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Durante la gestión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los homicidios dolosos y extorsión registraron un aumento.
En 2022 hubo 478 víctimas, mientras que en 2025, mil 656, un aumento de mil 178.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el último bimestre de 2021 se documentaron 86 víctimas; en 2022, 478; en 2023, 531; en 2024, 994; en 2025, mil 656, y en el primer trimestre de 2026, 293. Es decir, en promedio mensual son privadas de la vida 76 personas.
El delito de extorsión en este mismo lapso también presentó un incremento: en 2022 se registraron 64 víctimas y en 2025, 105, es decir 41 personas más.
Armando Rodríguez Luna, consultor independiente en el análisis de riesgos políticos, sociales y de seguridad, dice que la licencia que le otorgó el Congreso de la entidad al gobernador morenista representa desafíos para el gobierno federal, así como para la sociedad sinaloense, porque con instituciones tan cuestionadas y deslegitimadas no es posible ejercer algún tipo de autoridad.
El consultor enfatiza que se requiere una intervención federal mucho más importante en estas áreas: gobierno, seguridad y justicia, para garantizar la estabilidad del estado.
“Y eso lo vuelve un punto más vulnerable para una posible intervención militar de Estados Unidos, al estilo Venezuela con Nicolás Maduro… Ya lo hicieron con Ismael El Mayo Zambada de una manera más clandestina, al estilo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuando se lo llevaron”, considera.
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Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), refiere que Rocha Moya probablemente pase a la historia como el peor gobernador de Sinaloa.
Comenta que la gente de esa entidad vive una crisis profunda de seguridad, y si bien no todo el estado tiene los mismos niveles de peligrosidad que tiene Culiacán, “lo cierto es que las carreteras y las mismas personas te dicen hacia dónde te puedes mover y hacia dónde no te puedes mover”.
La doctora en Relaciones Internacionales Arlene Ramírez Uresti, profesora de la Universidad Iberoamericana, indica que la separación del cargo de Rocha Moya es una muestra de voluntad del gobierno de México ante la requisición de Estados Unidos.
“Es importante para que se pudiera dar certeza de que se seguirá el debido proceso (...)”, dice.
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