Miami.— Desde el renacimiento simbólico del en septiembre de 2025, las fuerzas armadas de Estados Unidos ya no se presentan ante el país como el escudo de la nación, sino como el dron artillado de.

Hoy, las fuerzas armadas ya no están al servicio de la Constitución ni son apartidistas: están al servicio y al capricho del presidente. Desde junio, la Guardia Nacional y, en momentos puntuales, unidades de marines y otras fuerzas han sido enviadas a Los Ángeles, Washington D.C., Memphis o Portland en operaciones justificadas oficialmente como lucha contra el crimen, o contra las protestas, la indigencia o la “invasión de ilegales”, pero que tienen un denominador común: son ciudades gobernadas por demócratas, muchas de ellas con estadísticas de crimen a la baja cuando llegaron los soldados.

En junio, Trump federalizó la Guardia Nacional de California y ordenó el envío de 700 marines y 4 mil soldados de la Guardia Nacional de Texas a Los Ángeles para “restaurar el orden” en medio de protestas contra las redadas migratorias. Chicago terminó viviendo su propio Apocalypse Now doméstico, con la operación Midway Blitz, un despliegue masivo de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de la Guardia Nacional que ha dejado ya más de 4 mil 200 detenidos sólo en el área metropolitana, con escenas de gas lacrimógeno, restricciones al uso de drones y choques diarios en torno al centro de procesamiento de Broadview. Aunque el gobierno alega que va contra los criminales, las cifras revelan que la mayoría de detenidos no tiene antecedentes.

Incluso ciudadanos han sido detenidos bajo la estrategia de: arresta primero, averigua después.

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En Nueva Orleans, aunque los homicidios han caído más de 50% respecto a hace tres años, Trump desplegó la Operation Catahoula Crunch con el objetivo de detener a 5 mil personas.

En declaraciones a EL UNIVERSAL, el abogado internacionalista Jaime Ortiz advirtió que de acuerdo con “la cultura profesional del ejército estadounidense, basada en la obediencia constitucional y la neutralidad política, esta ha comenzado a desquebrajarse”.

La coronela retirada y académica de Georgetown Heidi Urben, testigo del mitin que Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, encabezaron en Fort Bragg ante miles de soldados, señaló que “la norma más importante que garantiza que el ejército cumpla su juramento a la Constitución es su norma de no partidismo; romperla nos acerca a un ejército de facción”.

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No todos en el Pentágono están de acuerdo con el uso que Trump está haciendo del ejército. La respuesta del gobierno: una purga interna. Hegseth destituyó a la mayoría de los jefes de Estado Mayor y a los abogados militares (JAG, por sus siglas en inglés) que se resistieron a avalar sus órdenes.

El coronel retirado Franklin Rosenblatt, presidente del National Institute of Military Justice, indicó que todo lo que está sucediendo “es una de las mayores amenazas al Estado de derecho que el Pentágono ha enfrentado en mucho tiempo”. El mensaje es inequívoco: “Quienes cuestionen las órdenes [de Trump], por ilegales o partidistas que sean, perderán su cargo militar y muy probablemente sean obligados a retirarse” señala el abogado Ortiz.

Dos miembros de la Guardia Nacional de Illinois, la sargento mayor Demi Palecek y el capitán Dylan Blaha, se negaron públicamente a participar en el despliegue ordenado por Trump para apoyar redadas migratorias en Chicago. Palecek explicó ante CBS News: “Es desmoralizante que te obliguen a ir contra tu comunidad y tus vecinos”. Blaha, quien también es candidato al Congreso, dijo: “Me alisté para defender la Constitución, no para perseguir a gente en las calles; usar a la Guardia Nacional así me parece ilegal”. Poco después, ambos fueron suspendidos, sus habilitaciones de seguridad revocadas. “En el nuevo Pentágono, disentir ya no es un acto de conciencia, sino una causa de expulsión”, subraya Ortiz.

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La preocupación ha llegado a los tribunales: excomandantes de la Guardia Nacional firmaron un amicus curiae en la demanda de California contra la federalización de su Guardia, alertando que “usar la Guardia como fuerza de choque en un solo estado erosiona la confianza pública y la naturaleza no partidista de la fuerza”.

Expertos constitucionalistas y de seguridad nacional suenan la alarma. Joseph Nunn, del Brennan Center for Justice, escribió en su ensayo Trump Quiere Usar al Ejército Contra sus Enemigos Domésticos que “el país se enfrenta a la perspectiva de un presidente dispuesto a usar a las fuerzas armadas como su propia fuerza policial interna. El peligro que eso supone para la democracia no puede exagerarse”.

El representante Adam Schiff lo puso así: “Estamos presenciando el desmantelamiento de líneas rojas que separaban el poder militar de la política doméstica. El Departamento de Guerra se ha convertido en una herramienta electoral”.

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