Corte declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida; Hugo Aguilar felicita a AMLO por "escuchar a la comunidad"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó un decreto más del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, en una sesión en la cual el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz felicitó al exmandatario debido a la postura que asumió en el asunto.

En esta ocasión, el pleno declaró constitucional el decreto emitido en 2022 con el fin de declarar los terrenos del antiguo Lago de Texcoco, donde se iba construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), como Área Natural Protegida.

Ocho de los nueve ministros, a excepción de la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien no acudió a la sesión de hoy, rechazaron amparar a ejidatarios de San Salvador Atenco, los cuales se inconformaron contra el decreto ante un juez de amparo porque señalaron que no fueron consultados y se violó su derecho de audiencia previa.

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Hugo Aguilar pide garantía de audiencia reforzada

Lo anterior, al señalar que el ejido quejoso fue notificado previa emisión del decreto presidencial y tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas, formular alegatos antes de su emisión en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A pesar de que planteó al pleno negar el amparo a los ejidatarios, el ministro presidente se pronunció por una garantía de audiencia reforzada por los pueblos indígenas en este tipo de casos.

En una de sus intervenciones, Aguilar Ortiz afirmó que designar a la zona de Lago de Texcoco como área natural protegida en diálogo con las comunidades, fue la mejor decisión después de la situación que se vivió con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el sexenio del expresidente Vicente Fox.

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Afirmó que la decisión tomada por López Obrador marca un precedente y celebró que se haya escuchando a pobladores de los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

"Esta es la forma como se ha construido el país y ha generado daños históricos. Se han hecho caminos, presas, sin siquiera hablar con la gente, se les ha desplazado del lugar de origen, sin dialogar con ellos. Podemos cuestionar que no hubo más asambleas, pero el principio de escuchar a la comunidad, de construir juntos en este caso está presente. Felicito al Ejecutivo que en este caso lo haya hecho en la manera como esta, puede ser que no sea el mayor estándar, pero es una señal de que las cosas pueden hacerse de manera distinta”.

Pero el ministro Giovanni Figueroa Mejía afirmó que el proyecto resultaba contradictorio, porque se negó el amparo, pese a que se argumentó que se comprometió el derecho de audiencia.

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“Me parece, hasta un tanto contradictorio, que por un lado se diga que en este caso se comprometió el derecho de audiencia y se termine negando el amparo. Consideró que si ya tenemos precedentes obligatorios, entonces no queda más que ceñirse a ellos, a menos que tuviéramos muy buenas razones para cambiar el criterio aprobado apenas hace unas semanas”, reviró.

En respuesta, Hugo Aguilar Ortiz afirmó que el proyecto no es incongruente, ni se trata de una ocurrencia.

“No veo yo incongruencia en el proyecto porque lo que plantea el ejido quejoso es violación a la garantía de audiencia y le estamos respondiendo: ‘se te cumplió la garantía de audiencia’ e incluso, de manera reforzada. No es que yo esté planteando una cosa que sea una ocurrencia, sea un planteamiento sin sustento”.

“Todos fuimos testigos de la lastimosa situación que se vivió en esta región del país, en San Salvador Atenco, violaciones graves a derechos humanos que, incluso llegaron a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tuvo agresiones a la integridad física, privación de libertad, entonces a mí me parece que la decisión que se tomó”, dijo Aguilar Ortiz.

A su vez, la ministra Lenia Batres señaló que el decreto no cancela el uso de la tierra, ya que permite diferentes actividades productivas, agrícolas y ganaderas, entre otras.

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