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En julio de 2021, el gobierno federal prometió una revolución energética y anunció la creación de Gas Bienestar, bajo el argumento de romper los monopolios y llevar cilindros de gas baratos a cada rincón del país.
La empresa pública, que nació bajo el brazo de Petróleos Mexicanos (Pemex), irrumpió en el mercado nacional de Gas Licuado de Petróleo (gas LP). Cinco años después, el balance de las Cuentas Públicas y los informes de auditoría dan cuenta de que el ambicioso plan de rescate nacional se convirtió en un programa en un estado de la República, financieramente deficitario y congelado en el tiempo.
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La promesa incumplida de la cobertura nacional
Gas Bienestar fue presentado como una estrategia que sería implementada a nivel nacional. En las conferencias de prensa matutinas de 2021, el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó un calendario en el que anunció que la primera fase se implementaría en la Ciudad de México, para posteriormente avanzar hacia los estados con mayor pobreza energética, como Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México, hasta cubrir las 32 entidades federativas.
Esa expansión jamás ocurrió. Hoy, el programa se encuentra en un estado de parálisis operativa, abarcando menos de 0.5% del territorio nacional. La infraestructura de reparto jamás cruzó las fronteras metropolitanas, ni siquiera logró llegar a las 16 alcaldías, y quedó restringida a nueve alcaldías de la capital del país, siendo estas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza, y Xochimilco.
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Altos costos y falta de transparencia
Al haber sido constituido como una filial de derecho privado bajo el control de Pemex de manera indirecta, Gas Bienestar no reporta de forma abierta el uso de sus recursos en la Cuenta Pública Federal. De hecho, la empresa ha catalogado formalmente sus datos de ingresos, nóminas y costos como “secreto comercial” para evitar transparentarlos vía solicitudes de información.
Pese a ello, las Cuentas Públicas consolidadas y fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportan balances financieros entregados a inversionistas internacionales en los que se observan altos costos y pérdidas económicas.
Sólo para poner en marcha la filial, Pemex tuvo que realizar un desembolso inicial de capital de 4 mil millones de pesos, que fue erogado en la adquisición de una flotilla propia de camiones repartidores, camionetas de redilas, el equipamiento de terminales de llenado de cilindros en Tula y Tepeji del Río y el establecimiento de rutas logísticas.
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Al inicio de su operación Gas Bienestar se comprometió a recoger los tanques viejos de los usuarios y entregarles cilindros nuevos.
El resultado fue la recolección de más de 800 mil tanques particulares inservibles, abollados o con fugas, cuya chatarrización y reposición total tuvo que ser absorbida al 100% por el erario. Hasta la fecha se desconoce cuánto dinero se erogó por dicho programa de intercambio.
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Adicional a ello, los reportes establecen que la operación diaria, que incluye la compra del gas LP, pago de nóminas a choferes y comisionistas y los gastos de distribución, ha costado más de 2 mil 500 millones de pesos, dinero que se ha pagado a través de subsidios cruzados que le inyecta Pemex Logística.
En contraste, los ingresos de la empresa se mantienen a la baja. De acuerdo con los estados financieros, las utilidades netas de Gas Bienestar son de cero pesos.
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En tanto que el volumen de ventas se reduce año con año. Mientras que en los primeros cinco meses de 2022 la empresa ganó 254.3 millones de pesos por venta de gas, para el mismo periodo de 2023 la cifra cayó a 183.4 millones, en tanto en que en 2024 el ingreso por concepto de ventas fue de 174.4 millones de pesos.
A partir de 2025, Petróleos Mexicanos determinó bloquear el acceso a las cifras de ventas de Gas Bienestar, clasificando como “información confidencial” los ingresos, gastos y estados financieros de la mencionada empresa.
La empresa petrolera argumentó que revelar estos datos pondría en riesgo la competitividad comercial de la filial frente a las gaseras privadas.
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Costo-Beneficio
Al analizar el costo de los tanques del Bienestar se observa que sí existe un beneficio para las y los ciudadanos con respecto del costo que tienen los tanques de empresas privadas; sin embargo, resulta marginal y desproporcionado.
El cilindro de 20 kilogramos de Gas Bienestar se comercializa entre 335 y 390 pesos, mientras que el precio que manejan gaseras privadas tradicionales ronda entre 380 y 440 pesos por tanque, lo que representa un ahorro de entre 10% y 12%.
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Dicho ahorro resulta menor comparado con los más de 6 mil 500 millones de pesos que ha costado mantener a la empresa, dinero que ha sido pagado con impuestos de las y los mexicanos.
A ello se suman las pérdidas que la distribución de Gas Bienestar sí representa para el gobierno, con redes de distribución ineficientes, la renta de tanques a distribuidores privados y zonas de carga del gas LP muy lejanas de donde inicialmente se quiso arrancar la distribución.
Para Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, un buen estudio de mercado hubiera proporcionado al gobierno federal de ese momento lanzar una empresa sin haber contado con lo más mínimo: tanques propios, camiones de distribución y una zona de carga cercana a las zonas donde distribuiría.
Esos problemas, dijo, eventualmente contribuyeron a la pérdida financiera y a que la empresa Gas Bienestar no haya crecido más allá del programa piloto y no sólo eso, disminuir funciones.
“México ya tiene muchas empresas construidas en torno a esta economía. Cerca de 80% de los hogares mexicanos utilizan el gas LP como principal fuente de calefacción. Era necesario un buen estudio de mercado para entender en qué lugares eran competitivos y en cuáles no.
“Obviamente, entran con el servicio a una parte donde están alejados de su centro de distribución —por ejemplo, para abastecer en el Valle de México, el centro de distribución más cercano es Tula— y esos costos se los van a terminar comiendo. Si hubieran tenido un mejor plan, bien hecho, planificado, posiblemente hubiera tenido una mejor posibilidad de echar a andar esto y significar una verdadera competencia”, consideró Gonzalo Monroy.
El gobierno federal anunció en 2021 la creación de Gas Bienestar para llevar cilindros baratos a cada rincón del país y romper los monopolios
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El gobierno federal ha sostenido que Bienestar funcionó como un “efecto faro”, es decir, que su mera presencia en el mercado obligó a los empresarios privados a bajar sus precios debido a la competencia.
La realidad es que el freno frente a la escalada de precios del gas LP en México no fue provocado por los poco más de 100 camiones repartidores de Gas Bienestar en la Ciudad de México, sino el establecimiento de precios máximos ordenado en julio de 2021 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía.
La fijación de topes oficiales obligatorios por región obligó a las gaseras privadas a bajar y estabilizar sus precios en todo el territorio nacional. Ello, de acuerdo con Gonzalo Monroy, implica un problema más grave que la subida de precios: abrirle la puerta al crimen.
“Difícilmente con un control de precios como el que venimos teniendo en el gas LP el problema se soluciona. Estas medidas, típicamente, no funcionan y eventualmente fomentan esta parte del robo de combustible y el mercado ilegal de combustible robado”, dijo Monroy.
Desde su visión como especialista en el sector, una posible solución a la subida de precios del gas LP es la diversificación de tipos de la calefacción en los hogares, por ejemplo, la regulación y fomento de uso del gas natural, paneles solares y energía eléctrica.
“Obviamente, el gobierno federal no ha tratado en lo más mínimo de hacer cambios más profundos, por ejemplo, impulsar mayor consumo de gas natural en la parte residencial de las ciudades. No hay ningún plan de sustitución o de desfase del gas LP en lo absoluto”, lamentó el especialista.
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