El consumo de fentanilo, metanfetaminas y otros opioides en México podría estar subestimado en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat 2025), ya que el ejercicio se basa en el autorreporte de los usuarios y no en el análisis químico del contenido real de las sustancias, limitación que incrementa los riesgos para los consumidores, advirtieron especialistas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, señalaron que si bien es positivo que se hayan retomado las mediciones en la materia, se requieren instrumentos más precisos, ya que el fentanilo suele mezclarse con otras drogas sin que quienes las consumen lo sepan, lo que vuelve invisible su presencia en los registros oficiales y limita la capacidad para dimensionar el problema y, en consecuencia, diseñar respuestas de salud pública acordes a su magnitud real.
Jaime Arredondo, quien fue profesor asociado del Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que la encuesta representa un avance necesario tras casi una década sin datos nacionales, pero no puede leerse como un diagnóstico completo, pues ofrece apenas una fotografía general que dificulta entender qué sustancias circulan realmente, cómo se están modificando y en qué regiones se concentran los mayores riesgos.

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“Resulta preocupante la manera en que se maneja el tema del fentanilo porque durante 10 años ni siquiera se midió en México. A partir de 2017 y 2018 [los investigadores] documentamos que el fentanilo empezó a utilizarse como adulterante, sobre todo en la frontera norte, y decir ahora que hay una reducción es una lectura simplista.
“Una cosa es lo que las personas reportan consumir y otra muy distinta es lo que efectivamente están consumiendo (...) y mientras no se incorpore esa información, el consumo de fentanilo va a seguir apareciendo como algo marginal, aunque esté presente como adulterante en otras sustancias”, dijo el titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Consumo de Sustancias y Políticas de Salud.
Así, Arredondo subrayó la necesidad de sistemas de monitoreo más dinámicos, capaces de generar evidencia en tiempo casi real mediante la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y federales, herramientas que permitirán identificar con rapidez nuevas sustancias o adulterantes, ajustar estrategias de tratamiento y evitar que los problemas de adicciones se consoliden antes de ser detectados por los sistemas tradicionales.
“El problema de las metanfetaminas, por ejemplo, no es nuevo y no empezó ayer. Aunque en las cifras nacionales aparece como un consumo bajo, en la práctica es la principal sustancia por la que las personas están llegando a los centros de tratamiento. Eso muestra que hay una desconexión clara entre lo que miden las encuestas y la realidad que enfrenta el sistema de salud”, afirmó el también doctor en Salud Pública Global por la Universidad de California.
Mario González Zavala, médico siquiatra especializado en adicciones, explicó que en el trabajo cotidiano con pacientes se observa una presión creciente sobre los servicios de atención que no está reflejada en las cifras nacionales que ayer presentó el gobierno federal.
Testificó que la Encodat 2025 no incorpora datos regionalizados, como los de centros de tratamiento, hospitales o de contextos de mayor vulnerabilidad, lo que puede llevar a minimizar el problema y retrasar la respuesta institucional frente a las adicciones.
“Cuando uno ve lo que está llegando a los servicios de atención, se da cuenta de que la demanda es mucho mayor de lo que sugieren las cifras generales. Los centros están saturados y muchos pacientes llegan con consumos ya problemáticos, lo que habla de un fenómeno que no se está captando a tiempo”, contó a EL UNIVERSAL.
Así, el experto planteó fortalecer y actualizar los sistemas de vigilancia epidemiológica, como el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, así como cruzar información de distintas fuentes, entre ellas centros de tratamiento, hospitales, servicios de urgencias, población penitenciaria y datos de decomisos.
También subrayó la necesidad de incorporar análisis químicos de las sustancias y no depender únicamente del autorreporte, a fin de contar con un diagnóstico más preciso que permita anticipar riesgos, dimensionar costos y orientar mejor las decisiones de salud pública.
Desde su trabajo en campo en la frontera norte, Lilia Pacheco, directora operativa de la organización civil Prevencasa, advirtió que los resultados de la Encodat deben leerse con cautela, ya que la falta de información precisa sobre poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad tiene un costo social directo, que se traduce en muertes por sobredosis, enfermedades prevenibles y violaciones a derechos humanos.
Explicó que durante casi una década sin datos oficiales comparables sobre consumo de opioides, la magnitud del problema quedó minimizada, lo que retrasó decisiones clave en materia de salud pública, como la disponibilidad de naloxona para revertir sobredosis, pese a que en el trabajo comunitario se documentaron fallecimientos de manera recurrente.
“La Encodat se levanta en hogares y eso invisibiliza a poblaciones que no viven en viviendas estables, como las personas en situación de calle, que es justamente donde se concentra buena parte del consumo de opioides en la frontera. Si no tenemos información de lo que ocurre en la calle y en los servicios comunitarios, las políticas públicas se construyen con una visión incompleta y se limita la atención de adicciones”, señaló la líder del organismo de reducción de daños a personas usuarias de drogas en contextos de alta vulnerabilidad.
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