Desde hace 10 meses la familia Palmer exige justicia por Renata, una mujer de 32 años que fue asesinada en su domicilio en el Estado de México. El agresor era su amigo y vecino desde hace años. Le quitó la vida con extrema violencia, le causó lesiones y heridas degradantes y aunque fue detenido en flagrancia, un juez elegido por voto popular reclasificó el caso como homicidio.
“El juez decidió cambiar el delito a homicidio, lo vinculó a proceso como un homicidio, según porque sólo existía una relación de vecindad. Hizo caso omiso a mis declaraciones, a las de mi esposo que dijimos que sí había una relación de confianza. Ignoró que la fiscal explicó que las heridas fueron con una saña terrible, con violencia de un hombre hacia una mujer y el juez tomó una decisión sin perspectiva de género, es algo terrible”, explica Renata Mejía.
La madre de la víctima asegura que el juez electo en Tlalnepantla no cuenta con la preparación adecuada ni la sensibilidad para juzgar con perspectiva de género el caso de Renata, a quien le arrebataron la vida frente a su hija de dos años el pasado 5 de octubre. Al escuchar que el delito era considerado como homicidio, la familia se sintió decepcionada.

Entre las causales de género que contempla el artículo 325 del Código Penal Federal para acreditar un feminicidio se encuentran lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, que haya parentesco o confianza entre la víctima y el sujeto.
“Mi hija fue privada de la vida con nueve heridas con un instrumento de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo de una manera violenta con una saña terrible y por esa razón, mi hija ni siquiera pudo gritar ni pedir ayuda, porque las heridas más importantes que le dio fue en el cuello y por eso falleció”, lamentan su madre y Bárbara Palmer, hermana de la víctima.
La primera audiencia se realizó el 9 de octubre y ahí una fiscal solicitó que los hechos se clasificaran como feminicidio; sin embargo, el 11 de octubre, el juez reclasificó el caso. Desde entonces, la lucha de la familia comenzó: acudieron a la Secretaría de la Mujeres mexiquense, con integrantes del Poder Judicial y la Fiscalía Especializada en Feminicidios en Toluca para solicitar ayuda.
Además de pedir asesoramiento legal, amigas y familiares de Renata Palmer han realizado protestas y visibilización del caso con la exigencia central de que los jueces del Estado de México actúen con perspectiva de género.
“También fue para que las autoridades, en especial la gobernadora Delfina (Gómez) supiera que estamos levantando la voz por las mujeres del Estado de México. Exigiendo justicia porque le privaron de la vida a una mujer que era buena, trabajadora, que no se metía con nadie, a una mujer que la agarraron en un estado de vulnerabilidad porque vivía sola con su pequeña hija”, explica.
Tras un largo proceso, Renata Mejía describe que las familias son las que marchan, pagan abogados, dejan de trabajar y se desgastan investigando y asumen responsabilidades de las autoridades. Además, piden un alto a la corrupción en el Poder Judicial y a las malas prácticas que revictimizan y no dejan asumir el duelo de las víctimas indirectas de estos delitos.
“Mi hija era una mujer profesionista, estudió la carrera de Administración de Empresas y ella siempre trabajó en el área de mercadotecnia. Era una mujer muy muy amable, muy linda, muy espiritual, muy querida por toda la gente que la rodeaba y ella era una persona que daba todo por los demás y siempre la vamos a recordar como buena, trabajadora, brillante e inteligente”, describe su familia con cariño.
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