Escala conflicto entre poderes en Nuevo León; Congreso local inicia ruta de juicio político contra Samuel García

Monterrey, Nuevo León. - La disputa política entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el Congreso Estatal, que comenzó prácticamente desde el arranque de su administración en 2021, podría escalar ahora a un juicio político que abriría la puerta a un eventual desafuero del mandatario estatal.

La Comisión Anticorrupción del Congreso local fue convocada para sesionar este viernes y analizar la procedencia de la solicitud promovida por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien denunció una presunta triangulación de recursos públicos en favor de Movimiento Ciudadano durante el proceso electoral de 2024.

La petición fue admitida por la Diputación Permanente y enviada con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción.

En caso de que los legisladores determinen que existen elementos para iniciar el procedimiento, Samuel García será notificado y contará con cinco días hábiles para presentar su defensa por escrito o comparecer ante el Congreso.

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El posible juicio político se suma a una larga confrontación entre el Ejecutivo estatal y la mayoría legislativa conformada por PRI y PAN.

Desde que García asumió la gubernatura en octubre de 2021, la relación entre ambos poderes estuvo marcada por desacuerdos en torno a la aprobación del presupuesto estatal, la designación del fiscal general, nombramientos en organismos autónomos, la contratación de deuda y diversos vetos e impugnaciones que terminaron en tribunales.

Foto: Cortesía Congreso del Estado de Nuevo León

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en 2023, cuando Samuel García buscó separarse temporalmente del cargo para contender por la Presidencia de la República.

La disputa por la designación del gobernador interino provocó una crisis política sin precedentes en Nuevo León, con resoluciones de la Suprema Corte, enfrentamientos entre fuerzas políticas y señalamientos mutuos de invasión de facultades.

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A lo largo de estos años, tanto el Gobierno estatal como el Congreso han promovido controversias constitucionales, acciones legales y denuncias ante distintas instancias, convirtiendo la relación institucional en una de las más conflictivas en la historia reciente de Nuevo León.

Ahora, esa confrontación podría alcanzar una nueva dimensión.

De avanzar el procedimiento, el Congreso tendría que votar el juicio político en el Pleno y, en una etapa posterior, correspondería a las autoridades jurisdiccionales determinar las sanciones aplicables.

Entre las posibles consecuencias previstas por la legislación se encuentran la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Mientras el gobernador encabeza actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y mantiene una agenda pública enfocada en la promoción internacional de Nuevo León, en el Congreso se prepara una batalla política y jurídica que podría convertirse en el mayor desafío institucional de su mandato.

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