Aprueban en comisiones del Congreso de CDMX que tocamientos, caricias y roces se persigan de oficio; penas irían de 1 a 6 años de prisión

Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para que se persiga por oficio, es decir sin necesidad de denuncia, los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explicitas.

Estos comportamientos serían considerados como actos sexuales, y se castigarían con una pena de uno a seis años de prisión y la obligación de acudir a servicios reeducativos.

El dictamen establece que estas penas se incrementarán en un año cuando exista violencia física, psicoemocional o moral; cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de confianza, sentimental o de parentesco; cuando se realice por una persona que tenga a la víctima bajo su responsabilidad; cuando se realice por un servidor pública, profesionista o ministro de culto; cuando la víctima se encuentre bajo los efectos de alcohol o fármacos; cuando esté embarazada o no tenga la capacidad de comprender el dignificado del hecho.

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De igual forma, este dictamen amplía el concepto de violencia familiar para incluir la violencia familiar entre pareja, con esto se reconoce legalmente las agresiones ocurridas en relaciones de noviazgo, relaciones sexoafectivas o exparejas, independientemente de si cohabitan o no en el mismo domicilio, visibilizando violencias que antes eran tratadas como conflictos menores.

A su vez, se tipifica el acoso sexual digital para sancionar a quien, utilizando medios tecnológicos o informáticos, contacte a menores de edad o personas incapaces con fines sexuales, solicitud de contenido íntimo o encuentros físicos, imponiendo penas de cuatro a seis años de prisión. También este delito se perseguiría por oficio.

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Al respecto, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, detalló que este dictamen incluye una iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y que una característica fundamental de esta propuesta es la inclusión de medidas reeducativas dirigidas a los agresores con el propósito de transformar patrones culturales y socioculturales que perpetúan las desigualdades y reproducen las violencias en contra de las mujeres.

“Al combinar la sanción penal con la reeducación, se busca no sólo castigar, sino también promover la no repetición y fomentar la construcción social de masculinidades positivas. Esto implica un enfoque innovador que se alinea con recomendaciones internacionales y reconoce que la justicia con perspectiva de género debe garantizar cambios estructurales y no meramente punitivos”, añadió.

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