Después de permanecer detenido más de 48 horas por presunta posesión de drogas, el recién destituido exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, obtuvo su libertad la tarde de este miércoles, aunque el proceso seguirá su curso, de acuerdo con su abogado Edwin Trejo.
La mañana de hoy se realizó la primera audiencia en la que el juez del caso decretó el auto de libertad.
Trejo dijo a EL UNIVERSAL que en la carpeta de investigación no existía evidencia gráfica del sitio en el que se habría encontrado la droga.

“No hay evidencia gráfica en la carpeta del lugar donde encuentra la droga, supuestamente en el vehículo. El vehículo, como fue registrado por todos los medios de comunicación, fue removido, retirado del lugar, conduciéndolo un mismo policía hasta las puertas de la fiscalía, contaminando toda evidencia que pudo haberse obtenido de ahí”, señaló.
En entrevista, Trejo resaltó que el exrector, de 73 años, buscaba reelegirse como rector para un segundo periodo y enfrentaba desacuerdos con autoridades del gobierno de la morenista Layda Sansores al no permitir que dentro de la universidad campechana se realizaran actos políticos.
“Es evidente aquí en Campeche que en últimas fechas el rector tuvo desencuentros con la gobernadora del Estado. Ella misma expresó su desacuerdo con ciertas situaciones que desde su perspectiva estaban aconteciendo en la universidad.
“El punto culminante es la oposición del doctor de que se hiciera proselitismo político de cualquier partido en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Campeche. Entonces de ahí se desató la confrontación con el gobierno del Estado y pues vemos que ahora culmina con la detención de él y su destitución como rector”, menciona.
Resaltó que hace varias semanas, integrantes y autoridades del partido Morena le habían pedido la autorización para que se hicieran eventos que desde la óptica de Abud, eran eventos partidistas.
“Él, cuidando la imagen y la pluralidad de la universidad pues determinó que no se accediera a esas solicitudes. Lo que se tomó como una confrontación abierta con el Poder Ejecutivo estatal”, comenta.
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Agregó que el exrector universitario estuvo recluido en el centro penitenciario de San Francisco Kobén, pese a que de acuerdo a la ley al ser una persona adulta mayor no debería continuar detenido,
“El hecho que le está atribuyendo la posesión de narcótico simple, es un delito que si bien amerita una pena de prisión, en estas circunstancias, dado las características de la persona, que es una persona conocida, un servidor público conocido, que tiene toda su vida viviendo en Campeche, pudo el Ministerio Público, apegado estrictamente al marco legal, haber decretado su libertad con las prevenciones de ley en estas 48 horas.
“Sin embargo, aún a solicitud de esta defensa, determinaron llevarlo detenido, aún siendo persona de un grupo vulnerable, igualmente uno de sus colaboradores que cuenta con 75 años de edad. Esto sí es algo grave, atendiendo a las particularidades. No es un privilegio lo que estábamos solicitando, sino es algo que la propia ley, el propio Código Nacional lo contempla. Sin embargo, la autoridad no accedió a esa petición lo que será motivo de debate en la audiencia que tengamos ante el juez”.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Campeche informó que se llevó a cabo la audiencia inicial de tres personas imputadas con las iniciales J.A.A.F., J.A.C.N. y L.S.G. por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en variante de posesión simple.
Informó que durante la diligencia, el Juez de Control calificó de legal la detención de los imputados, realizada en flagrancia, al acreditarse los requisitos constitucionales y legales correspondientes, además que concedió la duplicidad del término constitucional, programándose la continuación de la audiencia para el domingo 18 de enero de 2026.
En tanto se resuelve su situación jurídica, se impusieron medidas cautelares, y llevara su proceso en libertad.
La FGECAM precisó que la duplicidad del término constitucional no implica una resolución sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, ni una determinación definitiva del proceso, el cual continúa conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El proceso continúa conforme a la ley mientras no exista resolución firme.
Previo a la audiencia de José Alberto Abud Flores, su abogado defensor, Edwin Trejo Gutiérrez, aseguró que en su detención hubo violaciones al debido proceso por lo que su detención fue arbitraria e ilegal.
“Existió un mal procesamiento por parte de la Policía Estatal (PE) en el aseguramiento de la camioneta del exrector, lo cual vulneró la legalidad del procedimiento que derivó en su detención”, afirmó.
El abogado defensor aseguró que las supuestas drogas no fueron aseguradas directamente al exrector, “sino que presuntamente fueron localizadas al interior del vehículo”.
“No existen pruebas que acrediten que la presunta droga estuviera dentro del vehículo”, puntualizó.
Detalló que los policías trasladaron la camioneta hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con los detenidos, “cuando los protocolos periciales establecen que el vehículo debía permanecer en el lugar de los hechos para su procesamiento por personal especializado”.
“Ante estas irregularidades, solicitaremos la exclusión de la presunta droga del proceso penal”, adelantó.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), llamó a las autoridades de Campeche a que se esclarezcan con transparencia las acusaciones contra el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores.
En un comunicado, expresó que ante la detención del Abud Flores, quien al momento de los hechos se encontraba en funciones como rector de la Universidad Autónoma de Campeche, las autoridades de ese estado deben trabajar para que el esclarecimiento de lo sucedido se lleve a cabo con pleno apego al Estado de derecho, garantizando en todo momento el acceso a la verdad y la justicia.
También exhortó a que los procedimientos de la investigación se conduzcan con estricto respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales y a la autonomía universitaria, y que el deslinde de responsabilidades, en su caso, se realice conforme a la ley y a los principios que rigen un debido proceso.
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