Una jueza federal giró nueva orden de captura contra dos colaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, derivado de un presunto daño al erario federal por al menos 130 millones de pesos.
En enero pasado, Yaksi Kinari Alquicira, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, ordenó la detención de Carlos Maldonado Mendoza, actualmente preso, y de Israel Patrón Reyes, exsecretarios de Finanzas y Seguridad Pública, respectivamente, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con pagos indebidos a las empresas Grupo Octano, Centro Carretero San Jorge y Seguros El Potosí.
Entre finales de enero y principios de diciembre de 2020, ambos exfuncionarios solicitaron, autorizaron y pagaron ilícitamente 130 millones de pesos provenientes de las participaciones federales a dichas empresas sin que existiera contrato que avalara el servicio prestado.

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Según la orden de aprehensión solicitada por la FGR, el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, prófugo de la justicia, realizó 87 solicitudes de pago para Grupo Octano, Centro Carretero San Jorge y Seguros El Potosí, mismas que fueron autorizadas por el exsecretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado.
Por lo que, se transfirieron a Grupo Octano, 100 millones 236 mil 619.89 pesos; Centro Carretero San Jorge, 30 millones de pesos; Seguros El Potosí, 8 millones 357 mil pesos, por servicios que no se comprobaron que se llevaron a cabo.
Ante estos hechos presentados por la FGR, derivado de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), la jueza ordenó la captura de los exsecretarios durante el sexenio de Silvano Aureoles, quienes podrían alcanzar una pena de 6 a 12 años de prisión en caso de ser declarados culpables del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
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Cabe recordar que Carlos Maldonado Mendoza e Israel Patrón Reyes también están acusados en el caso del desfalco de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles para la policía estatal.
La FGR solicitó a Estados Unidos la extradición de Israel Patrón Reyes, quien huyó a dicho país para evadirse de la justicia.
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