Úrsula Martínez, abogada, advierte reto presupuestal para Ley de Cuidados; “el mayor riesgo es que no se implemente”, dice

El pasado 26 de mayo, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, la Ley de Sistema Integral de Cuidados local que reconoce el derecho a cuidar y recibir cuidados.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, esta iniciativa representa un avance histórico para reconocer el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida.

Tras la aprobación, organizaciones feministas y colectivos han señalado que el verdadero reto será garantizar el presupuesto, infraestructura y mecanismos para que este derecho se traduzca en políticas públicas reales.

Por lo anterior, conversamos con la abogada Úrsula Martínez, quien junto a su compañera Priscila Monge, ha acompañado los litigios y procesos legales que impulsaron esta agenda, para entender el alcance jurídico, político y social de este avance histórico.

Recordó que desde la creación de la Constitución local había una omisión legislativa debido a la falta de leyes relativas a los sistemas de la Ciudad de México, lo que obligó a exigir al Congreso de la Ciudad de México legislar en materia de cuidados.

“Nosotras presentamos cinco juicios de amparo junto con activistas y cuidadoras para que fueran los jueces federales los que resolvieran sobre la omisión legislativa y obligaran al Congreso de la CDMX a hacer la ley.

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Señaló que inicialmente los jueces concedieron suspensiones para que se llevara a cabo una consulta a personas con discapacidad y para que se iniciara el proceso de dictaminación en las comisiones, mismas que recordó nunca fueron cumplidas por el Congreso, por lo que tuvieron que llegar cuatro sentencias definitivas y 10 tesis aisladas que reconocieran que el Congreso estaba en omisión y por lo tanto se tenia que subsanar y votar la ley.

No contar con una ley de cuidados vulnera el derecho a la no discriminación

Martínez señala que al no contar con una ley de cuidados se vulneraban el derecho a la no discriminación de las personas, a la igualdad de genero y a la justa remuneración por el trabajo.

“Partiendo de la premisa de que el derecho a cuidar en es sí un derecho constitucional que está reconocido en la constitución de la CDMX, y aunque no está reconocido en la constitución federal, pues que la misma ciudad no tuviera una legislación impacta directamente en la violación del derecho humano a cuidarse, a cuidar y al autocuidado y hace que las labores de cuidado para las mujeres y personas cuidadoras sea desproporcional porque el estado no está ayudando a redistribuir esa carga”.

Sobre la aprobación de la ley, la abogada consideró que es un hecho inédito ya que a nivel regional de América Latina solamente se contaba con la opinión de la Corte Interamericana que reconoce como un derecho autónomo universal y exigible el derecho al cuidado pero en México no hay avances de ese tipo.

También señaló que es importante que la Ley de Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México haya sido aprobada con un amplio consenso de los grupos parlamentarios del Congreso local ya que esto representa la voluntad que se tuvo para empujar esta ley en conjunto.

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“Se incluyeron las opiniones y las iniciativas que habían presentado parlamentarios, se hizo un gran proceso de consulta, entonces sí creo que habla de esta voluntad que tuvieron los grupos parlamentarios de empujar la ley”.

Mencionó que el caso de la Ciudad de México debe ser inspirador para el resto de los gobiernos del país para crear la infraestructura y los programas necesarios, pero recalcó que se necesita una coordinación e instituciones que hablen entre ellas.

Tres de cada cuatro mujeres son cuidadoras

Además, socialmente hablando esta ley representa un esfuerzo para desfeminizar y desfamiliarizar los cuidados y es un tema que históricamente ha impactado mayormente la vida de las mujeres

“Debemos de reconocer que tres de cada cuatro personas cuidadoras somos mujeres, se dedican 36 horas que representan casi una otra jornada laboral por lo que se habla de jornadas dobles y eso ha avanzado a, por ejemplo, pensiones alimenticias compensatorias para mujeres que han cuidado”

Úrsula Martínez dejó claro que el mayor riesgo que hay tras la aprobación de la ley es que no se pueda implementar porque al hablar de infraestructura y presupuesto se tiene que platicar sobre la reforma fiscal progresiva que se debe de hacer.

“Estoy de acuerdo con los programas sociales pero si ahora la ley dice que debe de haber infraestructura y presupuesto hay que entrarle a la discusión de cómo está recaudando los impuestos la ciudad y cual es la corresponsabilidad de las empresas…Esto es un sistema público de cuidados, lo que quiere decir que 100 por ciento lo va a cubrir el gobierno"

Por lo anterior, lamentó que no se haya tomado en cuenta la iniciativa privada ya que al final son las empresas las que también se enriquecen del trabajo que desempeñan las personas cuidadoras.

Sobre el papel que deben de asumir las alcaldías y el Gobierno capitalino, Úrsula informó que la ley contempla obligaciones directas para cada una de ellas y que lo primero es impulsar el reconocimiento social y económico del trabajo de cuidados no remunerados, promover la responsabilidad compartida entre géneros, ofertas educativas, oportunidades más allá del trabajo de cuidado, tener salarios dignos, seguridad, prestaciones y apoyar la creación de cooperativas de cuidado.

“La distribución de competencias habla de esta implementación progresiva, todo se tiene que hacer con presupuesto y correlación”.

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Contexto nacional

Cuestionada sobre los pendientes que hay para la implementación de un sistema nacional de cuidados, la abogada recordó que en su compromiso 51 la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la creación del Sistema de Cuidado para las mujeres en la maquila y en el campo pero no ha habido todavía avances y hay muchos pendientes, sobre todo legislativos.

“La Presidenta tiene la oportunidad y yo creo que sí hay una voluntad política de hacerlo, porque hay un presupuesto histórico para el cuidado… ella sí quiere hacer el sistema solo estamos esperando a que envíe la iniciativa”.

Otro punto importante para que México avance hacia una verdadera política nacional de cuidados es que haya un verdadero reconocimiento cultural de que cuidar es un derecho y un trabajo, y dejar de feminizar y familiarizar los trabajos de cuidado.

Remarcó que también es importante el compromiso de los gobiernos con la creación de la infraestructura necesaria y como ejemplo recordó lo que pasó con las escuelas de tiempo completo tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

“Llegó y empezó a desmantelar parte de la infraestructura de cuidado que ya había, quito las escuelas de tiempo completo que eran una programa que terminaban las clases de las infancias y se quedaban un rato más para hacer sus tareas, les daban comida”.

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Dijo que aunque en dicho programa se comprobó que había corrupción, la solución no era el desmantelamiento sino la corrección del mismo ya que era un buen programa.

Comentó que luego se implementaron los programas de apoyo directo, como las becas Rita Cetina y las Pensiones del Bienestar, los cuales consideró que aunque no están mal no hay garantía de que el dinero se ocupe con el objetivo por el que fue creado el programa además de que continúa dando la carga a las personas cuidadoras.

“Piensa en un adulto mayor que recibe dinero mensualmente, sigue siendo cuidado por sus hijas, por sus hijos, por su esposa, por sus nietas… entonces sería mucho mejor que un adulto mayor sí tuviera el dinero pero también una casa de día para ir a convivir con personas de su edad, para que pueda ser cuidado, que le puedan dar comida.

“Por eso digo, los programas sociales están bien, pero la infraestructura está mucho mejor”.

Por lo anterior, la abogada se cuestiona que tanta institucionalidad le importa crear al gobierno para que se cumpla la ley y como ejemplo pone el sistema nacional anticorrupción.

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“Hoy está totalmente desmantelado, no sabemos en que está. El INAI desmantelado, el Coneval desmantelado, esas instituciones que ya estaban ahí, que tenían que arreglar entonces ¿por qué ahora el gobierno quiere crear una nueva institución como el Sistema Nacional de Cuidados? ¿lo va a respetar, cómo lo va a garantizar?

Ante estos cuestionamientos, Úrsula Martínez mencionó que ahora lo que sigue es ponerle marca personal al gobierno para que se cumpla la ley y se realice la integración del consejo ciudadano que va a ser el contrapeso del gobierno y va a darle poder a las personas.

Cuestionada sobre su experiencia en todo el proceso, la litigante señaló que ha sido todo un camino de aprendizaje personal y profesional que le ayudó a darse cuenta como todo el conocimiento jurídico que ha aprendido tiene que verse reflejado en crear soluciones para los los problemas de la gente.

“Era importante para mi darles a las mujeres de mi generación la certeza de saber donde vamos a terminar y a las mujeres cuidadoras de toda la vida es hacer justicia porque nadie les ayudó, han cuidado toda su vida… es justicia distributiva”.

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