Hacienda endurece vigilancia antilavado; banca detecta extorsiones operadas desde penales
La UIF emitió una nueva guía para que bancos identifiquen transferencias y movimientos sospechosos ligados a esquemas de extorsión
Debido a que la extorsión constituye uno de los delitos predicados de operaciones con recursos de procedencia ilícita para ser colocados, dispersados y movilizados en el sistema financiero e incorporados a la economía formal, la banca privada que opera en el país, deberá cumplir con una nueva disposición para poder detectar casos sospechosos sobre todo operados desde los reclusorios, y reportarlos a las autoridades antilavado, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Tendrán que vigilar la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos, sobre todo a través de aplicaciones móviles.
Con base en el análisis y la experiencia de la banca, se sabe que dichas operaciones concentran alrededor del 70% de las observadas.
De ahí que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero.
Se ordena a las instituciones de crédito que en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios se se identifiquen “Casos Relacionados a Extorsión”.
Ello con el objetivo de fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la vinculación entre la extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Contiene señales de alerta, indicadores para el análisis y recomendaciones de monitoreo y evaluación de riesgos, así como prácticas de análisis estratégico y medidas mitigantes frente a los riesgos identificados.
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Ello permitirá a las instituciones financieras fortalecer sus procesos de detección y enfocar de manera más eficiente sus recursos de supervisión y control.
Para ello, los Oficiales de Cumplimiento de las entidades financieras contarán con 60 días naturales para presentar la Guía ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control para su aprobación y adopción.
Después dispondrán de un plazo adicional de 60 días para implementar su contenido en los procesos de análisis y reporte de operaciones, en aquello que resulte aplicable conforme a sus modelos de riesgo.
El contenido de la guía se sustenta en análisis estratégicos realizados por la UIF, mediante los cuales se identificaron patrones transaccionales asociados con esquemas de extorsión operados desde el interior de Centros Penitenciarios.
Para la elaboración de la guía se contó con el apoyo, apertura institucional y amplia disposición de la Asociación de Bancos de México (ABM).
Según la UIF, la participación de la ABM fue fundamental por su experiencia para enriquecer el análisis de patrones transaccionales, fortalecer los mecanismos de monitoreo y consolidar una herramienta práctica para las instituciones financieras.
Reconoció que la participación activa del sector bancario refleja su compromiso permanente con la prevención de la delincuencia financiera y con el fortalecimiento de la integridad y seguridad del sistema financiero nacional.
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