Washington.— Un juez federal cuestionó ayer si el gobierno del presidente Donald Trump ignoró sus órdenes de que los vuelos que transportaban deportados a El Salvador volvieran de inmediato a Estados Unidos, posiblemente violando el dictamen que había emitido apenas unos minutos antes.
El juez de Distrito James E. Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones del gobierno de que sus instrucciones verbales no contaban, que sólo se debía cumplir a su orden por escrito, que no podía aplicarse a vuelos fuera del país y que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes por cuestiones de seguridad nacional.
“Eso es ir demasiado lejos, creo”, respondió Boasberg, señalando que el gobierno estaba al tanto que, en el momento en que los aviones despegaban, él celebraba una audiencia para decidir sobre una breve suspensión a las deportaciones que se llevaban a cabo en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, y que invocó el presidente Trump aproximadamente una hora antes, alegando una “invasión”.
“Sólo les pregunto cómo es que creen que mis poderes equitativos no se aplican a un avión que ha salido de Estados Unidos, incluso si está en espacio aéreo internacional”, agregó.
El abogado adjunto del fiscal general, Abhishek Kambli, sostuvo que únicamente contaba la breve orden por escrito de Boasberg, la cual se emitió aproximadamente 45 minutos después de que presentó su demanda verbal. Esta no contenía ninguna exigencia para ordenar que los aviones regresaran al país, y Kambli añadió que para ese momento ya era demasiado tarde para redirigir dos aviones que ya habían salido de EU.
En total, 261 migrantes fuero n expulsados en esa operación; 137 de ellos bajo esa ley (101 venezolanos que según el gobierno de Trump son miembros del Tren de Aragua y 23 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, o M-13) y enviados a El Salvador, donde fueron encarcelados de inmediato. Otros fueron enviados a Honduras.
Stephen Miller, asesor de Trump en la Casa Blanca, calificó el fallo judicial de “orden ilegal” emitida sin haber recibido información sobre los migrantes deportados. El zar fronterizo, Tom Homan, espetó: “No me importa lo que diga el juez”, y advirtió que habrá más deportaciones.
El gobierno de Venezuela calificó el envío de migrantes a El Salvador como “secuestros” que, dijo, impugnará como “crímenes de lesa humanidad” ante las Naciones Unidas.
