Tuxtla Gutiérrez.— En Chiapas, las leyes que prohíben la cohabitación forzada y las uniones con menores de edad son letra muerta y se someten a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Estas prácticas prevalecen en las comunidades tzotziles y tzeltales de la región Altos; los padres acuerdan con otras familias las uniones de sus hijas con parejas, que pueden ser menores de edad o personas adultas, mediante pagos económicos y dotes.
La cohabitación forzada en Chenalhó, Oxchuc, Chamula, Zinacantán y asentamientos indígenas en San Cristóbal de las Casas se resuelve con la entrega de miles de pesos al padre o la madre de la menor pretendida.
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La mayoría de esos nexos no son matrimonios registrados ante el Registro Civil, sino “bodas” celebradas en el entorno familiar.
Pobladores indican que en comunidades de los municipios de Oxchuc y Chamula se realizan los acuerdos de enlace con niñas de 13 años en adelante, a cambio de 40 mil o 50 mil pesos.
Se trata, dicen los pobladores, de uniones entre niñas y hombres mayores; la relación no la determina “el sentimiento o el amor; no se enamoran, no se permite”.
En parajes y comunidades de Zinacantán y Chenalhó los montos por una niña alcanzan los 80 mil pesos o más, mientras que en Chamula los usos y costumbres toleran la poligamia.
Otro acuerdo de cohabitación forzada con menores, o de relación consentida para matrimonios o uniones con menores o mujeres que alcanzan la mayoría de edad, son las dotes en especie. El pretendiente entrega alguna res, caballo o cerdo, así como canastas con alimentos y productos básicos, pan, posh (aguardiente de maíz), cajas de cervezas y refrescos.
Los usos y costumbres restringen y someten a las mujeres a unirse o casarse antes de cumplir los 20 años, pues después de esa edad sólo pueden cohabitar con varones de otro poblado, lo que implica dejar a su familia y quedar en una situación aún más vulnerable.
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Letra muerta
El Congreso estatal aprobó el pasado 30 de enero penas de ocho a 15 años de prisión contra la cohabitación forzada en menores de 18 años. La sanción aumenta si la agraviada pertenece a comunidades indígenas o grupos afromexicanos, pero las cosas no cambian.
El objetivo es erradicar las uniones informales obligadas, amparadas en los usos y costumbres de los pueblos nativos. La cohabitación forzada en Chiapas es “un problema crítico que arrebata la infancia, aumenta la violencia doméstica y limita el desarrollo de niñas y adolescentes”, argumentó el Legislativo cuando se votó el incremento en las penas.
Antes, el 30 de octubre de 2025, la Legislatura aprobó la ley de interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes de Chiapas, para regular y garantizar que las mujeres puedan acceder a procedimientos médicos seguros, gratuitos y de calidad, sin discriminación, con dignidad y perspectiva de género.
Sin embargo, en la práctica nada de esto se respeta ni se cumple.
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Esto se demostró el 2 de enero pasado, cuando una niña tzotzil de 13 años ingresó grave al área de Terapia Intensiva del Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, con un embarazo de 34 semanas, que puso en riesgo su vida y la de su hijo en gestación, que nació prematuro. Llegó acompañada de sus familiares y de su pareja, un joven de 17 años; ambos cohabitan con el consentimiento de sus padres.
La Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Colectiva Feminista 50+1 afirma que ese y otros casos demuestran que la ley no se aplica con eficacia. “Esas uniones continúan sin que ninguna autoridad intervenga para prevenirlas, investigarlas o sancionarlas”.
El caso de niñas embarazadas es preocupante; no son hechos aislados, sino parte de una problemática estructural que prevalece en las comunidades de Chiapas.
La colectiva expuso que en junio de 2024, después de que se informó de que Chiapas ocupaba el primer lugar nacional en embarazos adolescentes, la Legislatura local aprobó reformas para prohibir y sancionar el matrimonio infantil, pero en la práctica no funcionan.
La diputada local Alejandra Gómez Mendoza expuso que Chiapas ocupa el primer lugar en el país en embarazo infantil y adolescente. Esto implica que de los 124 municipios de la entidad en 80 se registra un índice 8 en embarazo, que es el más alto.
Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Legislativo estatal, aseguró que la cohabitación forzada es una práctica que vulnera derechos y limita el desarrollo pleno de las mujeres, sobre todo menores de edad.
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Diana Ivens, abogada y activista por los derechos de las mujeres, las adolescentes y la niñez, cuestiona los usos y costumbres cuando prevalecen sobre la dignidad “de miles de niñas y adolescentes, que son obligadas a tener este tipo de uniones”.
Señala que ninguna niña ni adolescente debe ser obligada a casarse contra su voluntad y mucho menos que para ello se aleguen tradiciones, usos o costumbres.
Expuso que en muchas regiones indígenas las autoridades estatales no tienen permitido ingresar a la comunidad y es ahí “donde se siguen dando esas prácticas que se justifican como tradiciones, y lo único que hacen es lastimar la dignidad y la vida de niñas y adolescentes”.
Indicó que, pese a que en México está prohibido el matrimonio antes de los 18 años, hay 18.2% de matrimonios con mujeres menores que son obligadas a casarse.
Señaló que esas uniones son legitimadas en las comunidades de pertenencia, donde dominan las pautas patriarcales “que persisten desde hace siglos, con mayor frecuencia en comunidades rurales, pueblos originarios, zonas aisladas o en extrema pobreza”.
Cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) de agosto de 2025 señalan que los estados con más porcentaje de uniones tempranas con uno o dos contrayentes menores de 18 años son Guerrero, con 35%; Chiapas, con 27.6%, y Zacatecas, con 27.1%.
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De acuerdo con el Inegi, en 2024 se reportaron 8 mil 200 nacimientos en los que las madres eran menores de edad. Las madres-niñas hablantes de lengua indígena tienen una tasa de cinco nacimientos por cada mil niñas, mientras que la de no hablantes es de 2.4 por cada mil.
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