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Bahía de Banderas.— Habitantes de Punta Mita, en Bahía de Banderas, Nayarit, denuncian que durante ocho años han sido testigos de cómo Playa Las Cocinas, lugar de anidación de distintas especies de tortugas, ha dejado de ser un espacio público y se ha transformado en un lujoso proyecto inmobiliario privado de la Riviera Nayarit.
Acusaron que sus protestas han sido criminalizadas por parte de las autoridades, y durante las negociaciones, el gobernador del estado, Miguel Navarro Quintero (Morena), afirmó que el acceso a la playa está garantizado para todas las personas; sin embargo, los pobladores que el proyecto avanza a pesar de que —aseguran— no cuenta con los requisitos necesarios.
A manera de barricada para oponerse a la última negociación del gobierno estatal que permitiría el ingreso sólo a cinco de los 20 metros de la zona federal concesionada a la empresa desarrolladora, los pobladores de Punta Mita preparan un festival cultural, que tendrá lugar el próximo sábado, para dar a conocer lo que ocurre con esa playa y su importancia. Además, piden la intervención directa del gobierno federal porque consideran que las administraciones municipal y estatal ya nada pueden hacer.
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Efraín López, habitante de Punta Mita y uno de los defensores más activos, recordó que desde 2018 la empresa Candiles de Mita, del Grupo Dine, colocó en esa playa gaviones (estructuras de piedra de río y malla ciclónica) como un preámbulo de lo que vendría.
“El año pasado fue cuando empezaron otra vez a trabajar y remover los gaviones y los empezaron a reemplazar con unas piedras grandes que pesan toneladas; entonces se hizo una denuncia ciudadana y los clausuraron (...) nosotros bajamos la guardia porque pensamos que como habían clausurado ya todo estaba en manos del gobierno y ellos iban a darle seguimiento a la situación, pero no sucedió así”, indicó López.
Un proyecto de largo aliento
Según la información disponible en el portal del Grupo Dine, su proyecto en Punta Mita comprende 21 comunidades en 700 hectáreas rodeadas de 14 kilómetros de litoral, y su construcción se proyectó de 1994 a 2030; en total se prevén “mil unidades residenciales en tiempo completo, más unidades en tiempo fraccional, cuatro hoteles y un plan de membresías que incluye dos campos de golf, clubes de playa, un club de tenis, andadores y un muelle, entre otras amenidades”.
“Algunos pescadores y prestadores de servicios turísticos que iban pasando en sus lanchas notaron movimientos inusuales en la zona de la playa Las Cocinas, vieron maquinaria, presencia de seguridad y restricciones de acceso a un espacio que históricamente ha sido utilizado por pescadores, buzos y familias del pueblo; al principio hubo algo de confusión porque la obra ya había sido clausurada, pero se empezó a compartir la información y nos empezamos a dar cuenta que no se trataba de algo menor, que era un desarrollo de una magnitud gigantesca”, señaló López.
Los pobladores observaron que los 20 metros de zona federal que supuestamente deben ser de acceso libre estaban bloqueados por las obras y causando, además, un daño ambiental.
“Tumbaron mangles, las manzanillas y quitaron la planta de la raya que crece ahí, así que empezamos a tener reuniones y protestas pacíficas para tener información. La gente se empezó a juntar y tuvimos varias reuniones con miembros del gobierno municipal, incluyendo la Profepa y Semarnat, y también incluimos a un par de abogados del grupo Dine para ver si podíamos llegar a algún acuerdo y que dejaran libres los 20 metros de zona federal, pero como era de esperarse no dio resultado”, explicó el activista.
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Criminalización
El lunes 26 de abril los defensores del territorio público realizaron “un día de playa y concientización” en Las Cocinas y llegaron decenas de policías del estado, lo que generó tensión.
Un día después, llevaron a cabo una marcha pacífica que culminó en la playa y de nuevo se toparon con una valla de policías resguardando la zona, por eso, un grupo de personas decidió cerrar la carretera, recordó Efraín López.
Tras esa manifestación, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, declaró que posiblemente detrás de la protesta estuviera el crimen organizado y no permitiría bloqueos carreteros ni ataques a la inversión privada. Por su parte, los pobladores tuvieron una cuarta reunión con representantes del gobierno municipal, Semarnat, Profepa y la empresa, pero no se llegó a ningún acuerdo.
El martes 28 de abril, tres de las personas que bloquearon la carretera fueron detenidos por la policía estatal y trasladados a la fiscalía del estado, en Tepic; ese mismo día por la noche, el mandatario citó a una nueva reunión entre todos los actores en la capital del estado, y aunque se logró la liberación de las tres personas detenidas y que la empresa “cediera” cinco metros de la zona federal, los habitantes de Punta Mita continúan inconformes.
“En realidad, nadie quería ir, todos teníamos temor por nuestra seguridad, no veíamos que el gobierno nos estuviera defendiendo a nosotros, pero también fue un espacio para expresar de manera directa al gobernador lo que está viviendo el pueblo; sin embargo, hasta ahora la comunidad sigue percibiendo una brecha entre lo que se dice en esas reuniones y lo que realmente ocurre en el territorio”, insistió López.
La dudosa legalidad
Quienes se oponen a este proyecto recuerdan que la concesión otorgada en 2004 por la Semarnat a la empresa sólo tiene efecto en 54 mil 879 metros cuadrados y establece un uso exclusivo de protección que garantiza el libre tránsito y no permite construcción ni actividades comerciales; afirman que en 2025 esa concesión se prorrogó hasta 2034 sin cambiar su estatus y no se explican por qué las obras continúan.
Por su parte, la empresa ha justificado su intervención en la playa bajo el argumento de que la erosión en la zona ha provocado que la playa retroceda entre 12 y 31 metros desde 2007, por lo que presentó un aviso de obras de emergencia ante Semarnat, pues algunas estructuras de protección ya habían colapsado.
No obstante, puntualizan los activistas, la Semarnat ha señalado que no hay una emergencia inminente, por lo que toda obra en la playa requiere autorización.
La situación ha provocado que la Secretaría de Gobernación emita un comunicado en el que asegura que ya atiende el caso mediante mesas de negociación entre los pobladores, la empresa, el gobierno estatal, la Semarnat y la Profepa, privilegiando en todo momento el derecho público de acceso a las playas.
EL UNIVERSAL intentó contactar con personal del grupo Dine y envió solicitudes de entrevista para conocer su postura en este conflicto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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cdm
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