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Cuernavaca, Mor.- Estudiantes de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mantuvieron sus protestas en las calles para exigir justicia por Kimberly Ramos y Karol Toledo, víctimas de feminicidio, en un lapso de 10 días.
Los estudiantes presentaron su pliego petitorio “ante las respuestas tardías y la ausencia de soluciones concretas por parte de la rectora Viridiana León Hernández y las instancias gubernamentales correspondientes”, y anunciaron que la asamblea estudiantil acordó sumarse al paro indefinido que ya ejercen varias comunidades estudiantiles de la UAEM.
Demandan asimismo justicia y transparencia ante los múltiples casos de desaparición, inseguridad y violencia y falta de respuestas concretas por las autoridades.
Los estudiantes piden garantías de no represalias por su participación en el movimiento en respeto a sus derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas. “Que nunca se nos olvide que a Kimberly nos la arrebataron dentro de la máxima casa de estudios de Morelos, y que nunca se les olviden Karol, Aylin, Mafer, Ariana y Viridiana porque quienes seguimos diciendo ‘presente’ dentro y fuera de las aulas”, sostuvieron.
Entre llanto y demanda de justicia, despiden a Karol en Mazatepec
Y mientras en Cuernavaca la marcha enfilaba hacia la explanada General Emiliano Zapata Salazar, en el municipio de Mazatepec, surponiente del estado, una columna de dolientes acompañaba el cortejo fúnebre de Karol, la joven de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desaparecida el lunes pasado y encontrada sin vida el jueves por la mañana.
Por la avenida principal desfiló el féretro blanco con el cuerpo de Karol de 18 años de edad. Cuatro hombres cargaron a cuestas el ataúd para llevarlo a la iglesia de San Lucas y recibir una misa de cuerpo presente.
Los dolientes abrieron espacios al silencio para reprimir el dolor, pero sus rostros volvieron al llanto cuando la música de viento transformó la atmósfera en un halo de tristeza.
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La marcha que viene
A 24 horas de las movilizaciones por el 8M, el palacio de Gobierno amaneció blindado con vallas metálicas, cuya medida, expresó el secretario Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia, es preventiva y busca evitar que alguien resulte lesionado durante las manifestaciones.
“El objetivo es cuidar la integridad de la ciudadanía de quienes participan en las movilizaciones y del personal que labora en área. También debo de informar que a solicitud del grupo organizador de la marcha del 8M, vamos a poner a policías estatales, mujeres cuidando esta manifestación”, dijo el jueves y anunció la colocación de protecciones temporales en algunos inmuebles de la zona.
En vísperas de la manifestación por el Día Internacional de las Mujeres, el gobierno de Morelos afirmó que las movilizaciones de ese día representan una agenda construida desde la lucha social y el trabajo sostenido de colectivas, organizaciones y mujeres.
“Hacemos un respetuoso llamado a que la manifestación sea entendida y tratada como lo que es: un ejercicio legítimo de derechos. Criminalizar la protesta o deslegitimar sus causas no contribuye a la construcción de soluciones. El diálogo democrático y el respeto a la libre expresión son pilares de una sociedad plural y justa”, informó el gobierno morelense.
También el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, pidió no criminalizar las expresiones de colectivas durante movilizaciones en el 8M y reiteró su respeto a la libre manifestación y compromiso de apoyar las medidas y políticas públicas que permitan a las mujeres de Cuernavaca, de Morelos y del país, acceder a una vida libre de violencia, como es su derecho.
Protocolo contra las manifestaciones
En este escenario, la SSPC publicó este jueves en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el “Protocolo de actuación policial para manifestaciones en el estado de Morelos”, un mecanismo inexistente en el estado que ha provocado, de acuerdo con la argumentación de la dependencia, que las autoridades participen de manera coordinada en protocolos de actuación frente a movilizaciones sociales, lo que ha generado riesgos latentes de uso excesivo de la fuerza, violaciones a derechos humanos y desconfianza ciudadana.
En ese contexto, el artículo 13 del protocolo establece que el personal policial actuará bajo los principios de "absoluta necesidad" para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor.
Actuará, según este protocolo, en el marco de la legalidad para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
También tiene por objetivo la prevención para que los operativos para el cumplimiento de la ley se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar.
En el plano de la ‘proporcionalidad’ el protocolo establece que el nivel de fuerza utilizado deberá ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza.
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