Extorsión en México: delito crece en silencio con 96% de casos sin denuncia, dicen especialistas; carpetas suman apenas un 3%
Los investigadores acusaron que este delito tiene gran impacto y es uno de los más difíciles de medir y combatir
Mientras el promedio diario de homicidios dolosos muestra una reducción en México, la extorsión avanza en sentido contrario. Este delito, que afecta a personas, negocios y comunidades enteras, se ha convertido en uno de los fenómenos criminales más persistentes y menos visibles del país, con una cifra negra que alcanza entre 96 y 97% de los casos no denunciados.
Así lo expone el cuadernillo “Extorsión en México”, presentado en la cuarta sesión de Aula en Acción del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, donde especialistas del ámbito académico, empresarial y de seguridad pública analizaron uno de los delitos que más impactan la vida cotidiana y que, paradójicamente, sigue siendo uno de los más difíciles de medir y combatir.
La sesión reunió a investigadoras e investigadores, representantes de COPARMEX, especialistas en inteligencia criminal y autoridades de seguridad, con el objetivo de revisar el estado actual del conocimiento sobre la extorsión, los obstáculos institucionales para enfrentarla y las posibles estrategias de intervención.
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De acuerdo con el documento, entre 2015 y 2025 las carpetas de investigación por extorsión en el fuero común pasaron de 5 mil 803 a 9 mil 357 a nivel nacional, lo que representa un incremento acumulado de 61.2%. En 2025, además, el delito registró un aumento interanual de 4.5%, con una tasa nacional de ocho casos por cada 100 mil habitantes.
Esto convierte a la extorsión en el único delito de alto impacto que mantiene una tendencia sostenida al alza, incluso en un contexto donde otros delitos muestran reducciones importantes. Sin embargo, las cifras oficiales apenas muestran una pequeña parte del problema.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, entre 96 y 97% de los casos no se denuncian, lo que significa que las más de 9 mil carpetas abiertas en 2025 representan apenas alrededor del 3% de la extorsión realmente ocurrida.
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La extorsión no es un delito homogéneo. El cuadernillo distingue entre modalidades oportunistas, como llamadas telefónicas sin vínculo previo entre víctima y agresor, y modalidades sistemáticas como el cobro de piso, donde se imponen pagos periódicos bajo amenaza de violencia.
Esta última forma resulta especialmente grave porque genera relaciones prolongadas de control y dependencia entre grupos criminales y víctimas, particularmente en territorios donde la violencia funciona como mecanismo de regulación económica.
Las extorsiones telefónicas siguen siendo las más frecuentes: 84.1% de los casos ocurre por esta vía, mientras que 15.2% corresponde a extorsión presencial o cobro de piso. Sin embargo, esta última modalidad ha mostrado un crecimiento y una mayor capacidad de lograr el pago exigido.
En el caso de las empresas, la extorsión fue el delito más frecuente en 2023, con una tasa de mil 562 eventos por cada 10 mil unidades económicas, equivalente a 25.5% del total de delitos contra establecimientos. El costo promedio por evento fue de 8 mil 967 pesos, aunque el impacto agregado es mayor para micro y pequeñas empresas.
Uno de los hallazgos más preocupantes es el uso de armas de fuego en la extorsión presencial: 40% de estos casos involucran armamento, lo que incrementa la coerción y los efectos psicológicos, como miedo persistente, insomnio y síntomas de estrés postraumático en las víctimas.
La desconfianza institucional también es un factor central. Muchas víctimas no denuncian porque hacerlo puede implicar represalias o la intervención de nuevos actores criminales. A esto se suma la limitada capacidad de los ministerios públicos para investigar, tipificar y proteger a las víctimas.
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En 2025, el Gobierno federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece la persecución de oficio, un tipo penal nacional y mayores controles penitenciarios para frenar llamadas desde prisión.
El marco legal también fortalece la denuncia anónima a través del 089 y crea unidades especializadas; sin embargo, el cuadernillo advierte que la legislación por sí sola no es suficiente. Persisten problemas de coordinación entre fiscalías, limitaciones tecnológicas y nuevas formas de extorsión digital.
El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero plantea que el combate a la extorsión debe ser una política integral que incluya inteligencia financiera, coordinación con empresas de telecomunicaciones, un observatorio independiente y una agenda binacional sobre tráfico de armas.
El documento concluye que la extorsión no solo tiene un impacto económico, sino que erosiona la confianza ciudadana, distorsiona mercados y normaliza la violencia cotidiana, por lo que su contención requiere fortalecer la capacidad del Estado para proteger a la población.
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