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Miami.— Al menos 11 mil niños, ciudadanos de EU, comparten la misma pena, cortesía del presidente Donald Trump: sus padres fueron arrestados por haber ingresado irregularmente al país.
Así lo reveló una investigación de ProPublica, que calculó, con base en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que las detenciones de padres de hijos nacidos en EU se han duplicado desde que Trump regresó al poder, en enero de 2025.
El medio comparó enero-agosto de 2024 con enero-agosto de 2025 y encontró que, en la administración Trump, 866 madres de niños ciudadanos fueron arrestadas, frente a 351 con su antecesor Joe Biden; 92% quedaron detenidas, frente a 75% con el mandatario demócrata; 24% fueron liberadas, frente a 58% de su antecesor; 60% terminaron removidas, frente a 31% en el periodo comparable anterior. En promedio, ProPublica concluyó que las madres de niños ciudadanos estaban siendo deportadas a un ritmo cuatro veces mayor en la era Trump 2.0.
Las organizaciones que están en la primera línea siguiendo muy de cerca esta crisis hablan de niños ciudadanos estadounidenses expulsados o separados sin debido proceso, de madres y padres deportados sin poder decidir qué hacer con sus hijos; y de un aparato de deportación que ya no se detiene ante la ciudadanía de los menores. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunció en abril de 2025 que ICE deportó desde Louisiana a dos familias con tres niños ciudadanos de dos, cuatro y siete años. Una de las madres estaba embarazada, y uno de los niños tenía cáncer metastásico.
La red Children Thrive Action Network (CTAN) comenta a EL UNIVERSAL que la deportación de niños ciudadanos sin debido proceso “es otra violación clara de los derechos de ciudadanos y no ciudadanos”. Adriana Cadena, de la coalición Protecting Immigrant Families, asegura que la estrategia de inmigración de Trump “se vendió como una ofensiva contra criminales violentos, pero se convirtió en un ataque contra niños ciudadanos estadounidenses”.
La ACLU y el Proyecto Nacional de Inmigración han descrito casos de familias incomunicadas en el momento exacto en que debían decidir sobre la salud, la custodia y la seguridad de sus hijos: una madre tuvo menos de un minuto de llamada antes de que el contacto fuera cortado cuando su esposo intentó darle el teléfono de la defensa legal. Madres detenidas no pudieron hablar con los tutores a cargo para tomar la decisión básica que cualquier familia debe poder tomar: “Qué es lo mejor para nuestro hijo”. La ACLU sostuvo que esa crueldad y esa negativa deliberada de acceso legal y médico “no sólo son ilegales, sino inhumanas”.
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La Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y los Médicos por los Derechos Humanos (PHR) concluyen en un informe al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, construido con entrevistas en Honduras a padres recién deportados, personal médico, sicólogos y funcionarios, que “ICE viola de forma rutinaria su propia directiva sobre padres detenidos”. Esa norma, del 2 de julio de 2025, obliga a agentes a preguntar si la persona arrestada tiene hijos y a darle la posibilidad de decidir qué pasará con ellos si es deportada. El informe dice que “eso no está ocurriendo”. Zain Lakhani, directora de derechos y justicia migrante de la WRC, tiene testimonios de “niños dejados llorando por sus madres, niños pequeños abandonados sin aviso, padres deportados sin oportunidad de decidir qué pasará con sus hijos”.
El impacto de la separación
Michele Heisler, médica de PHR, advierte que “la separación familiar produce daños graves y persistentes, incluido el trastorno por estrés postraumático años después de la reunificación”. Wendy Cervantes, del Centro para el Derecho y la Política Social (CLSP), señala que muchos niños “se quedan en EU con abuelos, hermanos mayores, tíos, amigos o niñeras. Otros son enviados con el padre o la madre deportada para evitar una separación más larga”; agrega que “otros quedan en un limbo de cuidado informal, sin custodia legal clara y con cuidadores que, a veces, también temen ser detenidos”. El informe de WRC y PHR dice que, cuando deportaciones ocurren con rapidez y sin tiempo para organizar nada, los niños suelen quedarse “sin cuidadores estables ni apoyo suficiente”. Medios hondureños han recabado testimonios de padres deportados sin sus hijos: una madre que tuvo que dejar a su pequeño de 11 años en EU narró que “no preguntaron nada”; sólo la deportaron. Un padre de 35 años, separado de su hija después de tres meses detenido, dijo: “Me mataron sicológicamente”.
ProPublica narró un caso en Florida en el que una hondureña, Doris Flores, y el padre de sus dos hijas, fueron detenidos. Una trabajadora de protección infantil le advirtió a ella que, si no aparecía un cuidador, las niñas podían entrar al sistema de acogida temporal del gobierno estadounidense. Temerosos de la separación, terminaron viajando todos a Honduras. Todos, excepto otro hijo de Doris, de una relación anterior, que se quedó en EU. Ahora, la mujer tiene el corazón dividido en dos.
Regresar con los bolsillos vacíos
El informe de WRC y PHR documenta que muchos deportados llegan sin teléfonos móviles, sin pasaportes y sin dinero.
Buena parte de los migrantes a los que el gobierno de Trump está sacando del país eran residentes de larga data. De acuerdo con el informe, muchos retornados carecen de vínculos estrechos en sus países y necesitan más apoyo del que la nación puede ofrecer. A eso se suma el golpe de los recortes y cierres abruptos de programas financiados por la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID).
La reunificación, cuando existe, tampoco está garantizada por ningún derecho claro, dice el informe de WRC y PHR: ni la ley ni la política estadounidenses reconocen un derecho a la reunificación si un padre ya fue deportado, incluso cuando la deportación violó la política de ICE. Añade que en el DHS no hay procedimientos establecidos para facilitar reunificaciones internacionales. En Honduras, funcionarios dijeron a las investigadoras que 400 padres habían buscado reunificación a través del gobierno durante el último año.
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Un funcionario hondureño describe que “las personas no saben qué hacer una vez que ICE las detiene. No saben qué hacer si sus hijos se quedan en EU”. Explica que antes de enero de 2025 podían entrar a centros de detención, pero ya no. Dice también que muchos padres ni siquiera dejan sus teléfonos o piden ayuda porque, después de haber sido tratados “como delincuentes” en EU, temen que Honduras los trate igual. La política de deportación fabrica la imposibilidad práctica de reconstruir a la familia.
La respuesta jurídica más importante en marcha es la demanda federal J.L.V. contra Acuna, presentada el 31 de julio de 2025 por el Proyecto Nacional de Inmigración, Gibson Dunn, Most & Associates y Ware Immigration.
La querella sostiene que ICE violó su propia política y varias leyes federales al retener secretamente a dos familias en habitaciones de hotel, negarles contacto con abogados y familiares y deportarlas a Honduras en menos de un día en un caso y en poco más de dos días en el otro. Entre los demandantes hay dos madres, cuatro menores y un niño ciudadano estadounidense de cinco años en tratamiento por cáncer renal en etapa 4.
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“Aterrador y angustiante”
Las demandantes cuentan el costo de esa expulsión. Rosario señala que “ha sido aterrador y angustiante”; explica que su hija se enfermó y empezó a sufrir ansiedad desde el retorno a Honduras. Otra madre, Julia, afirma que “me engañaron”, y añade que sus hijas, acostumbradas a su rutina en EU, extrañan a su padre todos los días.
La investigación de ProPublica revela que, en comparación con Biden, Trump está deteniendo, y deportando, a muchos más padres que sólo tienen delitos menores o no tienen historial criminal. Con Trump, alerta, “más de la mitad de los papás y alrededor de tres cuartas partes de las mamás” detenidos “no tenían condenas penales en EU, salvo por infracciones de tránsito o migratorias”.
El litigio J.L.V. contra Acuna avanza, pero traer de vuelta a EU a padres deportados sigue siendo excepcional. Mientras, un juez ordenó facilitar el regreso de dos gemelas de 12 años nacidas en Orlando que fueron enviadas a Guatemala y otro obligó al gobierno de Trump devolver a California a María de Jesús Estrada Juárez, beneficiaria de DACA. Pero esos fallos son la excepción, no la regla.
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Brookings calculó en abril de 2025 que 5.62 millones de niños ciudadanos viven con al menos un integrante indocumentado del hogar y que 4.71 millones viven con al menos un padre indocumentado. El mismo análisis advierte que el sistema de bienestar infantil no está obligado ni preparado para absorber una entrada masiva de niños ciudadanos separados de sus padres por la política migratoria.
La guerra de Trump contra los migrantes está golpeando a ciudadanos que el presidente juró defender: niños que se están quedando sin padre, sin madre, o sin ambos; sin escuela estable, sin tratamiento continuo y, en algunos casos, fuera de su propio país.
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