En 1928, el Capitán Emilio Carranza voló de la Ciudad de México a Washington en una misión de buena voluntad y murió al regresar a casa; hizo del vuelo un acto de dignidad nacional. Casi un siglo después, esa dignidad se pone a prueba cada mañana en los filtros de seguridad de nuestros aeropuertos, donde el viajero mexicano encuentra menos una norma que una interpretación cambiante. Una lata de leche en polvo, el peluche que calma a un niño, un frasco de medicina: sospechosos o inofensivos según la ciudad, el turno y el criterio de quien revisa. Lo que en Monterrey pasa sin objeción, en Cancún se confisca; lo que en Guadalajara se tolera, en la Ciudad de México se cuestiona.
No hablamos de un puñado de casos. En 2025 el sistema aeroportuario mexicano movilizó mas de 130 millones de pasajeros, 2.6% más que el año anterior; la aviación de manera directa aporta cerca del 6% del PIB y sostiene más de 1.8 millones de empleos, según la IATA. A esa multitud -un país entero cruzando salas de abordaje cada año- aún no se le garantiza algo tan elemental como una regla aplicada igual en Tijuana que en Mérida. No es un asunto menor: es una asignatura pendiente del sector.
Lo paradójico es que el marco existe. México firmó el Convenio de Chicago de 1944 y está obligado por el Anexo 17 de la OACI, cuyo objeto es un estándar común. De ahí nacieron el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria. Existe la autoridad: la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), creada en 2019. Existe hasta la Circular Obligatoria CO AFAC-01-21, que regula las excepciones para que la fórmula de un lactante o un medicamento no sean tratados como amenaza. El andamiaje normativo está completo; su aplicación uniforme, no.
¿Por qué? Porque el diseño diluyó el mando. A diferencia de Estados Unidos, donde la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) centraliza la revisión, o de la Unión Europea, que homologó sus reglas con el Reglamento (CE) 300/2008, México confió la ejecución a los operadores y a empresas privadas de seguridad certificadas AVSEC. Cada aeropuerto integra su comité y aplica su propio plan: una norma, veintenas de interpretaciones. Max Weber lo advirtió: la burocracia se legitima por la regla impersonal; cuando la regla cede ante la discrecionalidad del subalterno, se abre la puerta a la arbitrariedad.
Porque esto no es solo técnico: es de trato. Hay excepciones honrosas, pero con frecuencia falta sensibilidad, criterio y capacitación. Se cuestiona a la madre que carga leche para su bebé; se decomisa el objeto que da seguridad emocional a un niño neurodivergente o a un adulto mayor; no siempre se prioriza al pasajero con discapacidad. Octavio Paz retrató al mexicano tras una máscara; conviene que en el filtro esa máscara no sea la del pequeño poder frente al ciudadano, sino la del servicio público que dignifica.
La pregunta de fondo es legítima: ¿quién verifica la uniformidad de los procesos? Si la AFAC dicta la norma y delega su cumplimiento, y los aeropuertos responden a lógicas propias, la responsabilidad tiende a difuminarse. La homologación no se agota en el papel: se verifica, se audita, se acompaña. Conviene que la autoridad aeronáutica sea más visible justo donde el ciudadano la encuentra: frente al filtro.
No basta con señalar. Propongo, en beneficio de la industria y del pasajero, algunas rutas concretas:
Primero, una lista nacional única, pública y clara de artículos permitidos y prohibidos, con excepciones explícitas -leche de fórmula, alimentos infantiles, medicamentos, apoyos de seguridad emocional-, emitida por la AFAC y de aplicación idéntica en todo el país.
Segundo, certificación y recertificación continua del personal, no solo en detección de amenazas -que ya contempla la CO SA-17.17/21-, sino en trato al pasajero y atención a la infancia, a las personas con discapacidad y neurodivergentes.
Tercero, supervisión visible: auditorías periódicas, verificadores discretos y publicación de resultados por aeropuerto. Lo que se mide, mejora; lo que se transparenta, se corrige.
Cuarto, un mecanismo ágil de queja y reparación, con folio, respuesta obligada y estadística abierta, para que el agravio no se pierda en el mostrador.
Quinto, protocolos y carriles para pasajeros vulnerables, con personal capacitado, como ya operan los principales aeropuertos del mundo.
México moviliza a millones de viajeros y aspira a recibir al mundo; lo logrará plenamente cuando el primer contacto del viajero deje de ser un filtro impredecible. Carranza convirtió el vuelo en símbolo de una nación digna. Devolvámosle ese sentido: que cruzar un filtro en México no sea un acto de fe, sino la certeza de un Estado que aplica la misma regla, con el mismo respeto, para todos.
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