Minneapolis, la chispa que puede incendiar EU

Miami.— En Minneapolis y Saint Paul, en Minnesota, el enojo social avanza a pasos agigantados. “Es una fuerza que está organizando marchas, llenando audiencias públicas y convirtiendo cada patrulla federal en un momento de tensión e incertidumbre”, señala a EL UNIVERSAL la socióloga Cecilia Castañeda; la especialista asegura que el riesgo principal “no es sólo que haya protestas, sino que se esté formando una espiral en la que la rabia social y la presencia armada se alimentan mutuamente”, y señala cómo la desconfianza creciente hacia las instituciones encargadas de investigar y explicar lo ocurrido, “también es leña al fuego”.

La chispa más visible “que provocó este incendio” fue la muerte de Renee Nicole Good, baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. A partir de ese día, “el conflicto dejó de ser un debate sobre política migratoria y se transformó en una pelea sobre límites del poder federal, uso de fuerza en la calle y quién puede vivir sin miedo de ser detenido o confundido con un objetivo”, subraya Castañeda.

Para una parte de Minnesota, el problema no son sólo esas declaraciones, sino el efecto, “suena a absolución anticipada y, por tanto, a un cierre de filas del gobierno antes de conocer todas las pruebas”, dice Deirdre Schifeling, vocera del movimiento ICE Out For Good a este medio.

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ICE Out For Good es una campaña nacional en toda la Unión Americana de protesta y movilización que exige rendición de cuentas por la violencia de ICE tras el homicidio de Good y convoca a acciones públicas en todo Estados Unidos; la iniciativa está encabezada por una coalición de organizaciones nacionales como Indivisible, ACLU, MoveOn, Voto Latino y United We Dream, junto a grupos locales y campañas aliadas. Esta campaña convocó a más de mil eventos el fin de semana de acción, con participación de organizaciones nacionales y socios locales.

El presidente Donald Trump ha amenazado con activar la Ley de Insurrección, y describió a los manifestantes como “insurrectos” y “agitadores profesionales”.

“La Ley de Inserrucción aplicada le da autorización a Trump para llamar e instalar a soldados de las fuerzas armadas en todo el estado”, confirma Schifeling, también abogada de ACLU.

Las autoridades estatales y locales contestaron con un mensaje que, en la práctica, le habla a una población que no confía en Wa- shington. El gobernador Tim Walz dijo, “sé que están enojados; yo estoy enojado”; y advirtió que Trump “quiere violencia en las calles” y que la gente no debe darle ese gusto. El alcalde Jacob Frey fue más frontal al exigir que se reduzca la tensión, “esto no es un reality show, necesitamos desescalar” y agregó que Trump “quiere que mordamos el anzuelo”.

De acuerdo con la socióloga, “cuando una mitad del país escucha el concepto de defensa propia, respecto a ICE, y la otra mitad escucha encubrimiento, en relación al gobierno federal, cualquier nuevo encuentro en la calle se carga de chispas y un simple empujón o una detención mal explicada puede encender otra jornada de confrontación con alto riesgo de alguna muerte o herido”.

En comunicaciones de emergencia revisadas por medios, se escucha la urgencia del control de multitudes a partir de declaraciones federales como “la multitud se está volviendo hostil”; y luego la observación que resume el termómetro social, “la multitud se calmó ahora que ICE ya no está”. Esa secuencia muestra que la tensión sube por la presencia de agentes armados.

“La verdadera peligrosidad que crece en este tipo de operativos se debe a la mezcla de armas, emociones y confusión; y eso eleva la probabilidad de errores”, subraya Castañeda. La exdirectora interina de ICE, Sarah Saldaña, dijo que “la gente ha estado tan contenida por la frustración y el resentimiento que, para la primera persona que le dé un golpe a un oficial federal, eso puede convertirse en algo enorme”. Su advertencia coincide con Castañeda: “una chispa mínima puede hacer crecer un incendio”.

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El exjefe de policía del condado Miami-Dade, Florida, Humberto Cardounel, alertó sobre el entrenamiento de los agentes, quienes “llegan a escenarios de protesta de grupos civiles sin una preparación avanzada en manejo de multitudes, es por eso que aumentan los errores y las metidas de pata (...) una metida de pata puede ser un golpe, un disparo o una detención que luego nadie logra explicar con claridad”.

Ian Adams, exoficial de ICE y activista por una mayor rendición de cuentas, comentó a este diario que “[los agentes federales] no están entrenados como se supone y nunca han sido responsabilizados”, y añadió que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) suelen tener menos entrenamiento para tareas de policía general. “El riesgo sube cuando CBP e ICE operan en barrios densos, con gente grabando, gritando y corriendo”, concluye Adams.

El enojo también se ha diseminado a otros estados. En Philadelphia, en Durham, Carolina del Norte, entre muchas otras ciudades estadounidenses, hubo protestas.

El otro ángulo decisivo es quién controla la evidencia. En una crisis como ésta, “las cámaras de los habitantes es un mecanismo de control y una garantía a la verdad de los hechos; quitarla o intimidarla es abrir una puerta al pánico y a la impunidad”, alerta Adams.

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“No se trata de protestas fuertes, se trata de una fractura de legitimidad en la que el gobierno federal justifica primero y promete investigar después, mientras una parte del país ya no cree en el árbitro”, señala Castañeda. Si no hay una investigación independiente y verificable, si no hay reglas claras de uso de fuerza, si no hay coordinación real con autoridades locales y si la retórica oficial sigue tratando la crítica como enemiga, el patrón se repetirá, asegura el Brennan Center for Justice.