Diputada local del PAN busca tipificar la tentativa de despojo; se modificaría el Código Penal de la CDMX

La diputada local del PAN, Olivia Garza, propuso tipificar la tentativa de despojo.

Durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local con la finalidad de sancionar a las personas que busquen apropiarse de un inmueble, pero que no lo logren por causas ajenas a su voluntad.

“La legislación sanciona con severidad el delito consumado, pero mantiene una brecha para perseguir de manera efectiva los actos dirigidos inequívocamente a apoderarse de un inmueble cuando el despojo está en proceso”, indicó.

La punibilidad aplicable a la tentativa será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la pena máxima previstas para el despojo, es decir, de dos a 7.3 años de prisión.

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La legisladora panista recordó que la Suprema Corte ha establecido que el despojo es un delito de consumación instantánea y que esto ocurre cuando materialmente se realiza la ocupación.

“Por lo tanto, mientras no se concrete esa ocupación, las autoridades enfrentan dificultades para perseguir los hechos como despojo, aun cuando existan actos claramente encaminados a cometerlo. El Código Penal contempla en su artículo 20 una regla general para sancionar la tentativa. El problema es que la tentativa de despojo no está expresamente tipificada y esa regla general ha resultado inoperante en la práctica”, añadió.

Olivia Garza subrayó que esta iniciativa no pretende criminalizar conflictos civiles, ni convertir cualquier acto previo en tentativa de despojo.

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“No basta con estar afuera de un inmueble, contratar vigilancia o realizar un acto que aisladamente pueda tener una explicación legítima. El Ministerio Público y, en su caso, la autoridad judicial tendrá que acreditar que existieron actos de ejecución idóneos, inmediatos e inequívocamente dirigidos a consumar el despojo”, sostuvo.

Por último, dijo que la política criminal no puede consistir únicamente en aumentar las penas después de que una familia perdió su casa. “También debe darle al Estado herramientas para intervenir cuando existen elementos suficientes para acreditar que alguien está intentando quitársela”.

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