Profeco celebra fallo de la Corte para atender inconformidades contra escuelas privadas; estudiantes no están desprotegidos, afirma

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que confirmó que la dependencia tiene plenas facultades para atender reclamaciones relacionadas con servicios educativos privados y reconoció el pago de colegiaturas como una relación de consumo sujeta a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

A través de un comunicado, explicó que la relevancia principal de la resolución radica en que es la primera ocasión que el Máximo Tribunal se pronuncia expresamente sobre el tema y se elimina cualquier argumento legal que las escuelas privadas pudieran usar para evitar la competencia de la Procuraduría en estos conflictos.

Detalló que el caso que originó el fallo llevó una década en litigio, el cual surgió después de que una escuela privada impugnara una multa impuesta por la Profeco al no presentarse a una audiencia de conciliación, donde el Alto Tribunal determinó que cobrar una contraprestación por educación genera una relación de consumo, respaldando así la actuación de la dependencia.

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En ese sentido, destacó que tiene la facultad de verificar que las escuelas particulares informen sobre sus costos, tarifas, términos y condiciones y políticas de cancelación, así como de vigilar que no se condicione la prestación del servicio educativo, por lo que sugirió comparar opciones, aclarar todas las dudas sobre la oferta y confirmar que el plantel cumpla con la ley antes de firmar un contrato.

Además, enfatizó que las y los usuarios de servicios educativos nunca han estado desprotegidos, ya que ha intervenido en procesos de conciliación con escuelas particulares en casos como cobros o requisitos extra no estipulados en los contratos, tales como cursos extraordinarios condicionados para la titulación.

Asimismo, recordó que el año pasado la Profeco firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) que permite compartir información con la autoridad educativa si se detectan incumplimientos administrativos o regulatorios en los centros escolares privados, fortaleciendo las labores de verificación.

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