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Tras la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la petición de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos nexos con el crimen organizado, el Partido Acción Nacional (PAN) ha planteado que los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) desaparezcan del estado. Pero, ¿qué significa esto?
De acuerdo con la Cámara de Diputados, se refiere a la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder político por parte del titular del Ejecutivo (es decir, el gobernador) y las funciones públicas estatales por parte de un cuerpo colegiado que ejerza el Poder Legislativo o Judicial en una entidad federativa.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a la Cámara de Senadores la facultad exclusiva para determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional.
En el artículo 76, establece que el Senado puede declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrar una persona titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa.
El nombramiento de la persona titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo con aprobación de las dos terceras partes de las personas integrantes presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas.
“Quien fuere así nombrado, no podrá ser electa persona titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso”, señala la Carta Magna.
¿En qué casos podría desaparecer los poderes de un Estado en México?
El Congreso explica que la desaparición de los poderes de un Estado se puede suscitar en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales:
- Quebrantaren los principios del régimen federal;
- Abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor;
- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico;
- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados; y,
- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución.
Precisó que el objetivo de la declaratoria de desaparición de poderes es reconstruir los poderes constitucionales de un Estado, no eliminarlos. Este miércoles, la bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión formalizó su solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa bajo el argumento de que existe una alianza entre el gobierno de esa entidad con el narco. Además, pidió juicio político y la detención inmediata del gobernador con licencia, Rubén Rocha.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, declaró que no solamente el narco se infiltró en el Poder Ejecutivo, sino en la Fiscalía del Estado, en la policía, en su alianza con Morena y con Rocha Moya. También a través de la narcoelección judicial se infiltraron en el Poder Judicial. El legislador pidió la detención inmediata de Rubén Rocha y solicitó juicio político contra el gobernador con licencia.
Mientras que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, señaló que debería declararse la desaparición de poderes en Sinaloa si se comprueba que el crimen organizado participó en los comicios en los que fue electo gobernador Rocha Moya.
¿Por qué piden la desaparición de poderes en Sinaloa?
El miércoles 29 de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados, señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación, en la que afirma que los funcionarios presuntamente conspiraron “con líderes del Cártel de Sinaloa” para “importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos”.
La acusación incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
Así como a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
El 2 de mayo pasado, Rocha Moya pidió licencia temporal a su cargo para permitir que la Fiscalía General de la República (FGR) realicé las investigaciones necesarias contra él por presunto narcotráfico.
¿Han desaparecido los poderes de un estado?
De acuerdo con la investigación “La desaparición de poderes en México y su puesta en práctica. Los casos de Guerrero (1960-1961) e Hidalgo (1975)” del profesor del Departamento de Política y Cultura, de la Universidad Autónoma de México (UAM), Harim Benjamín Gutiérrez, en Hidalgo ocurrió en 1975, dado una pugna por el poder entre el presidente Luis Echeverría y el ex gobernador Manuel Sánchez Vite.
“Como el asunto fue considerado “de urgente y obvia resolución”, el dictamen fue aprobado por unanimidad y se dispuso notificar a Echeverría y pedirle la terna. Esa misma noche, a las 19:05 se recibió el comunicado de la Secretaría de Gobernación, que postulaba a Esthela Rojas de Soto, Alberto Zoebisch Sánchez y Raúl Lozano Ramírez, siendo elegido el último por 27 votos (Rojas y Zoebisch tuvieron un voto cada uno)”, se lee en su investigación.
Así, Lozano rindió protesta y gobernó hasta el 7 de septiembre de ese año, cuando entregó el cargo al nuevo gobernador constitucional, Jorge Rojo Lugo, hijo de Javier Rojo Gómez. Otros casos en donde se ha aplicado esta medida son: Guerrero, Durango, Sonora, Guanajuato, Chiapas y Colima. Sin embargo, en las últimas décadas no se ha registrado un caso similar.
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