analista Internacional, Doctorante en estudios de género.
Europa avanza hacia una regulación más estricta del acceso de menores a redes sociales. Países como Francia exigen consentimiento parental, mientras la Unión Europea, a través de la Ley de Servicios Digitales (DSA), obliga a las plataformas a mitigar riesgos sistémicos. En paralelo, Reino Unido ha dado un paso más con la Online Safety Act, que impone obligaciones estrictas a las tecnológicas para prevenir que menores accedan a contenidos dañinos. El diagnóstico es claro: las redes sociales no son espacios neutrales para la infancia.
Ansiedad, depresión, ciberacoso y exposición a contenidos violentos forman parte del problema. Pero hay una dimensión menos visible y profundamente política que empieza a ganar atención: la proliferación de la machosfera. En plataformas como TikTok o YouTube, comunidades digitales difunden discursos antiderechos que encuentran en los adolescentes, especialmente varones, una audiencia fértil.
No se trata de contenido necesariamente ilegal, sino de algo más difícil de regular: una radicalización progresiva, algorítmicamente amplificada. Un video de “auto-mejora” puede derivar en teorías conspirativas sobre el feminismo y, eventualmente, en comunidades donde el resentimiento se convierte en identidad. La machosfera no solo entretiene: socializa.
Frente a esto, la prohibición de redes a menores aparece como una respuesta insuficiente. Limitar el acceso puede reducir la exposición temprana, pero no transforma el ecosistema que la produce ni resuelve la tensión entre protección y derechos digitales.
Por ello, el debate europeo comienza a desplazarse, hacia un enfoque más integral: alfabetización digital desde edades tempranas; corresponsabilidad de las plataformas; regulación del diseño; y un acompañamiento activo desde entornos familiares y escolares. El punto ciego sigue siendo estructural. Las plataformas operan bajo un modelo que premia el contenido más polarizante, emocional y adictivo. Y en ese terreno, los discursos de odio, incluidos los de género, tienen ventaja competitiva.
Europa ha abierto una conversación necesaria, pero incompleta. La pregunta no es solo si los menores deben estar en redes, sino en qué condiciones. Y, más aún, qué tipo de ciudadanía digital estamos dispuestos a permitir que se forme. En la intersección entre tecnología y género no solo se juega la seguridad de las juventudes, sino la calidad de nuestras democracias.
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¿Prohibir, sancionar o regular? Medidas frente a los riesgos en redes sociales
Por Angie Contreras. Consultora en derechos digitales.
Hoy hablamos de derechos digitales, pero también reconocemos la existencia de riesgos y violencias digitales. Controles más estrictos para proteger a las y los usuarios ¿son suficientes? No.
Un ejemplo para explicarlo es la violencia que viven las niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. La UNICEF señala “25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso”
En el 2025 Australia aprobó una ley para que las plataformas prohíban el acceso a redes sociales a menores de 16 años, Francia y Turquía lo limitó a 15 años, España 16 años e incluyó una responsabilidad penal para las empresas de plataformas y redes sociales que no retiren los contenidos ilegales.
¿Ha funcionado esta medida? el gobierno de Australia ha revelado que alrededor del 70% de las y los adolescentes que tenían redes sociales antes de la ley, siguen en redes sociales y tampoco se ha detectado una disminución de las violencias digitales.
El Estatuto Digital de los niños y adolescentes (ECA digital) en Brasil obliga a las empresas tecnológicas a eliminar los elementos que hacen que las y los usuarios se enganchen a las redes -scroll-.
En México se han realizado reformas en diversos estados como lo es Querétaro con la llamada Ley Kuri que prohíbe las redes a menores de 14 años y exige un consentimiento de los tutores.
Lo más sencillo sería decir que le corresponde al gobierno la regulación de las empresas de redes sociales y plataformas, pero eso sería omitir las consecuencias políticas, sociales, jurídicas, económicas sin contar los riesgos a la libertad de expresión y a los derechos humanos.
En el caso mexicano, la regulación no puede ir solo desde el gobierno o el congreso, tampoco en reformas que incorporen la palabra “digital”, “artificial”, “tecnología”, abona, sí, pero no resuelve el problema. Si la regulación no viene de la mano de formación en habilidades digitales, reducción de la brecha de acceso, políticas públicas integrales, y una exigencia a las empresas para que asuman la responsabilidad por no prevenir ni mitigar los riesgos generados por la programación de sus redes sociales y aplicaciones, entonces podremos tener las sanciones más estrictas y las leyes más actualizadas, pero no estaremos resolviendo el problema.
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Normalización de la violencia. Cuando las muertes dejan de importar
Yerko Castro Neira. Profesor- Investigador. Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Universidad Iberoamericana. yerko.castro@ibero.mx
En México y Latinoamérica empiezan a ser más frecuentes las historias de jóvenes que entran a una escuela a disparar contra sus compañeros o a agredir a sus profesores. Personas que, como el joven de Teotihuacán, viven inmersos en entornos violentos, con pocas perspectivas de futuro y donde el internet actúa como propagador de discursos de odio contra enemigos diversos, a veces extranjeros, migrantes o minorías sexuales.
Esas imágenes se suman a otras hasta conformar un paisaje social donde las violencias atraviesan nuestra vida cotidiana. Pero ¿nos estamos acostumbrando a esto al punto de que nos deja de importar?
La historia nos ha demostrado que, cuando las sociedades viven momentos caracterizados por violencias múltiples e intensas, éstas se vuelven rutinarias, naturales y obvias. De esta manera, la violencia termina por ser naturalizada. En lugar de ver personas con historias, vemos números, datos. La deshumanización aparece así, como un rasgo de época.
Como sociedad, ante las violencias y las crisis de justicia, nos sentimos incapaces de explicar todo esto y sentimos, además, que no podemos hacer nada para contrarrestarlo. La naturalización de la violencia va ganando terreno en la sociedad y en la cultura, de este modo es difícil cuestionarla y por supuesto, explicarla.
Ser conscientes de este proceso es un buen comienzo para construir sociedades de paz y de convivencia con nuestras diferencias.
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Las armas de fuego siempre han estado
Catalina Pérez Correa. Doctora en derecho. @cataperezcorrea
La violencia con arma de fuego no es algo extraño en México. Las noticias que vemos y leemos diariamente están plagadas de violencia en la que aparecen armas de fuego: enfrentamientos entre bandas, enfrentamientos con las autoridades de seguridad, asaltos o casos de violencia familiar. Armas cortas, largas, de asalto, están presentes en nuestra vida y las encontramos con cierta regularidad.
Estadísticamente, la principal causa de homicidios es la agresión con arma de fuego y una parte importante del aumento de los homicidios en años recientes es atribuible a las armas de fuego. Más de 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego. En 2024, por ejemplo, se cometieron 27 mil 700 homicidios, casi 73% con arma de fuego. Las armas de fuego, además, tienen relevancia más allá de los homicidios. Cada asalto, secuestro, delito de intimidación o extorsión en el que está presentes un arma de fuego, ponen en riesgo la vida.
Las armas de fuego en México, sin embargo, han tenido habitualmente un sentido utilitario. Sirven para robar, para asaltar, para retar a la autoridad o replegar a las organizaciones criminales. Sorprende, en este contexto, la aparición (o aumento) de casos en los que son usadas en las aulas contra maestros, contra compañeros de colegio, o en lugares como Teotihuacan.
No hay una cifra cierta sobre cuántas armas de fuego ilegales existen en el país. Tampoco sabemos cuántas ingresan anualmente al territorio mexicano. De acuerdo con algunas fuentes, existen entre 13 y 15 millones de armas de fuego ilegales en México y algunos especialistas aseguran que al año ingresan medio millón de armas, la mayoría (según algunas estimaciones 70%) provienen de Estados Unidos (ya sea del mercado legal o ilegal).
Frente a la dimensión del mercado ilegal de armas, y del acervo que existe en el país, no debiera sorprendernos la aparición de casos en que las armas se usan en contextos de violencia que rebasa la dimensión criminal. Las armas están en la sociedad, al alcance de cualquiera. Es importante preguntar sobre el uso de estas por estudiantes o ciudadanos que no pretenden robar o confrontar al Estado, pero el problema está en la disponibilidad que existe.
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Las redes sociales y la generación que creció en una pantalla
Tania Naanous. Maestra en Seguridad, Conflicto y desarrollo por la universidad de Sussex
El impacto de las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes ya no es una hipótesis. Es una crisis documentada, litigada y, en algunos casos, judicialmente sancionada. En marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables por el daño causado a una joven que comenzó a usar Instagram a los nueve años. El veredicto ordenó a las empresas pagar millones de dólares y podría influir en cientos de causas similares que avanzan en distintos estados. Lo que hace histórico este fallo no es el monto: es que, por primera vez, se responsabiliza a las empresas por el diseño de sus algoritmos, no por el contenido.
Durante el juicio, Mark Zuckerberg fue interrogado directamente sobre la arquitectura de Instagram. Reiteró que, a su entender, la investigación existente no demuestra que las redes sociales causen daños a la salud mental. Los documentos internos de su propia empresa decían lo contrario.
Detrás de cada demanda hay una generación que creció midiendo su valor en “me gusta”, comparando su cuerpo con filtros y pasando horas en un scroll diseñado para no terminar. La crisis de soledad que atraviesan los y las adolescentes hoy tiene múltiples causas, pero las plataformas digitales ocupan un lugar central: desplazan el tiempo de juego libre, el contacto físico y las amistades sostenidas.
Y hay una dimensión de género que no puede ignorarse. La llamada machosfera —ese ecosistema de contenido misógino que circula en YouTube, TikTok y Telegram— llega a los chicos desde edades muy tempranas. Figuras como Andrew Tate construyeron audiencias millonarias con mensajes que normalizan la subordinación de las mujeres y presentan la violencia como atributo de masculinidad. No es contenido marginal: es el algoritmo recomendándolo activamente.
Meta canceló una investigación interna que demostraba que abandonar Facebook durante una semana reducía la depresión, la ansiedad y la soledad. La pregunta ya no es si las plataformas dañan a los menores. La pregunta es quién va a asumir la responsabilidad, y cuándo.
Adicción digital, omisión política
Mateo Ritch Rocha. Analista de derechos humanos
Que las redes sociales generan dependencia ya no es una hipótesis de investigación. Es la conclusión de años de estudios, testimonios judiciales y, en algunos casos, de los propios documentos internos de las empresas. El diseño de estas plataformas fue construido para retener la atención de la persona usuaria el mayor tiempo posible. Esta atención es el punto de venta más importante para las empresas que buscan captar a más consumidores.
La adicción a las redes se ha incorporado a las prácticas culturales dominantes; cómo generamos relaciones y obtenemos información está mediado por las redes sociales. Las plataformas han permitido formas reales de organización colectiva, acceso a información y construcción de comunidades que de otra manera no existirían. Pero la lógica de negocio que las sostiene convierte la dependencia y el deterioro psicosocial en daño colateral aceptable. Visibilizar ese daño no es sencillo porque no hay un momento de ruptura visible: las consecuencias se distribuyen en la vida cotidiana.
La respuesta institucional ha sido limitada. Los gobiernos han abordado el problema casi exclusivamente como una cuestión de protección a menores, que es crucial pero insuficiente. Mientras tanto, la industria tecnológica ha desplegado uno de los lobbies más activos para bloquear regulaciones más amplias. El resultado es un vacío normativo que va más allá de la ignorancia, es una decisión sostenida con fines políticos y económicos específicos.
La pregunta que persiste es si las sociedades contemporáneas están dispuestas a reconocer que una parte significativa de su vida atencional ha sido capturada por un modelo de negocio que no contempla ninguna responsabilidad por ese hecho.
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No solo son las redes, es la pobreza de tiempo
Andrea Gonzaga. Maestra de Política y seguridad internacional
En Australia, el año pasado se dio un paso firme en el control para el acceso de menores de 16 años a redes sociales. En marzo del año en curso, Kaely, una joven estadounidense, hizo historia ganando una demanda contra Google y Meta. La Unión Europea, ha hecho también lo propio, pidiendo que se haga un mayor control para menores de edad. En Brasil, India, China, Noruega, solo por mencionar algunos, también se tienen avances en la materia.
Con esto queda claro que no se trata de casos aislados, que las consecuencias por el uso de las redes sociales cada vez son más evidentes y la necesidad de un cambio viene por parte de los gobiernos, pero también de los usuarios. Y aunque no todos los usuarios alcen la mano y no se reporten iniciativas tangibles en todos los países, esta realidad digital ha causado ya suficientes consecuencias para que la incomodidad se transforme en cambio.
Hoy en México, de acuerdo con la Universidad Autónoma de México, 9 de cada 10 jóvenes tienen un teléfono y hay más de 53 millones de personas de este grupo de edad cuentan con acceso a internet. Eso quiere decir, que tenemos una parte importante de nuestra población en riesgo ante las redes sociales. Pero quizá hay cosas más peligrosas en nuestro contexto.
En los últimos meses, en México hemos tenido casos de violencia vinculados a las redes sociales. Y aunque parezca tentadora la idea de culparlas y pretender solucionar el problema con una reforma como las antes mencionadas, es importante pensar en otras causas en nuestro panorama. Porque se podría avanzar en estos candados y por supuesto que abonará a la situación, pero la pobreza de tiempo con la que vive un mexicano promedio, que lo aleja de sus hijos, no se puede reajustar con un verificador de edad. Que los padres pasen más de dos horas en el transporte, tengan más de una jornada y solo un día de descanso, quizá impacten aún más en la vida de sus hijos que las redes; y de paso también en la de sus padres.
El privilegio de la salud mental
Martha Ham. Analista.
Señalar que el gobierno atiende de manera marginal la salud mental resulta insuficiente. Lo que persiste es una omisión estructural que afecta de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables. Mientras el bienestar continúe tratándose como un bien de consumo, accesible a través de terapias privadas y tratamientos costosos, la salud mental seguirá operando como un privilegio y no como un derecho garantizado.
El malestar emocional no surge de manera aislada. No puede explicarse únicamente desde un desequilibrio químico; es también consecuencia de condiciones materiales de vida adversas. La ansiedad no es solo una predisposición individual, sino la expresión del estrés económico, de jornadas laborales extensas y de la ausencia de redes de protección social. No obstante, la respuesta institucional ha tendido a la patologización del malestar, desplazando la atención de sus causas estructurales. Al reducir la depresión a un problema clínico, el Estado elude su responsabilidad en la construcción de condiciones de vida dignas.
Un enfoque genuino de salud pública no se limitaría a la provisión de líneas de atención o servicios reactivos. Implicaría intervenciones en el ámbito laboral para prevenir el agotamiento, así como políticas que reconozcan y redistribuyan las cargas de cuidado, que recaen de manera desproporcionada en las mujeres. En este sentido, la estrategia de la CONASAMA se orienta principalmente a la identificación de síntomas sin incidir de forma sustantiva en los factores que los generan. La incorporación de la salud mental al IMSS-Bienestar, aunque relevante, resultará insuficiente si se mantiene bajo una lógica predominantemente reactiva.
En ausencia de un rediseño integral de las políticas públicas que sitúe el bienestar como eje —mediante la garantía de condiciones materiales adecuadas, acceso universal a servicios de salud mental y entornos laborales dignos—, el malestar continuará siendo administrado, pero no resuelto. Bajo estas condiciones, las estrategias institucionales existentes, incluida la de la CONASAMA, se mantendrán necesariamente limitadas: podrán contribuir a la contención, pero no a la transformación de las causas estructurales que lo producen.
México, violencia y futbol
Martin Baltazar Ferman. Internacionalista
Mientras México se prepara para ser el epicentro del fútbol mundial a partir del 11 de junio de 2026, la efervescencia por la Copa del Mundo choca contra una triste realidad, una crisis de violencia en todo el país. El reciente ataque que tuvo lugar en la zona arqueológica de Teotihuacán el pasado 20 de abril, nos muestra lo que podría ser un síntoma de un mal más profundo dentro de nuestra sociedad y pone en duda la capacidad del país para ofrecer un entorno seguro en un evento de esta magnitud.
La balacera, que cobró la vida de una mujer canadiense e hirió a doce personas más, todas de nacionalidad extranjera, fue orquestada por Julio Cesar Jasso Ramirez, una persona que actuó, según algunos medios de comunicación, bajo motivaciones de odio, racismo y xenofobia. Este ataque se suma a una serie de eventos violentos que han ocurrido en el país recientemente: olas de violencia debido a las capturas de algunos líderes de grupos criminales, la cantidad de feminicidios y homicidios violentos y, principalmente, la impunidad y falta de justicia que se percibe en todos estos casos. Teotihuacán no es un caso aislado; la violencia es el pan de cada día de muchos mexicanos.
Ante este panorama, surge una pregunta: ¿Realmente puede México, como coanfitrión, garantizar la seguridad de miles de visitantes y su propia población durante el evento? Si bien la FIFA trabaja en conjunto con los gobiernos y ciertos organismos para garantizar la seguridad en las sedes, existe cierto temor a causa de la violencia en el país, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por fortuna, la FIFA también utiliza su enorme impacto mediático para promover campañas de no discriminación y utiliza al deporte como herramienta de cohesión social para contribuir a la mitigación de actos de odio y violencia.
A pesar de eso, este evento histórico ofrece una oportunidad única. La Copa del Mundo no debe servir solo para distraernos de nuestra realidad; también puede servir como una plataforma global para alzar la voz en contra de la violencia y el odio que experimentamos en la actualidad. La mirada global sobre México puede servir como un parteaguas para crear una conciencia social profunda y lograr que este suceso sea un motor de cambio para lograr la paz y la justicia que el país tanto necesita.
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