Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal
Creado para hacer cumplir las normas migratorias, su actuar en las actuales redadas los muestra como una fuerza superpoderosa o, según algunos, como “brigada de matones”
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha violado los límites de la ley en Estados Unidos, sobre todo en estados como Minnesota, donde dos estadounidenses han fallecido a manos de agentes federales de migración, y en Chicago.
En Minneapolis, el primer caso fue Renee Nicole Good, una ciudadana de 37 años; tres semanas después ocurrió la muerte de Alex Pretti, también de 37 años.
En ambos casos, el gobierno federal alegó que las víctimas incurrieron en “terrorismo doméstico”, poniendo en peligro a los agentes. Videos de los incidentes desmintieron la versión.
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El enojo creció porque los intentos de la policía estatal de Minnesota de investigar la muerte de Pretti fueron bloqueados por el gobierno de Donald Trump, que ni siquiera permitió a los oficiales acercarse a la escena, a pesar de contar con orden judicial. La fiscalía de Minnesota acusó a las autoridades federales, que tienen a cargo las pesquisas, de obstruir la indagatoria local. Por ahora, los agentes involucrados en las muertes están suspendidos, decisión que se tomó luego de la creciente presión.
No es sólo Minnesota. Adonde quiera que han sido desplegados los agentes del ICE, la polémica los acompaña. En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker dijo que “son ellos [ICE] los que la están convirtiendo [a Chicago] en una zona de guerra”, y alertó que “disparan gases lacrimógenos y usan agentes químicos”. También allí, un migrante mexicano murió a manos de un agente federal. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) fue el que investigó, no la policía local. Las imágenes de redadas violentas en Los Ángeles recorrieron el mundo.
Videos ciudadanos han dado cuenta de los abusos. “Cuando una fuerza estatal actúa con agresividad, poca identificación pública y una rendición de cuentas que no se ve, la ciudadanía percibe arbitrariedad, abuso y negligencia”, comenta la socióloga Cecilia Castañeda a EL UNIVERSAL. El senador Rubén Gallego llevó esa percepción a una frase frontal al calificar a ICE como “una brigada de matones”, y solicitó que se le desmantele.
En el papel, la misión de ICE es “proteger al país del crimen transfronterizo e inmigración ilegal”.
Pero el abogado en migración José Jordán advierte a este medio que “una cosa es investigar redes complejas de tráfico, fraude o crimen organizado; y otra muy distinta es detener personas en la calle por procesos administrativos”. Acusa que el gran problema es que, en la práctica, el ICE está “privilegiando los resultados visibles y rápidos”.
ICE, que se creó en 2003 cuando se fusionaron algunos elementos del antiguo Servicio de Aduanas de Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Naturalización, es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se sostiene en dos brazos: Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), encargado de detener, encerrar y deportar; e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que investiga delitos trasnacionales como tráfico de droga y personas, fraude, armas o explotación. En 2010, la agencia consolidó el rótulo de Investigaciones de Seguridad Nacional: “Fue reforzando una identidad de policía federal investigadora, pero que en teoría no estaba diseñada para ser la cara diaria en redadas migratorias, como ahora sucede”, dice Jordán.
Con el tiempo, la agencia se consolidó con presencia en cientos de oficinas en todo EU y un presupuesto de miles de millones de dólares, “lo que creó un incentivo constante: más dinero, más contratación, más operativos”, agrega el abogado.
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La situación se agravó con el regreso a la presidencia de Donald Trump, cuyo gobierno lanzó una campaña nacional para reclutar y expandir la fuerza de ICE con la meta pública de sumar 10 mil nuevos elementos de campo, apoyada por incentivos como bonos de contratación de hasta 50 mil dólares anuales, opciones de pago o perdón de préstamos y esquemas de horas extra compensadas para puestos operativos. Medios documentaron en mayo pasado que el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, impusieron nuevas cuotas de detenciones al ICE: de mil a tres mil diarias.
Los agentes del ICE pueden parar, detener personas de quienes sospechen están en EU de forma irregular. Pueden detener a ciudadanos estadounidenses en casos contados. Por ejemplo, si interfieren con un arresto. Pero la organización noticiosa ProPublica documentó más de 170 incidentes en los primeros nueve meses de gobierno de Trump en el que agentes del ICE retuvieron a estadounidenses contra su voluntad. Una decisión judicial, en septiembre de 2025, allanó el camino para que el ICE usara factores como la raza, etnicidad, el idioma o incluso la apariencia en sus detenciones. Otra decisión judicial les permite entrar a casas o áreas privadas sin orden judicial, algo que antes era obligatorio.
Ahora, los agentes del ICE no sólo no requieren alguna señal que los identifique como tales, sino que van a los operativos con los rostros cubiertos.
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El gobierno de Trump califica a los agentes del ICE como “patriotas” que deben detener la “invasión” de que, dicen, es blanco EU por parte de los migrantes. A decir de Jordán, si el mensaje institucional premia la “dureza” y sólo los “resultados” como trofeos, “una parte de los nuevos reclutas van a priorizar el control y la velocidad sobre ese tipo de disciplina legal”.
El ICE, que cuenta hoy con una plantilla de unos 22 mil, dice filtrar a sus aspirantes con exámenes médicos, pruebas antidopaje, evaluaciones físicas, verificación de antecedentes y controles de aptitud para portar arma y ejercer autoridad. Sin embargo, un exagente del ICE dijo a este diario que la procedencia profesional de quienes llegan “es una mezcla de exmilitares, policías locales o estatales, personal de otras agencias federales y perfiles atraídos por el dinero y la retórica de una aparente guerra interna”.
Joe Morelle, representante demócrata, advirtió que los agentes del ICE están “mal entrenados” y “son enviados a campo con sólo seis semanas de entrenamiento” para poder satisfacer las cuotas de la Casa Blanca, cuando antes se requerían 16. Se eliminó el requisito de que supieran, al menos, algo de español, el idioma que habla la mayoría de indocumentados en EU. Para ser agente del ICE, antes se requería tener una edad mínima de 21 años y máxima de 37 a 40. El requisito se eliminó en la actual administración. En su página, el ICE subraya que “no se requiere título universitario”.
“Se están sumando agentes armados con un poder absoluto para detener a quienes ellos quieran”, señala el exagente del ICE. “Cuando el gobierno lo que quiere es un despliegue rápido de personal, el tiempo de las capacitaciones y la profundidad en derechos civiles son lo primero que se recorta en la práctica”, añade.
Los límites legales de ICE existen y no son opcionales. La autoridad para interrogar y arrestar está en el Código de EU. Incluso en la zona de 100 millas desde la frontera, la ley permite ciertas acciones, pero no autoriza poder absoluto ni convierte a todo el país en puesto de control; la Constitución sigue vigente, incluyendo la Cuarta Enmienda contra registros y decomisos irracionales. “Si hoy muchas detenciones se sienten arbitrarias, una parte de la explicación es que se está premiando el número y la rapidez; y luego se pide a la sociedad que confíe ciegamente en la prudencia de quienes cobran por cerrar casos”, subraya el exagente.
“Nos encontramos en un entorno en el que los agentes del ICE están violando de forma flagrante y atroz la Constitución y la ley”, advirtió a ProPublica Joanna Schwartz, profesora de Derecho en la Universidad de California. “El gobierno ha dejado muy claro que no va a hacer nada para exigir responsabilidades a sus agentes. Lamentablemente, dado que el Congreso no está tomando ninguna medida para controlar a los agentes del ICE, los estados no tienen más remedio que proteger los derechos de sus ciudadanos”.