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La bancada del PRI en el Senado argumentó que el accidente del Tren Interoceánico no fue un hecho aislado ni culpa del conductor, sino el resultado de fallas graves en su diseño y construcción, documentadas desde hace tiempo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sin embargo, la FGR encontró en el conductor un “chivo expiatorio”.
La senadora Carolina Viggiano dijo que atribuir la responsabilidad al operador es un intento de crear un “chivo expiatorio” para eximir de responsabilidad a los involucrados en la obra, a quienes se refirió como “amigos de los hijos de AMLO”.
Indicó que dichas fallas habían sido señaladas previamente en llamadas y advertencias: “cuando se descarrile [el tren], ya será otro asunto”, aseguró.
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La también secretaria general del PRI expuso que las observaciones de la ASF señalaban irregularidades en los rieles, el balasto, los vagones y la infraestructura general, muchas de las cuales no fueron subsanadas.
“Todas las obras de infraestructura de este gobierno tienen observaciones, sobreprecios y ninguna funciona”, señaló en sus redes sociales.
A su vez, la senadora Claudia Anaya, del PRI, explicó que el dictamen de la ASF identificó problemas concretos como la colocación de vías de calibre distinto al del tren, el uso de durmientes heterogéneos e incompatibles con el balasto instalado y pagos por obras no ejecutadas.
Subrayó en la necesidad de un peritaje externo para determinar responsabilidades técnicas, similar al que se realizó tras los fallos en la Línea 12 del Metro.
“México tiene las instituciones y los profesionales necesarios para hacer sus obras, revisiones y fiscalizaciones”, agregó.
Lamentó la intervención política en instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) y la falta de organismos autónomos independientes han generado que decisiones técnicas terminen condicionadas por afinidades políticas: “ya no tenemos una Fiscalía independiente y todo el poder está en manos de un solo grupo político”.
Ambas senadoras argumentaron que el accidente no solo refleja fallas técnicas, sino también un patrón de gestión de infraestructura marcada por la opacidad, la ausencia de supervisión adecuada y la politización de los procesos de rendición de cuentas.
PRI impulsa reforma de 40 horas, pero gradual a 3 años
La diputada federal del PRI, Ana González González, presentó una iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con una implementación progresiva en un plazo de tres años.
La propuesta, dijo, garantizará que esta reducción no afecte el salario ni las prestaciones de las personas trabajadoras.
Al explicar su iniciativa de reforma a la fracción I del Apartado A del artículo 123 constitucional, la legisladora subrayó que es indispensable una aplicación gradual y dialogada, acompañada de apoyos fiscales y ajustes sectoriales que aseguren la viabilidad económica.
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Destacó que la reducción de la jornada laboral promoverá mejores condiciones de vida para las y los trabajadores, al traducirse en más tiempo de descanso semanal, destinado a la recreación, la salud, la convivencia familiar y el ocio.
"México se encuentra rezagado en materia laboral, tanto en legislación como en práctica, pese a que diversos modelos internacionales han demostrado que la reducción de horas no afecta la productividad. El país mantiene un marco legal heredado de principios del siglo XX y la discusión para pasar de 48 a 40 horas semanales continúa estancada", detalló.
La congresista del PRI enfatizó que la evolución del mundo laboral exige proteger la salud y seguridad de los empleados, garantizando un tiempo de trabajo proporcionado. Para ello, consideró indispensable contar con un marco jurídico sólido y acuerdos colectivos que respalden la conciliación entre vida privada y laboral, así como la autonomía en la gestión del tiempo.
González González resaltó que la reducción a 40 horas semanales implica beneficios como un mejor equilibrio vida-trabajo y mayor bienestar para los empleados.
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