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El Senado de la República declaró la validez de la reforma constitucional en materia de feminicidio, la cual obliga al Congreso de la Unión a expedir una ley para homologar penas y protocolos de investigación contra dicho delito, que ha aumentado en México en la última década.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, hizo esta declaratoria después de confirmarse el aval de 27 congresos estatales, con lo cual se alcanza la mayoría requerida.
La modificación corresponde al artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y representa un cambio de fondo: otorga al Congreso de la Unión la facultad con la finalidad de expedir legislación general en materia de feminicidio, para homologar criterios, tipificaciones y sanciones en todo el país.
Con esta reforma, el Congreso federal podrá establecer un marco jurídico único que obligue a las entidades a armonizar sus legislaciones, lo que abre la puerta a criterios homogéneos con la intención de acreditar el crimen; protocolos de investigación más claros; mayor coordinación entre fiscalías y reducción de la impunidad derivada de vacíos legales.
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dft/bmc
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