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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó que el cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026 es “una grave afrenta” contra estudiantes, madres y padres de familia, así como contra el magisterio del país.
La Sección 9 de la CNTE rechazó la decisión impulsada por Mario Delgado desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adelantar el fin de clases al próximo 5 de junio, cuando el calendario oficial marca el 15 de julio como cierre formal del ciclo escolar.
En un pronunciamiento, el magisterio disidente acusó que la medida fue impuesta “de manera irresponsable, unilateral y autoritaria” durante la 66 Reunión Nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, realizada el pasado 7 de mayo.
La CNTE sostuvo que el argumento oficial sobre las altas temperaturas y el Mundial de Futbol son “mentiras y falsos propósitos”, pues aseguró que el verdadero objetivo del gobierno federal es frenar la protesta magisterial y contener las movilizaciones relacionadas con la exigencia de una nueva Ley del ISSSTE.
“El motivo esencial del gobierno federal es estrictamente político y económico para frenar la protesta magisterial”, señaló la organización.
El documento también acusa al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, de operar como parte de una “mafia sindical charra” utilizada por los gobiernos de la llamada cuarta transformación para controlar al magisterio y contener la disidencia.
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Además, la CNTE advirtió que las movilizaciones y estrategias de lucha “no están a negociación” con ninguna autoridad ni partido político, y dejó claro que mantendrá su plan de acción hasta lograr la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
En su posicionamiento, la organización exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cancelar el cierre adelantado del ciclo escolar y abrir una mesa nacional de diálogo directa con la CNTE para construir una nueva legislación en materia de seguridad social para los trabajadores del Estado.
La Coordinadora acusó además que ni la SEP ni la Secretaría de Gobernación han mostrado disposición real al diálogo, pues, afirmó, sus titulares argumentan que “no pueden decidir” sobre las demandas planteadas por el movimiento magisterial.
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