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"Quiero ver yo a Rocha Moya vestido de naranja y de vecino de Nicolás Maduro", arremetió el diputado del PAN, Germán Martínez Cázares, al ser cuestionado sobre el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios señalador de narcotráfico por Estados Unidos.
Esto, durante la edición de Con los de Casa, conducido por el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela, donde también participó Rodolfo de la Guarda, abogado y experto en extradición.
Durante la conversación, ambos especialistas señalaron que el procedimiento impulsado por autoridades estadounidenses se encuentra actualmente en una fase administrativa y no penal, por lo que, en una primera etapa, la intervención corresponde a la SRE y no a jueces federales.
“El fuero no existe en este tipo de procedimientos y tampoco es exportable a Estados Unidos”, explicó Martínez Cázares.
Según los juristas, la estrategia consistiría en iniciar carpetas de investigación en territorio mexicano para impedir que Rocha Moya pueda ser juzgado posteriormente en Estados Unidos bajo el principio de non bis in idem, la cual significa "no dos veces por la misma cosa", que prohíbe que una persona sea juzgada, investigada o sancionada penalmente más de una vez por los mismos hechos.
No obstante, advirtieron que esta figura jurídica no aplicaría si las investigaciones en México son simuladas o carecen de consecuencias penales reales.
Sobre el procedimiento legal, Rodolfo de la Guarda explicó que una solicitud formal de extradición debe incluir órdenes de aprehensión, datos de identificación de los acusados, descripción de los delitos imputados, penas aplicables y elementos probatorios suficientes para acreditar la probable responsabilidad.
Posteriormente, un juez federal mexicano deberá revisar si se cumplen los requisitos previstos en el tratado bilateral y emitir una opinión jurídica, pero la decisión final corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
"Al final lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo en decisión final", dijo.
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En paralelo, mencionaron que la defensa de algunos de los implicados ya promovió juicios de amparo para evitar posibles detenciones provisionales con fines de extradición, recurso que podría extenderse al resto de las personas señaladas en el caso.
Durante el análisis también se advirtió que el proceso podría tener consecuencias políticas para el gobierno federal y para Morena, especialmente si persiste la percepción de protección hacia funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.
Los participantes coincidieron en que este caso pondrá a prueba no solo al sistema judicial mexicano, sino también la credibilidad internacional del país en materia de cooperación contra el crimen organizado.
Ante un cuestionamiento sobre lo que ambos especialistas esperan del caso, el diputado del PAN finalizó su intervención diciendo
Mientras que Rodolfo de la Guarda expresó que confía "que hay gente muy relevante y valiente en el Poder Judicial".
Mira aquí la conversación completa
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aov/bmc
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