Pueblos mayas de Yucatán denuncian afectaciones a su territorio; bancos de materiales pétreos pretenden instalarse cerca de zonas arqueológicas

Mérida, Yucatán.- Los pueblos mayas de Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec y Hotzuc mantienen una ofensiva legal contra bancos de materiales pétreos que operan o pretenden instalarse cerca de sus viviendas, sitios arqueológicos y fuentes de agua.

Las comunidades acusan a las autoridades federales y estatales de no garantizar sus derechos al territorio, la consulta indígena y un medio ambiente sano.

También cuestionaron al Poder Judicial de la Federación por haber permitido que uno de los proyectos continúe mientras se resuelve un juicio de amparo.

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Acompañados por la organización Utsil Kuxtal, los habitantes han presentado denuncias ante dependencias ambientales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y tribunales federales.

El colectivo señala que las irregularidades y afectaciones señaladas todavía no han sido acreditadas mediante resoluciones definitivas.

El caso más reciente es Yaxcopoil, cuyos habitantes presentaron el pasado 19 de agosto una denuncia ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS).

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Las acciones legales están dirigidas contra los bancos de materiales CYPSSA-Península y otro cuya razón social se desconoce.

La comunidad sostiene que ambos bancos fueron instalados sin consulta y cuestiona su cercanía con zonas habitadas y patrimonio arqueológico.

El colectivo Utsil Kuxtal indicó que un estudio técnico incorporado a las denuncias, ubica las operaciones a 994 metros del núcleo poblacional de Yaxcopoil, a mil 918 metros del sitio arqueológico Yaxcopoil-Tanmul y aproximadamente a 600 metros de un tanque estacionario de gas.

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En marzo de este año, habitantes de San José Tzal, Hotzuc y Tebec promovieron un juicio de amparo contra autoridades federales y estatales por las omisiones que permitieron el funcionamiento de un banco de extracción de la empresa PROSER.

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