Turna Senado a comisiones reforma contra pensiones doradas; se busca modificar el artículo 127 constitucional
La reforma propone topar a 70 mil pesos mensuales las remuneraciones
El pleno del Senado recibió y turnó a comisiones la reforma presidencial para acotar las llamadas pensiones doradas a 70 mil pesos mensuales a ex funcionarios públicos, pero que exenta a las fuerzas armadas.
Al iniciar la sesión solemne, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos la reforma al artículo 127 de la Constitución.
La reforma, según lo presentado, plantea que no existan pensiones exorbitantes y abusivas, que representan privilegios económicos en perjuicio de la población.
En la iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum propone topar en 70 mil pesos mensuales esas remuneraciones, es decir, el equivalente al 50 por ciento de la remuneración establecida para la persona titular de la Presidencia de la República.
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Quedan excluidas de este límite las Fuerzas Armadas; las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución.
En su propuesta, la mandataria argumenta que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece como uno de sus compromisos fundamentales la construcción de una República con trabajo y salario justo, en la que los salarios crezcan por encima de la inflación y se avance de manera progresiva hacia mejores condiciones de retiro.
Subraya que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos y adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar el ejercicio de los recursos públicos con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez.
“Sin embargo, algunas pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos se han apartado de estos principios, particularmente en el sector paraestatal, al generar percepciones que resultan desproporcionadas frente al promedio de la población”.
En la exposición de motivos, la presidenta Sheinbaum sostiene que en congruencia con los principios de austeridad, legalidad y responsabilidad financiera, la iniciativa no elimina derechos ni desconoce pensiones y jubilaciones, sino que busca “ordenar y armonizar dichos esquemas para garantizar que sean pensiones justas, sostenibles y acordes con una administración pública moderna y comprometida con el interés general”.
Recalca que al tratarse de recursos públicos del Estado Mexicano, el límite propuesto será aplicable tanto a las jubilaciones o pensiones futuras como a aquellas que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma.
jc/apr
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