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El magistrado Felipe de la Mata Pizaña considera que la reforma electoral “tiene que agarrar el toro por los cuernos” y establecer todas las medidas legales para que el crimen organizado no pueda intervenir en las elecciones, para empezar, por garantizar que la ciudadanía pueda votar en libertad plena.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Felipe de la Mata también asegura que la reforma electoral —que presente la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana ante el Congreso— definitivamente debe contemplar mover la fecha de la elección judicial.
Sobre el tope de gastos o reducción de presupuesto a los organismos electorales, Felipe de la Mata también afirmó que esa medida pone en riesgo la democracia. “No hay democracia más cara que aquella que no existe”, sentenció.
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¿Cómo ve usted que ha ido el proceso de la reforma electoral, a partir de las reuniones que el Tribunal Electoral ha tenido con la Comisión Presidencial?
Las dos más grandes reformas electorales que ha tenido el país, la de 1977 y la de 1996; pues, la primera fue una reforma desde el gobierno, pero para la oposición, es decir, era una reforma que traía implícito el consenso de todas las partes y fue la reforma en la cual se quedan los diputados de representación proporcional.
Por otro lado, tenemos la reforma de 1996, que a nivel constitucional fue una reforma para ampliar los plurinominales. En los años que tengo, he visto otras reformas que no han sido tan buenas, por ejemplo, la de 1985; y otras reformas que son francamente malas y que su operación ha sido difícil, como la de 2014.
Esas últimas dos no han tenido consenso; entonces, la historia nos demuestra que las reformas buenas son aquellas que llevan consenso. Puede haber reformas donde no existe el consenso, pero normalmente son reformas que, digamos, no benefician necesariamente al sistema político.
Sobre la eliminación de los pluris o el cambio en la forma de elegirlos, ¿qué considera usted que sea lo más conveniente?
Yo creo que el tema de los plurinominales se tiene que afrontar desde diferente perspectiva, dependiendo de la Cámara de Senadores o la de Diputados. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores, me parece que la reforma del 96, que creó a los senadores de representación proporcional, fue un error.
Si lo que queremos es que haya participación de los partidos minoritarios en la Cámara de Senadores, pues eso se encuentra garantizado a través de los senadores de primera minoría o —digamos así— de segundos lugares. Pero los senadores de representación proporcional son una cuestión un tanto artificial. Exclusivamente tiende a que los partidos puedan introducir a personas específicas.
Por otro lado, la representatividad en la Cámara de Diputados, hay que hacerse dos preguntas: ¿podría haber menos diputados? Mi respuesta, como constitucionalista, es, evidentemente, sí. ¿Queremos mantener este sistema mixto de mayoría relativa con alguna minoría de representación proporcional o queremos adoptar, por ejemplo, un sistema de proporcionalidad pura?
De cualquier forma, tendríamos que abandonar el sistema de cinco circunscripciones. Tendría que mejorarse y que fuera una sola circunscripción nacional o que fueran 32 circunscripciones, según el caso, y una fórmula en la cual se aminore el tema de desproporcionalidad.
Acerca de la reducción del financiamiento del presupuesto a las autoridades electorales, ¿es válido poner un tope o limitantes?
Como autoridades electorales tenemos el deber de administrar los recursos públicos de la mejor manera posible, pero, también, tienen que ser los recursos suficientes, de tal manera que no haya perjuicio de la organización electoral. Es decir, tenemos que actuar con responsabilidad en el ejercicio del gasto público, pero también debemos organizar las elecciones de manera razonable y sensata.
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Reducir el gasto público o el que tienen las autoridades electorales a un punto que no puedan organizar las elecciones sería un error. No hay democracia más cara que aquella que no existe y, para que exista, se tiene que hacer una inversión, un gasto.
Sabemos que el crimen se entromete de múltiples maneras en las elecciones, pero sobre el financiamiento, ¿debe haber sanciones a los partidos, a los candidatos, anulación de elecciones, si se llega a comprobar?
Yo tengo varias ideas en torno a lo que debe hacerse, pero, sobre todo, no tengo duda que la reforma electoral tiene que tomar el tema, agarrar el toro por los cuernos y decir: ‘no queremos que el crimen organizado se pueda meter en nuestras elecciones’.
Para eso, hay varios temas que establecer, por ejemplo, ¿cómo garantizar que nuestra población pueda votar libremente el día de las elecciones? Porque, en los hechos, yo he visto y hay expedientes judiciales sobre este fenómeno del secuestro de urna, en el cual el crimen organizado, el día de las elecciones, secuestra las urnas de determinadas poblaciones y las regresa llenas.
Si no resolvemos eso primero, no podrá haber votación a través de internet, para que cada quien desde su casa vote en libertad. No podrá garantizarse que la elección sea libre a través de otros sistemas más modernos como la urna electrónica.
Ahora, sobre el financiamiento, tenemos un sistema de fiscalización muy bueno y sofisticado, pero la pregunta es: ¿ya no hay dinero negro en las campañas? Tenemos que regresar a los orígenes: origen y destino del gasto de los partidos.
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¿Usted está por replantear la fecha de la elección judicial?
Por supuesto. Tenemos que replantear no solo eso, sino el sistema de elección judicial. Las autoridades electorales llevamos a cabo una elección judicial con reglas mal hechas, con un sistema hecho a la rapidita… y, sin embargo, se llevó a cabo la elección, no porque estuviera bien redactada la Constitución y la ley, sino porque el INE y el Tribunal Electoral la hicieron viable.
Tenemos que replantear el sistema completamente, de verdad. Tenemos que replantearnos la existencia de un examen que garantice que las personas candidatas a la elección tengan conocimientos mínimos de derecho. Tenemos que preguntarnos también si no podría, por ejemplo, modificarse esa boleta que fue una boleta compleja.
Y por varias y obvias razones, ¿queremos que la elección judicial sea arrastrada por la elección política? ¿Queremos que los políticos intervengan en la elección judicial, ahora sí de manera evidente, palpable? ¿Eso es lo que queremos?
mahc/apr
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