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La iniciativa presentada por la diputada federal de Morena, Elena Edith Segura Trejo, para expedir la Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario continúa sumando respaldo en la Cámara de Diputados. Al proyecto se ha incorporado el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quien afirmó que Morena mantiene el compromiso de acompañar a las víctimas y fortalecer las causas ciudadanas. Señaló que el despojo inmobiliario exige una respuesta firme del Estado, mayor coordinación entre las instituciones encargadas de procurar justicia y mecanismos que permitan brindar certeza jurídica, así como resoluciones más ágiles para quienes han perdido o se encuentran en riesgo de perder su patrimonio.
Por su parte, Elena Segura ha reiterado que la prevención debe comenzar desde las alcaldías y los municipios, acercando orientación jurídica, información y mecanismos de atención temprana a la ciudadanía. La legisladora considera que fortalecer la participación de las autoridades municipales permitirá atender oportunamente los casos, prevenir fraudes patrimoniales y construir una política pública de alcance nacional que proteja efectivamente el patrimonio de las familias mexicanas.
La dimensión del problema confirma la necesidad de avanzar hacia una estrategia nacional. En la Ciudad de México se han iniciado más de 20 mil carpetas de investigación por despojo entre 2020 y abril de 2026, mientras que el Estado de México registró 5 mil 594 denuncias durante 2025. Estas cifras evidencian que el fenómeno ha rebasado el ámbito local y requiere una respuesta coordinada entre Federación, estados, municipios y las instituciones responsables de procurar justicia.
Como parte de este proceso, vecinos afectados, organizaciones civiles, colegios de abogados, notarios y especialistas en derecho patrimonial propusieron que la Cámara de Diputados convoque a un Foro Nacional Antidespojo. El objetivo es escuchar directamente a las víctimas, recoger las propuestas de especialistas y enriquecer la iniciativa con la experiencia de quienes conocen de primera mano este problema. Asimismo, se plantea invitar a representantes de las fiscalías de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos para que expongan los avances alcanzados, las acciones que actualmente desarrollan, los principales obstáculos que enfrentan y las medidas que consideran necesarias para fortalecer la investigación y la restitución de inmuebles.
Entre los principales temas del foro destacan la creación de una Alerta Inmobiliaria Nacional, el fortalecimiento de las fiscalías especializadas, la homologación de protocolos de actuación, el intercambio de información entre entidades federativas, la coordinación con los registros públicos y el diseño de mecanismos preventivos que permitan detectar oportunamente movimientos irregulares sobre los inmuebles. Para los impulsores de la propuesta, reunir en un mismo espacio a víctimas, abogados, notarios, especialistas y autoridades permitirá construir una legislación más sólida, cerrar espacios a las redes dedicadas al despojo y ofrecer una protección más efectiva al patrimonio de miles de familias mexicanas.
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