Expertos alertan sobre militarización rusa de menores ucranianos; apuntan a posible crimen de lesa humanidad
La investigación, a través del Mecanismo de Moscú, acusa que los menores son obligados a combatir a su propio país
En el marco de la guerra Rusia-Ucrania desde 2022, expertos independientes documentaron un sistema ruso "para borrar la identidad de los niños ucranianos y convertirlos en soldados".
La misión independiente de expertos, designada bajo el Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), documentó que Rusia ha construido "un sistema organizado para borrar la identidad nacional de los niños ucranianos mediante una política de sostenida de adoctrinamiento y militarización".
Además, Asuntos Exteriores de Ucrania hizo una invitación para que México se sume a la Coalición Internacional para el Regreso de los Niños Ucranianos, integrada por 47 países y tres organizaciones internacionales.
El reporte indica que infancias deportadas "por la fuerza a Rusia" han sufrido "violaciones y abusos del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y del derecho penal internacional relacionados con la militarización y el adoctrinamiento de niños ucranianos.
Agrega que desde los seis años, los niños y las niñas son expuestos a "programas obligatorios de propaganda a favor de la guerra dentro del sistema educativo" y, entre los 13 y los 18 años, reciben entrenamiento en manejo de armas, medicina táctica y operación de drones.
El informe también detalla la eliminación de la enseñanza en su lengua materna, así como la persecución contra quienes expresan públicamente su identidad nacional o manifiestan medidas de apoyo a Ucrania.
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Señala que las adolescencias reciben una notificación para cumplir con el servicio militar obligatorio y, al alcanzar la mayoría de edad, "son obligados a incorporarse a las fuerzas armadas rusas para combatir contra el país donde nacieron".
La investigación se llevó a cabo a través del Mecanismo de Moscú, una herramienta de emergencia de la OSCE creada en 1991 para atender crisis graves de derechos humanos, que permite realizar investigaciones independientes incluso cuando el Estado investigado no coopera.
Según los expertos Hervé Ascensio, Elīna Šteinerte y Stefan Wolff, las acciones documentadas podrían constituir un crimen de lesa humanidad en la modalidad de persecución, e identifican la comisión de probables crímenes de guerra.
Las recomendaciones principales del informe son reconocer el retorno de los niños ucranianos, sin intercambios, como un elemento central de cualquier negociación de paz, y garantizar que Rusia rinda cuentas por los crímenes cometidos.
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