La CRT contra el Spam

¿Ya te ganaste alguno de los jugosos premios o ya usaste la línea de crédito no solicitada que te llegó por un mensaje SMS? Seguramente tu respuesta será negativa pues gran parte de esos mensajes son Spam o intentos de phishing.

Aunque parece el anuncio de una lucha en la Arena Coliseo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) va contra el Spam vía SMS o mensajes cortos. El regulador prepara una consulta pública para establecer lineamientos técnicos que permitan reducir el envío de llamadas y mensajes no solicitados, incluidos aquellos utilizados para phishing, suplantación de identidad y fraude bancario.

La propuesta llega en un momento en que los teléfonos móviles reciben mensajes de todo tipo. Algunos confirman una compra, otros entregan un código de autenticación y unos más ofrecen descuentos que nadie pidió. También aparecen aquellos que prometen un premio que, casualmente, requiere proporcionar datos personales o ingresar a un enlace. La diferencia entre una comunicación legítima y un intento de fraude puede terminar siendo un clic.

La CRT plantea establecer obligaciones para los operadores fijos y móviles con el propósito de identificar tráfico anómalo de SMS, bloquear remitentes que no cuenten con autorización y ofrecer herramientas de filtrado para los usuarios. El objetivo consiste en reducir el uso de las redes de telecomunicaciones para distribuir mensajes masivos relacionados con actividades fraudulentas.

Uno de los cambios contempla que los operadores entreguen información sobre las empresas con las que mantienen contratos para realizar envíos masivos de SMS. Con ello, la autoridad busca tener mayor visibilidad sobre una cadena comercial que involucra anunciantes, agregadores, plataformas de comunicación y operadores móviles.

El mercado de mensajes automatizados se les conoce como A2P, o Application-to-Person. En este esquema, una plataforma de software genera y envía mensajes masivos hacia los teléfonos de los usuarios mediante las redes de telecomunicaciones.

La cadena inicia con un anunciante, que puede ser un banco, una tienda, una agencia o cualquier empresa que necesite comunicarse con una base de clientes. Después participa un agregador o una Plataforma de Comunicaciones Como Servicio, conocida como CPaaS, que conecta las aplicaciones del cliente con las redes de los operadores.

Empresas como Twilio, Infobip o Sinch participan en este segmento mediante plataformas y APIs que permiten conectar bases de datos empresariales con redes móviles. En México, los mensajes pueden llegar a usuarios de Telcel, AT&T, Telefónica Movistar, BAIT y otros operadores móviles virtuales.

Pero no todos los SMS masivos tienen el mismo propósito. El tráfico transaccional permite enviar confirmaciones de compras, notificaciones de citas y códigos de autenticación de un solo uso. El tráfico promocional, en cambio, incluye ofertas, cupones, enlaces publicitarios y campañas dirigidas a bases de datos. Todos estos son legítimos.

El problema aparece cuando esa infraestructura se utiliza para enviar mensajes sin autorización o para engañar al receptor. Ahí el SMS deja de ser una herramienta de comunicación comercial y empieza a convertirse en una lacra digital donde cualquiera parece tener una oferta que nadie solicitó.

El modelo de negocio funciona mediante la compra de grandes volúmenes de mensajes por parte de los agregadores a los operadores (CPaaS), generalmente bajo esquemas mayoristas. Posteriormente, los intermediarios venden esos mensajes a los anunciantes con una tarifa por unidad.

Las empresas también utilizan números cortos de cinco o seis dígitos e identificadores alfanuméricos autorizados para enviar comunicaciones. Estas herramientas permiten identificar al remitente y mejorar las condiciones de entrega de los mensajes.

Sin embargo, existe otra ruta. Los llamados esquemas de rutas grises utilizan tarjetas SIM convencionales, redireccionamiento de tráfico empresarial o túneles internacionales (VPNs) para enviar grandes cantidades de mensajes fuera de los mecanismos establecidos. El menor costo puede resultar atractivo para quienes buscan distribuir spam, aunque complica la identificación del origen del tráfico.

Por eso también resulta interesante la propuesta de la CRT de asignar numeración específica para diferenciar los servicios legales. Los números que comiencen con 60 estarían destinados a publicidad, mientras que aquellos que comiencen con 30 corresponderían a transacciones. Todos estos SMS serían “derechos”.

La medida también contempla mecanismos de exclusión para que los usuarios puedan dejar de recibir determinados mensajes mediante respuestas de tipo “Alto”, además del fortalecimiento de registros como el Registro Público para Evitar Publicidad, conocido como REPEP, administrado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Los operadores tendrían que incorporar sistemas automatizados para bloquear llamadas y SMS relacionados con actividades fraudulentas. De esta manera, la regulación buscaría actuar tanto sobre los remitentes como sobre los mecanismos utilizados para distribuir los mensajes.

Por ahora, la CRT tiene previsto abrir el proceso de consulta en septiembre. Después vendrá la revisión de las opiniones recibidas y, eventualmente, la aprobación de las disposiciones. Mientras tanto, los mensajes seguirán llegando.

La propuesta complementa el esquema de vinculación de líneas móviles. Mientras esa medida busca relacionar las líneas con sus titulares, las disposiciones sobre SMS pretenden limitar el uso abusivo de plataformas capaces de enviar comunicaciones a gran escala.

La diferencia estará en saber si el próximo SMS anuncia una compra, confirma una operación o simplemente vuelve a informar que alguien, en algún lugar, acaba de ganar un premio que nunca participó para ganar.

Cobranza en jaque

La regulación de las telecomunicaciones coincide con otro efecto derivado de la suspensión temporal de líneas telefónicas con terminación 0 que no fueron vinculadas con la CURP de su titular. Una consecuencia insospechada podría observarse en las actividades de los despachos de cobranza.

Alan Ramírez, presidente de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB), calcula que la cancelación de líneas telefónicas podría generar pérdidas para ese gremio de entre 8,500 y 28,600 millones de pesos.

El sector financiero también podría enfrentar efectos derivados de una menor capacidad de contacto con personas que mantienen adeudos. Los bancos y otros intermediarios utilizan llamadas y mensajes como parte de sus procesos de cobranza, por lo que la reducción de líneas disponibles puede modificar sus mecanismos de comunicación.

Veremos hasta dónde llegan las consecuencias de esta medida adoptada para el combate a la extorsión y el fraude.

*Columnista y comentarista

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.