En el marco de la discusión de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno propondrá un nuevo mecanismo de consultas públicas, no solo para temas electorales, sino también para decisiones relacionadas con el uso del presupuesto público y otros asuntos de la vida gubernamental en los ámbitos municipal, estatal y federal.
Durante su conferencia, la mandataria señaló que actualmente las consultas populares enfrentan limitaciones constitucionales, particularmente en materia electoral, lo que impide que la ciudadanía pueda opinar directamente sobre temas relevantes del sistema democrático.
“Las consultas públicas tienen hoy limitaciones para ciertos temas, uno de ellos son los electorales. No sé por qué se estableció así, porque la verdad se podría consultar sobre muchos asuntos electorales”, expresó.

Sheinbaum consideró que, con los ajustes adecuados, la democracia participativa puede fortalecerse mediante esquemas de consulta —incluso electrónicos— que permitan a la población incidir en decisiones cotidianas de gobierno, sin que necesariamente se trate de cambios estructurales de gran calado.
La presidenta ejemplificó que este tipo de mecanismos podrían aplicarse en decisiones municipales sobre obras públicas o servicios urbanos, donde el involucramiento ciudadano ayudaría a una mejor asignación de los recursos.
“Hay muchas decisiones municipales, estatales y federales que pueden ponerse a consulta. Por ejemplo, si el presupuesto se dedica a una calle o a otra obra, o si una vialidad debe ser de un solo sentido o de doble sentido. Son decisiones que hoy toman los presidentes municipales y vale la pena conocer la opinión de la gente”, explicó.
La mandataria subrayó que la intención no es sustituir a las instituciones representativas, sino complementarlas con herramientas que amplíen la participación ciudadana y fortalezcan la legitimidad de las decisiones públicas.
Finalmente, adelantó que la propuesta formará parte de los planteamientos que su administración presentará en el marco de la reforma electoral, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de democracia participativa más cercano a la ciudadanía y con mayor incidencia en el ejercicio del gasto público.
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