Morelos prepara relevo en Cuautla y Atlatlahucan; investigan a alcaldes por vínculos criminales

Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia anunció trabajo político para resarcir la crisis política en los municipios de Atlatlahucan y Cuautla, cuyos alcaldes son investigados por la Fiscalía General de la República por su relación con el Cártel del Pacífico.

González Saravia atendió a la prensa en los pasillos del Palacio de Gobierno, y adelantó que apoyarán a las síndicas municipales para asumir el cargo provisional de presidentas municipales, y después integrará ternas que enviará al Congreso de Morelos para elegir a los sustitutos de los ediles procesados por delincuencia organizada y extorsión.

El miércoles, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ejecutó seis de 10 órdenes de aprehensión en contra de los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, el primero está prófugo de la justicia; el tesorero de Cuautla, así como el oficial mayor en turno y su antecesor. También detuvieron al expresidente municipal de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala y a la consejera estatal de Morena, Arisbel Rubí Vázquez Amaro.

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“Nosotros no vamos a proteger a nadie. Como ustedes se dieron cuenta todos los detenidos son de diferentes partidos, incluyendo la consejera de morena, del PAN prácticamente todos los alcaldes y algunos de Movimiento Ciudadano. Aquí no se trata de un tema partidario”, dijo la gobernadora.

Más adelante respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de someter a exámenes de control y confianza a todos los políticos a exámenes de control y confianza, para estar seguros de que no tienen ningún vínculo que perjudique a la ciudadanía.

Buscan amparo

Y mientras los Cabildos de Cuautla y Atlatlahucan acuerdan la toma de protesta de las síndicas municipales como alcaldesas provisionales, el edil de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, la consejera electoral de Morena, Arisbel Rubí, así como el tesorero y el exoficial mayor de Cuautla, Jonathan Espinoza Salinas y Horacio Zavaleta, respectivamente, obtuvieron suspensiones provisionales para evitar ser incomunicados y extraditados a Estados Unidos.

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Ante el juez correspondiente alegaron que fueron objeto de incomunicación y actos de tortura durante su retención.

La resolución establece: “Se decreta de plano la suspensión a la parte quejosa (…) para el efecto de que inmediatamente cese cualquier acto que implique incomunicación, desaparición forzada y deportación o expulsión”.

El edil, surgido de la alianza PRI-PAN-PRD-RSP, y Arisbel, de acuerdo con las autoridades federales, son sujetos de investigaciones por sus presuntos vínculos con una red de corrupción y extorsión en la región oriente del estado.

Los políticos morelenses continuarán detenidos, pero conforme con la determinación judicial, las autoridades federales están obligadas a permitir contacto inmediato con sus abogados y familiares, además de garantizar su integridad física y jurídica mientras continúan los procesos judiciales.

Agustín Toledano y Jesús Corona, el edil prófugo, son investigados por su encuentro con el líder del Cartel del Pacífico, Júpiter Araujo, “El Barbas”.

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