Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre la “escalada de violencia” contra periodistas, autoridades municipales agrarias, mujeres y personas defensoras de derechos humanos y del territorio en Oaxaca.
A través de un pronunciamiento, señalaron que es claro que aún con el discurso gubernamental estatal de respeto a la libre expresión y a las opiniones disidentes, no pudo evitar el brutal asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar ocurrido el 22 de julio, quien ya había denunciado amenazas en su contra, provenientes del mismo Poder Ejecutivo.
De igual manera, señaló, son inadmisibles las amenazas hacia el periodista Pedro Matias Arrazola, quien ejerce su labor con un alto compromiso por los Derechos Humanos en el Estado de Oaxaca.

"Manifestamos nuestra preocupación, indignación y rechazo ante la omisión del Estado para la aplicación de la justicia en cada uno de los casos”, expresaron las organizaciones que forman parte de la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO).
Recordaron que Oaxaca ocupa el quinto lugar más peligroso en el país para ejercer el periodismo y se encuentra en el primer lugar nacional en casos de tortura con expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR), reconocido por la propia ombudsman Elizabeth Lara Rodríguez de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Asimismo, el estado ocupa el primer lugar nacional en homicidios contra activistas y defensores del territorio y el medio ambiente, la gran mayoría pertenecientes a pueblos originarios.
“En el segundo informe presentado por la ACDHO en marzo del presente año, denunciamos agresiones sistemáticas, desplazamiento forzado y afectaciones por megaproyectos y extractivismo, advirtiendo los altos niveles de impunidad y el riesgo latente en el Estado para quienes defienden Derechos Humanos, como lo evidencia el reciente asesinato del periodista”, agregó.
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Ante este escenario de violencia, exigieron a las instancias correspondientes del Estado mexicano que el asesinato de Alejandro Leyva no quede impune; se esclarezcan los hechos conforme a los estándares en el ejercicio al Derecho a la comunicación y la libre expresión; se sancione los responsables y se aplique la justicia.
“Y ante la inoperancia del Estado, pedimos la solidaridad de Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que acompañen el proceso de investigación y sanción a los responsables”.
También exigieron un alto a las amenazas hacia el periodista Pedro Matías Arrazola, corresponsal de Proceso en Oaxaca.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para Todas, Todos y Todes”, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, A.C. (IDEMO), Tequio Jurídico A.C., la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., y el Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos", A.C. (GESMujer).
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