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El gobierno de Venezuela "está confiscando" la casa de Laura Acosta, la asistente personal de la líder opositora María Corina Machado, denunció este miércoles el partido de la también exdiputada y Premio Nobel de la Paz, Vente Venezuela (VV).
VV recordó que la residencia estaba "asegurada", pero "el viernes 20 de febrero de este año, el letrero de “asegurado” fue removido por (...) funcionarios no identificados y hoy, 25 de febrero, comenzaron a sacar los muebles y enseres de su propiedad, para ingresar otros nuevos".
De acuerdo con VV, "los vecinos, alarmados por esta situación, le preguntaron a estas personas sobre el movimiento y les contestaron que son los nuevos “propietarios”".
VV añadió que "Laura fue víctima de graves amenazas y amedrentamiento desde 2024 por parte de fuerzas de seguridad del régimen, y debió salir de Venezuela en septiembre de ese mismo año, tras recibir una orden de captura en su contra".
Agregó que "el 24 de marzo de 2025, seis meses después, una camioneta sin placa, con 7 funcionarios, entre hombres y mujeres, a bordo, forzaron la entrada de su casa y sometieron a la persona que cuidaba el lugar, quien además estaba en compañía de un menor de edad. Los retuvieron bajo interrogatorio durante 8 horas".
Recordó que "los efectivos obligaron a esta persona autorizada por Laura a salir de la casa, pues la misma estaba «asegurada», como decía el letrero que colocaron en la puerta".
"A partir de esa fecha, funcionarios no identificados del régimen visitaban la vivienda y en algunos casos dormían en el lugar. Siempre llegaban y se iban en camionetas sin placas".
El movimiento añadió que "estos graves hechos confirman el accionar del régimen y la venganza política contra las personas que rodean o trabajan con María Corina Machado. La semana pasada fue la vivienda de nuestra compañera y dirigente Magalli Meda y ahora es la casa de su asistente".
VV detalló que "Laura Acosta es una persona de la tercera edad, como su esposo, y además es ciudadana de los Estados Unidos de América y de España, por sus padres. Por tanto, desde el punto de vista del derecho internacional, esto es también una agresión a los gobiernos de Estados Unidos y de España. El llamado a las autoridades de esos países es a interceder en este caso y a presentarse en el lugar para constatar estos hechos que lesionan los “buenos oficios y la reconciliación” que supuestamente se promueve desde el régimen de Delcy Rodríguez. Apelamos a la protección diplomática y consular que procede para esta situación".
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