La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () informó que investigará el caso del dirigente municipal de Morena en Macuspana, Antonio Silvan Peralta, quien presumió en sus redes sociales haber consumido tortuga “guao”, una especie protegida en México.

“El consumo de fauna silvestre protegida es una infracción a la ley, sin excepciones. Ante este caso, Profepa actuará conforme a sus atribuciones. La protección de las especies no admite omisiones”, indicó la autoridad ambiental en sus redes sociales.

El pasado miércoles 29 de abril, el líder del partido guinda en la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó fotografías de una gira de trabajo por varias localidades del municipio, en donde agregó fotos de sus actividades, entre ellas, en donde se le comiendo un “guao” asado.

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“El fin de semana pasado, dimos inicio a la primer Jornada de Elecciones de los Comités en Defensa de la Transformación en las Localidades. Me dio mucho gustos realizar las asambleas en la zona de los Ríos del CI. De los Bitzales”, escribió el morenista en su cuenta, en donde aparece como “Toño Silvan”.

En su mensaje, el líder morenista subrayó que la transformación no se sostiene solo desde el gobierno, sino desde la organización del pueblo; además, dijo sentirse lleno de alegría y entusiasmo al ser recibido con “gran hospitalidad” en cada una de las comunidades. Tras recibir críticas por haber consumido tortuga “guao”, Antonio Silvan eliminó las fotografías.

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Dirigente de Morena en Macuspana "presume" haber consumido tortuga protegida en México. Facebook @Toño Silvan
Dirigente de Morena en Macuspana "presume" haber consumido tortuga protegida en México. Facebook @Toño Silvan

Tortuga “guao”, especie amenazada

De acuerdo con la , la tortuga guao (Staurotypus triporcatus) se encuentra listada en la Norma Oficial Mexicana 059, bajo la categoría de Amenazada.

El tráfico ilegal de esta especie está penado por las leyes mexicanas con una multa de 30 a 30 mil días de salario mínimo, además de una pena de cárcel de hasta nueve años de prisión, al tratarse de un delito grave.

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Con información de Leobardo Pérez Marín.*

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